El conflicto entre Indonesia y los nacionalistas de Timor Oriental se intensificó en los últimos meses, y ambas partes cometieron serias violaciones de los derechos humanos, según un nuevo informe de Human Rights Watch.
El informe, titulado "Derechos humanos deteriorados en Timor Oriental", sostiene que el ejército indonesio "ha sido responsable de detenciones arbitrarias, torturas, y al menos una muerte en custodia".
La oficina en Asia de HRW subraya que la tortura por parte de efectivos de inteligencia y la policía local de Indonesia "continúa siendo endémica en Timor Oriental" y que las fuerzas especiales del ejército, o "kopassus", son especialmente notorias por estas prácticas.
El informe relaciona el último brote de violencia a un desarrollo de las fuerzas paramilitares y contrainsurgentes en Timor Oriental, y hace un llamado a Jakarta para que aclare cuántos efectivos están desplegados en el ex territorio portugués.
El informe también acusa a la guerrilla de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Timor Oriental (FALINTIL) de matar a civiles desarmados sospechosos de ser colaboradores e informantes.
A fines de mayo siete personas, incluyendo cuatro niños, murieron en un ataque contra la vivienda de un maestro de escuela sospechoso de trabajar para la inteligencia indonesia, según el informe.
HRW/Asia afirmó que fuerzas de FALINTIL también son responsables de la ejecución en febrero de otro sospechoso de colaboración.
Indonesia invadió Timor Oriental en diciembre de 1975, y anexó el territorio el año siguiente. Grupos de derechos humanos señalan que hasta un tercio de la población de Timor Oriental, de unos 700.000. murió durante el primer año de la ocupación de Jakarta.
Mientras las insurgencia timorense osciló entre fines de los años 70 y los 80, la atención internacional ignoró su lucha hasta noviembre de 1991, cuando tropas indonesias abrieron fuego en un cortejo funeral en Dili, capital del territorio, matando hasta 200 personas.
Los timorenses opuestos a la ocupación de Indonesia recibieron un impulso adicional en 1996, cuando el obispo católico de Dili, Carlos Ximenes Belo, y el líder político independentista exiliado José Ramos-Horta, recibieron el Premio Nobel de la Paz.
A la vez, Portugal intensificó los esfuerzos por llevar a Indonesia a negociaciones sobre el estatuto del territorio mediadas por la Organización de las Naciones Unidas. Lisboa demandó que los habitantes de Timor Oriental puedan ejercer el derecho a elegir su destino.
El pico más reciente de violencia, según HRW, comenzó en mayo, cuando la guerrilla lanzó ataques en todo el territorio, matando al menos a 30 soldados, policías y civiles, y el ejército indonesio lanzó ofensivas en respuesta.
HRW sostiene que en junio y julio de 1997 "cientos de timorenses, hombres y mujeres" fueron detenidos en redadas sistemáticas.
Los detenidos son rutinariamente sometidos a tortura, en particular con choques eléctricos, pero también con una variedad de instrumentos como caños de metal y cables electrificados, sostiene el informe.
Aunque la tortura se realiza en general en estaciones de policía y puestos militares inmediatamente después de los arrestos, Asia Watch sostiene que recibe cada vez más informes sobre sospechosos que son torturados en la selva.
En la selva hay menos peligro de que los grupos de derechos humanos o el Comité Internacional de la Cruz Roja se enteren de la tortura, destaca el informe.
"Al parecer la tortura se convirtió en una fuente de ingresos para oficiales individuales en Timor Oriental, quienes venden al mejor postor fotografías y hasta vídeos de sesiones de interrogación, con un precio mayor a medida que se incluyen más detalles", indica.
El informe exhorta al gobierno de Indonesia a hacer un anuncio formal a ser publicado en el principal diario del territorio y colocado en sitios públicos diciendo que los militares y las fuerzas de seguridad tienen prohibido el uso de la tortura.
También urge a Jakarta a cooperar con grupos locales defensores de los derechos humanos, incluyendo la Comisión de Paz y Justicia, para instalar un mecanismo mediante el cual víctimas de tortura pueden informar sobre violaciones sin miedo de represalias. (FIN/IPS/tra-en/jl/lp/hd-ip/97
