El rechazo de numerosas organizaciones sociales, que critican su politiquería y su lejanía de la gente, está poniendo en tela de juicio el éxito de una Asamblea Nacional convocada con el cometido de reformar la Constitución de Ecuador.
En el agitado panorama político creado tras la destitución del presidente Abdalá Bucaram y la designación provisoria de Fabián Alarcón, la Asamblea Nacional parece tener menor poder de convocatoria que una Asamblea Popular que se realizará el 12 de octubre y que reúne a diversos sectores de la sociedad civil.
De acuerdo al calendario diseñado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el 30 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones para nominar a los 31 miembros de la Asamblea Nacional, los cuales estarán en funciones del 20 de diciembre de este año al 30 de abril de 1998.
Podrán presentar candidatos tanto las organizaciones sociales como los partidos políticos, ya que serán comicios "populares, directos, universales y secretos", según explicó Patricio Vivanco, presidente del TSE.
Sin embargo, la convocatoria de Vivanco no ha tenido eco en las principales organizaciones sociales, que se han concentrado en una asamblea paralela a la oficial "que promete ser mucho más interesante", según Antonio Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Ninguna organización ha presentado hasta el momento su lista de candidatos para la Asamblea Nacional. En cambio, el encuentro popular cuenta ya con sus 208 participantes que provienen de las 21 provincias de Ecuador.
La Conaie, que agrupa a los 10 pueblos autóctonos que habitan en territorio ecuatoriano, fue una de las principales promotoras de la Asamblea Popular, que tiene como objetivo "conocer los diferentes puntos de vista de las organizaciones de base sobre los cambios que necesita el país", dijo Vargas a IPS.
En los primeros días de octubre las poblaciones más alejadas de Quito iniciarán una marcha que recorrerá varias provincias hasta llegar a la capital el 12, cuando se inaugure la Asamblea Popular, que tendrá una duración de tres días.
Según Vargas, la Asamblea Nacional fue un planteamiento de toda la sociedad, "pero ahora está en manos de los políticos tradicionales y la gente ya no quiere eso".
Por tal motivo "hemos convocado a esta asamblea, que coincide con el aniversario de la presencia española en América, donde se retomarán los principales temas y demandas que deben ser considerados a la hora de reformar la Constitución".
La idea de instalar un organismo que formule una nueva Constitución, o reforme la vigente, surgió de diversas organizaciones de la sociedad civil tras la destitución de Bucaram, ocurrida en febrero después de varias protestas masivaas contra su administración.
Sin embargo, la asamblea se consolidó en un referéndum en mayo, donde obtuvo el voto mayoritario de los ecuatorianos, que también ratificaron la destitución de Bucaram y la decisión del parlamento de designar a Fabián Alarcón presidente provisional hasta agosto de 1998.
"Pero entonces la Asamblea Nacional ya era un botín político", consideró Iván Narváez, dirigente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, integrada por unas 300 organizaciones laborales y sociales de todo el país.
La Asamblea Popular en cambio, "será una oportunidad para que la sociedad presente propuestas concretas que presionen a los responsables de modificar la Constitución", indicó.
Entre los temas más importantes a analizar en la Asamblea Popular se encuentra la conducción económica del Estado, sistemas de representación y participación y derechos humanos.
También se analizarán otros "que han sido las banderas de lucha de los movimientos sociales, como la plurinacionalidad para los indígenas y la igualdad de género", puntualizó Vargas.
Por su parte, Lourdes Rodríguez, dirigente de la Coordinadora Política de Mujeres, sostuvo que "no se trata de una guerra entre la Asamblea Popular y la Nacional" sino que "es un espacio permanente de vigilancia que va más allá de la Asamblea de diciembre",
"Un proceso de reforma política, donde realmente interviene la sociedad en su conjunto, no termina en dos días ni en tres meses", afirmó Rodríguez. (FIN/IPS/mg/dam-jc/ip/97
