Organizaciones no gubernamentales (ONG) españolas rechazan el proyecto oficial que negocian los 15 estados miembros de la Unión Europea (UE) para reducir al mínimo la entrada de refugiados al área.
En la UE residen unos 10 millones de inmigrantes con su documentación en regla, poco más de cuatro por ciento de la población total del bloque. Cada año se reciben más de 200.000 solicitudes de asilo.
La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, ha propuesto tomar medidas para enfrentar la afluencia masiva de extranjeros, con el argumento de que la región registra en promedio un desempleo de 10,8 por ciento,
Representantes de los ministerios de Interior y Justicia de los 15 países analizarán el 9 y el 10 de octubre en Luxemburgo las medidas propuestas, que han sido negociadas en los últimos meses.
Entre las disposiciones en estudio se considera "organizar a nivel de la UE expulsiones colectivas (de extranjeros) en vuelos charter".
Así mismo, la comisaria europea de Asuntos Judiciales, la socialista sueca Anita Gradin, sugirió que, en caso de llegada masiva de refugiados, los estados de la UE se nieguen a dar trámite a peticiones de asilo por un período de hasta cinco años.
Los representantes de Alemania y Austria propusieron que "se reparta la carga" si llegase a algún país europeo una cantidad masiva de emigrantes. Es decir, proceder a su distribución entre toda la UE. Pero el propósito del proyecto es no permitir esa gran afluencia.
La médica Encarna Cerezo, de la ONG Médicos del Mundo, una de las más activas dentro y fuera de España, calificó el proyecto de los 15 de "aberración".
La mayoría de los países próximos a la UE presentan conflictos internos, con clara violación de los derechos humanos y malas condiciones de vida de sus habitantes, señaló Cerezo.
La UE, integrada por países ricos, debe contribuir de manera efectiva a combatir las causas que provocan las emigraciones masivas del mundo en desarrollo. Y mientras se enfrentan esas causas, es preciso mantener una política de puertas abiertas, agregó.
Varias ONG, entre ellas Médicos del Mundo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) y SOS Racismo, han planteado el caso de 2.000 inmigrantes hacinados en la periferia de las ciudades de Ceuta y Melilla, dos enclaves españoles en la costa norte de Africa.
Esos inmigrantes subsisten en condiciones precarias, la mayoría en viviendas de emergencia o tiendas de campaña, sin documentos de identidad ni permiso para trabajar o trasladarse a la península ibérica.
El abogado Juan María Bandrés, presidente de CEAR y ex diputado socialista, afirma que los inmigrantes muchas veces ni siquiera puedan formular su solicitud de asilo, debido a que no existen en Ceuta y Melilla los instrumentos burocráticos indispensables".
Medio centenar de esos inmigrantes, de nacionalidad argelina, fueron esposados en agosto y entregados a la policía de su país en el puerto español de Alicante. Según la APDH, ese acto supone un atentado contra la integridad de los expulsados, si se toma en cuenta la situación de violencia y caos de Argelia.
En Ceuta y Melilla apenas reciben alimentación y carecen de elementales servicios sanitarios. La APDH de Melilla señaló que 110 argelinos recluidos en un hogar reciben raciones del ejército para 50 personas y tienen sólo dos duchas y dos retretes. "Pero es como si no tuvieran nada, porque no hay agua", advirtió la ONG.
La presidenta de Médicos del Mundo, Pilar Estébanez, responsabilizó de esa situación al gobierno español, presidido por el centroderechista José María Aznar.
"Es una paradoja —dijo Estébanez— que las ONG sean capaces, con el dinero público, de construir letrinas y duchas en Zaire para campos de refugiados de hasta 200.000 personas, y que los asentamientos de Ceuta y Melilla carezcan de esos serevicios". (FIN/IPS/td/ff/pr hd/97
