El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, presentó hoy al Congreso su postergada solcitud de "vía rápida" para negociar un acuerdo de libre comercio con Chile, abriendo las puertas a uno de los debates políticos más aguardados de este año.
La propuesta de Clinton, denominada "Acta de 1997 para la expansión de las exportaciones y de acuerdos comerciales recíprocos", no contempla la demanda de dirigentes demócratas, sindicatos y organizaciones ambientalistas de otorgar prioridad a la protección de derechos laborales y del ambiente.
El proyecto aclara que Washington negociará esos puntos sólo "si tienen directa vinculación con el comercio", una puntualización que parece descartar la sanción al nuevo socio que ignorase derechos básicos de los trabajadores o leyes ambientales.
A cambio, la administración se comprometió a presionar por esos derechos y normas en la Organización Mundial de Comercio, radicada en Ginebra, que supervisa el comercio internacional.
Funcionarios del gobierno agregaron que Estados Unidos también podría negociar "acuerdos colaterales" sobre derechos laborales y normas ambientales con Chile y otros futuros socios comerciales, del mismo modo que lo hizo con Canadá y México, los dos países con los que integra desde 1994 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).
Los opositores al pedido de vía rápida señalan que esos convenios colaterales han sido generalmente inaplicables.
La propuesta de Clinton, presentada tras una semana de intensas gestiones de legisladores demócratas afines a la administración, señala el comienzo formal de uno de los debates políticos más esperados este año.
El proceso legislativo será importante para el gobernante Partido Demócrata, que está dividido en materia de política comercial.
La autoridad de vía rápida, que debe ser concedida por el Congreso, habilita al presidente a negociar acuerdos comerciales que los legisladores no podrán luego modificar, sino sólo aprobar o rechazar en bloque.
Así mismo, el Congreso sólo tendrá un plazo de 60 días, contados desde el momento en que la administración los presente, para pronunciarse sobre esos acuerdos.
El Congreso otorgó de modo rutinario al gobierno la autorización de vía rápida desde principios de los 70, pero el mecanismo se volvió polémico en esta década, cuando George Bush, predecesor de Clinton, lanzó las negociaciones del TLC.
Los críticos advirtieron entonces que un pacto de libre comercio con México costaría a Estados Unidos la destrucción de empleos y el agravamiento de la contaminación del aire y del agua en su frontera sur.
Las advertencias se fundamentaron en la perspectiva de una masiva instalación de empresas estadounidenses en México para sacar partido de una mano de obra barata y de la debilidad de la legislación ambiental mexicana.
Clinton acogió esas preocupaciones en su campaña electoral de 1992, y una vez en la Presidencia, negoció acuerdos secundarios laborales y ambientales con Canadá y México. (FIN/IPS/tra- en/jl/ff/if ip/97
