Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de España repudian la posición de su gobierno, orientada a vaciar de contenido el tratado de prohibición de las minas antipersonales que se está negociando en Oslo.
En la capital de Noruega representantes de 128 países -con la excepción de Rusia y China- están negociando un convenio para prohibir utilizar, producir, transferir o almacenar minas antipersonales "bajo ninguna circunstancia".
En todo el mundo hay sembradas 110 millones de minas, que provocan cada año 26.000 víctimas, entre muertos y mutilados, según fuentes de la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU).
ONG de todas las tendencias, como Aedenat, Greenpeace, Intermón, Médicos Sin Fronteras y Manos Unidas señalan que el gobierno presidido por el centroderechista José María Aznar viola un acuerdo parlamentario de febrero.
En dicho acuerdo, el parlamento español se pronunció en favor de una prohibición total de la fabricación, venta, transferencia y uso de minas antipersonales.
Pero la delegación oficial a la conferencia de Oslo, presidida por el subdirector general de Asuntos Internacionales de Desarme, Carlos Sáenz de Tejada, propuso enmiendas que significan dejar sin sentido, "descafeinar", la prohibición, dijo a IPS Félix García, de Aedenat.
La delegación española propuso moderar en el convenio la prohibición del uso "bajo ninguna circunstancia", agregando la frase "salvo circunstancias excepcionales de seguridad nacional".
Aedenat atribuye la posición del gobierno español a las presiones a que está sometido por los sectores castrenses, preocupados por mantener la soberanía sobre Ceuta y Melilla.
Esas dos ciudades españolas están enclavadas en la costa norte de Africa. Marruecos reclama su descolonización.
Los sectores militares estarían convencidos de que esas minas son un factor importante para la defensa de Ceuta y Melilla si se produjera una invasión, pacífica o militar, desde Marruecos.
"Las minas antipersonales son el medio más inhumano de defender una posición estratégica y que se ha demostrado además ineficaz, tal y como se comprobó en la Guerra del Golfo", sostiene Aedenat.
Además, dice Félix García, "siempre un gobierno que quiera utilizar esas minas podrá esgrimir el argumento de la situación excepcional, sean guerras internas o externas".
En Madrid, fuentes del gobierno español dicen que su representante en Oslo no expuso una posición oficial, aunque tampoco lo desmintieron ni relevaron.
Asimismo, el gobierno difundió una nota de prensa informando sobre los embargos referidos a las exportaciones de armas, sin comentarios.
En la lista figuran Afganistán, Angola (sólo las ventas a la oposición armada de la UNITA), Irak, Liberia, Libia, Ruanda, Somalía, Afganistán, Birmania, China, Nigeria, Sudán, exYugoelavia, Zaire y la Región de los Grandes Lagos (Africa).
La delegación española en Oslo se alineó con Estados Unidos en otros puntos, como considerar al territorio coreano fuera del tratado y reducir de un año a 90 días el plazo para que un Estado se retire legalmente del acuerdo.
Madrid tambiém se opone a introducir en el tratado referencias a la asistencia a las víctimas, la prohibición de minas antivehículos y a permitir excepciones para minas de entrenamiento.
En la semana que comienza el lunes el gobierno deberá responder a una interpelación parlamentaria del opositor Partido Socialista Obrero Español, para que explique cuál es su verdadera posición en Oslo.
Aedenat, sin esperar a esa explicación y según la actitud de la delegación española, califica la posición de su gobierno como "de las más retrógradas y conservadoras de todo el mundo, en una clara cesión a los intereses del estamento militar y la industria asociada".
España es un importante productor y exportador de armamentos.
Cinco empresas fabrican minas (Bressel, EDB, Expal, Faex, UEE), mientras otras producen sistemas de neutralización, componentes explosivos, programas de lanzadores de minas, dispositivos accionadores, siembraminas, espoletas y cebos, dispersadores de minas para arrojarlas desde helicópteros y sistemas de rastreo.
La posición del gobierno español será difícil cuando deba explicarse ante el parlamento, pues la actitud de su delegación contradice una resolución del mismo parlamento y, además, un estado de la opinión pública favorable a la paz y contrario a la fabricación, uso y exportación de minas antipersonales. (FIN/IPS/td/dg/ip/97)
