FRANCIA: Inmigrantes ilegales ante una difícil encrucijada

El gobierno de Francia ofreció a los inmigrantes ilegales una amnistía selectiva que permitirá a quienes califiquen permanecer en el país. Pero los que comparezcan y sean rechazados sufrirán arresto y deportación.

Miles de inmigrantes procedentes del mundo en desarrollo que encontraron trabajo y una nueva vida en Francia, muchos de ellos hace años, están atormentados por la difícil decisión, y 54.000 ya optaron por aferrarse a una cuerda en la oscuridad.

Miles apelaron a las organizaciones no gubernamentales que se han ofrecido para canalizar los trámites. Otros, como Gloria y Felipe, no tienen respuestas claras.

Ambos viven en Francia hace 10 años. Pero el trabajador social al que la pareja consultó no pudo decirles en qué categoría estaban incluidos ni si podrían solicitar el beneficio de la amnistía con cierta seguridad de que permanecerán en el país.

"O sea, ¿no tenemos ninguna esperanza?", preguntó Gloria. "No se desalienten. Denme un poco de tiempo para consultar a los funcionarios y a mis colegas", les dijo el asesor.

Las organizaciones que ayudan a los inmigrantes a llenar los formularios temen que el programa de amnistía selectiva lanzado por el primer ministro Lionel Jospin en junio, poco después de que el Partido Socialista llegó al gobierno, excluya a muchos solicitantes.

Bernadette Hetier, a cargo de la oficina de inmigración del Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos (MRAP), sostuvo que las estrictas condiciones impuestas a algunos grupos descalifican a individuos y familias que, de otro modo, serían elegibles.

A la mayoría de los solicitantes se les exige que prueben los años de residencia y que exhiban documentos oficiales, como declaraciones de impuestos o papeles de pago, que, con pocas excepciones, los inmigrantes ilegales no conservan.

A los solteros o quienes viven solos en Francia (y que, por lo tanto, esperan traer a sus familias) se les exige como mínimo siete años de residencia y que en algún momento de ese período hayan sido residentes legales.

Hetier estimó que que más de la mitad de quienes recurren a su ayuda son solteros o tienen sus familias fuera de Francia.

Los activistas creen que el gobierno estableció condiciones muy estrictas de modo de asegurar que se rechace a la mayor cantidad de indocumentados posible y agregar todos sus nombres en los archivos policiales.

"El gobierno no quiere ir demasiado lejos, pues pretende evitar ataques de la derecha. Es posible que piensen que tienen mucho que perder si implementan políticas liberales. Pero no se dan cuenta de que de todos modos perderán si sus medidas son rechazadas por sus propios votantes", dijo Hetier.

El programa abarca también a los cónyuges de franceses o extranjeros con residencia legal, familias con niños nacidos en Francia, menores, estudiantes, enfermos en tratamiento médico e inmigrantes que escapan de sus países de origen por persecuciones o amenazas de muerte.

A la amnistía seguirá una nueva ley que endurecerá algunas disposiciones y aflojará otras. El diario Liberation, de París, informó que no habrá más amnistías y que quien ingrese de forma ilegal a Francia en adelante no podrá obtener la residencia legal en el futuro.

La nueva ley también prevé la acusación judicial contra los matrimonios celebrados con el único fin presunto de obtener la residencia legal para uno de los cónyuges, así como permite la detención de inmigrantes ilegales hasta 13 días para abrir los procedimientos de expulsión.

El proyecto será presentado al gabinete de Jospin en octubre y ante el parlamento controlado por la izquierda antes de fin de año.

La ministra de Justicia, Elisabeth Guigou, también elabora un proyecto sobre nacionalidad que supondría la restauración del derecho histórico a la ciudadanía de cualquier persona nacida en Francia. Las leyes actuales obligan a los hijos de extranjeros a solicitar la ciudadanía solo cuando llegan a la edad adulta.

Juliana Soriano, una filipina soltera que trabaja hace varios años de sirvienta de un rico empresario francés en París, aún espera que la prefectura policial le confirme si habrá una audiencia por su caso.

Pero no se trata de una audiencia, en realidad, sino de la comunicación de un veredicto ya tomado. Un fallo afirmativo le permitirá continuar viviendo y trabajando en Francia, pero también visitar Filipinas por primera vez en años.

Su madre murió hace poco, y ella no pudo viajar a su país entonces pues temía que no la dejarían volver.

Los prefectos prometieron flexibilidad, pero activistas de derechos humanos aún no cuentan con información para saber si esa promesa se está cumpliendo. (FIN/IPS/tra-en/ao/rj/mj/pr/97