El Banco Mundial financia en India un santuario de vida silvestre que forzaría a 35.000 personas a abandonar sus lugares de residencia, advirtieron activistas de derechos humanos.
El área protegida de Semarsot, ubicada en el estado de Madyya Pradesh, "es otro proyecto conjunto entre el gobierno de India y el Banco Mundial que causará estragos en la población local", dijo a IPS Anuradha Mittal, del Instituto de Políticas de Alimento y Desarrollo (IFDP), de San Francisco.
El santuario abarca 43.000 hectáreas del distrito de Surguja y provocará el desplazamiento de 51 aldeas, según el IFDP. Cerca de 85 por ciento de la población afectada pertenecen a la etnia adivasi.
El Banco Mundial, sin embargo, niega que financie en forma directa la construcción de esa reserva de vida silvestre.
"El desplazamiento obligado de pobladores no sería coherente con el Proyecto de Forestación acordado por el Banco y el estado de Madhya Pradesh", aseguró Ian Hill, administrador del proyecto.
El Proyecto de Forestación, en curso desde hace dos años, está apoyado por un crédito del Banco Mundial por 200 millones de dólares destinado al servicio forestal del estado para "mejorar los incentivos de la administración forestal, la conservación de la biodiversidad y el cultivo de árboles".
Las cláusulas del acuerdo exigen "tomar en cuenta especialmente los intereses de los pueblos tribales y otros grupos marginados".
Pero el IFDP asegura que el gobierno estadual desvía al santuario de Semarsot los fondos del proyecto de forestación destinados a la capacitación de personal y la compra de equipo.
Mientras el debate sobre la financiación continúa, más de 5.000 familias adivasi ya recibieron notificación de desalojo, señaló el IFDP.
"Decenas de miles de personas serán privadas de sus tierras y recursos tradicionales, sin perspectiva de reasentamiento adecuado, si el santuario propuesto es realizado", declaró Mittal.
Según la Ley de Protección de la Vida Silvestre de India, los habitantes afectados por la creación de reservas naturales pueden reclamar compensación, que su tierra sea excluida del proyecto o seguir viviendo en el lugar.
Pero la ley no es repetada en su integridad, según el IFDP. La Corte Suprema de Justicia dictaminó que todas las demandas por derechos referidas a las zonas protegidas deberán resolverse en un año.
"Esa decisión puede ser desastrosa para las comunidades locales y las zonas protegidas", subrayó Mittal. La orden de la Corte Suprema impide el necesario proceso de consultas con participación de la comunidad local, explicó.
El IFDP, que propone paralizar las obras del santuario, exige también, junto a comunidades locales y la organización no gubernamental Kalpavriksha, la administración conjunta de las zonas protegidas, para asegurar tanto el hábitat natural como el medio de vida de la población afectada.
"Los adivasis vivieron en armonía con los bosques y la vida silvestre durante siglos. El problema no son ellos, sino la industrialización y los planes de desarrollo sin participación local", observó Mittal a IPS.
"Grupos económicamente vulnerables de la sociedad india han sido obligados en las últimas décadas a abandonar su asentamiento debido a la implementación de proyectos de desarrollo, como la a construcción de represas, la explotación de minas, la inslación de industrias y la apertura de santuarios de vida silvestre", dijo Mittal.
Detractores del Banco Mundial sostienen que esa agencia mutilateral comenzó a invertir en proyectos de forestación y conservación en Madhya Pradesh para mejorar su imagen ante la opinión pública.
La actuación del Banco Mundial había sido cuestionada por denuncias de violación de derechos humanos y de contaminación ambiental en la construcción de centrales térmicas en la zona de Singrauli, que fueron financiadas por esa agencia.
La población fue notificada en 1986 del proyecto de Semarsot, pero la protesta estallada obligó a postergar 10 años la iniciativa. Una segunda notificación fue emitida en octubre del año pasado y las personas afectadas organizaron un movimiento de resistencia.
En diciembre, 29.000 manifestantes se concentraron en el pueblo de Ambikapur, según IFDP. Luego, representantes de los adivasi se reunieron con autoridades del estado de Madhya Pradesh, pero el diálogo concluyó sin acuerdo.
En junio, luego de una serie de huelgas de hambre y manifestaciones, 12 dirigentes del movimiento fueron atacados y golpeados, supuestamente por miembros del servicio forestal del estado, informó el IFDP.
Las víctimas no recibieron asistencia médica y los delegados adivasi aún reclaman a las autoridades que investiguen el incidente. (FIN/IPS/tra-en/dk/aq-ff/en pr/97
