Organizaciones humanitarias y autoridades de Ecuador diseñaron un plan de emergencia para mejorar las condiciones de vida de la población carcelaria de este país andino, que serán implementadas a partir de octubre.
El primer objetivo del plan de emergencia, según el ministro de Gobierno (interior), César Verduga, consiste en solucionar el hacinamiento carcelario, considerado el más grave problema del sistema penitenciario ecuatoriano.
Las 33 cárceles de Ecuador tienen una capacidad máxima para unos 6.000 presos, y hay más de 9.000.
Sin embargo, con el plan se pretende evitar un inminente estallido social, pues "la situación en los centros de rehabilitación es insostenible", dijo a IPS Hugo Venegas, del Centro de Atención a Víctimas de la Violencia.
En los últimos meses, centenas de reclusos han protagonizado huelgas de hambre, motines y secuestros al personal carcelario, en reclamo de mejores condiciones.
El caso que más llamó la atención de la opinión pública local fue el de cuatro presos colombianos acusados de narcotráfico que se cosieron la boca para exigir su libertad, ya que llevaban cuatro años detenidos sin sentencia.
En esta situación se encuentran 6.369 de los 9.506 presos que hay en Ecuador.
El problema con las personas que se encuentran presas sin sentencia, según Venegas, es que no pueden acceder a la ley de rebaja de penas, vigente desde 1996, que establece una reducción de 50 por ciento a los reclusos con buena conducta.
Según Verduga, con el plan de emergencia se pretende disminuir, 20 por ciento de la población carcelaria en seis meses, mediante la aplicación de una ley que establece que un preso sin sentencia que ya ha permanecido privado de libertad el tiempo por el cual está siendo juzgado, debe salir libre.
"Esta ley está en vigencia pero nunca se ha aplicado sistemáticamente", dijo Jorge Crespo, presidente de la Cofraternidad Carcelaria de Ecuador. "Esto demuestra que el problema es más profundo porque radica en todo el sistema de administración de justicia".
Pero la lentitud con que trabajan los juzgados del país, la excesiva burocracia y la corrupción "pronto volverán a llenar de gente a los centros de rehabilitación", aseguró Crespo.
En el plan de emergencia, enviado al Poder Ejecutivo para su aprobación con carácter urgente, también se contempla la aprobación de una ley de gracia para los presos con enfermedades terminales y los mayores de 65 años, el mejoramiento de la infraestructura y la construcción de más centros penitenciarios.
Otro de los aspectos importantes del plan consiste en el traslado de 1.500 niños y niñas que viven con sus padres en las cárceles a "hogares sustitutos", donde recibirán educación, atención médica, alimentación y vestimenta.
El costo del plan de emergencia asciende a unos 13 millones de dólares que serían cubiertos por el Estado ecuatoriano y el gobierno de España.
En la ejecución del plan participarán, además de entidades estatales, varios grupos no gubernamentales especializados en proyectos penitenciarios, organizaciones humanitarias y agencias internacionales de cooperación. (FIN/IPS/mg/97
