Los trabajadores estatales del seguro social de Ecuador y de la Unión Nacional de Educadores (UNE), anunciaron hoy la radicalización de las huelgas que iniciaron la semana pasada, como una respuesta a la amenaza del gobierno de endurecer la represión del conflicto.
"Nuestras exigencias son justas y no nos intimidarán las advertencias del gobierno", dijo Carlos Medina, dirigente de la UNE, la mayor agrupación magisterial de este país andino.
Este lunes, el presidente interino de Ecuador, Fabián Alarcón, dijo que el gobierno "no permitirá la anarquía ni la indisciplina" de los trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y de la UNE, que se mantienen en un paro total de actividades desde el pasado lunes 8.
Según Alarcón, los ministros de Estado tendrán todo el apoyo del gobierno si deciden aplicar sanciones a los trabajadores y dirigentes disconformes.
El gobierno carece de los recursos necesarios para atender las demandas de estas dos grandes agrupaciones (que ascienden a unos 1.200 millones de dólares en total), "pero estamos dispuestos a dialogar", aseguró el primer mandatario de este país andino.
Tras las declaraciones de Alarcón, la dirigencia de la UNE, que agrupa a unos 120.000 docentes, anunció la adopción de medidas de presión como el cierre total de las principales carreteras, pues "el gobierno está llevando a cabo una política de 'palo' hacia el magisterio nacional", apuntó Medina.
La huelga de los educadores inició como una respuesta a la decisión de Alarcón de vetar un aumento salarial al magisterio que a inicios de este mes aprobó el Congreso.
La objeción del Ejecutivo a la resolución del parlamento se debió "a que no existen fondos para cubrir la elevación de salarios", aseguró el ministro de Educación, Mario Jaramillo, quien arguyó que el Congreso tomó una decisión "irresponsable" al aprobar el aumento "que no tiene ningún sustento real".
Por otra parte, los trabajadores del IESS anunciaron que la huelga se extenderá indefinidamente a las 21 provincias del país, lo que afectaría a un millón de usuarios.
Los trabajadores del IESS exigen el pago de una deuda millonaria del Estado, que asciende a más de 775 millones de dólares, que servirían para "modernizar nuestros hospitales y elevar salarios", según Fausto Dután, líder sindical del Seguro Social.
Esta deuda se ha acumulado desde 1994, y proviene del compromiso legal que el Estado tiene con el IESS de asumir 40 por ciento de las pensiones a los jubilados y, en menor parte, de las cuotas de sus empleados.
El monto de la deuda supera el presupuesto anual del IESS, que es de unos 500 millones de dólares.
Estas dos huelgas representan el segundo momento de conflictividad laboral que enfrenta el gobierno de Fabián Alarcón, que asumió sus funciones en febrero tras la destitución de Abdalá Bucaram.
El primero fue protagonizado por los médicos y trabajadores hospitalarios de las instituciones del Estado y se prolongó por dos meses.
En esa ocasión el gobierno ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas para brindar atención médica a la población, ya que se habían reportado cinco muertes por la suspensión total de los servicios.
"Somos los usuarios de los servicios los más afectados por los paros, y nunca se nos ha pedido nuestra opinión que creo muy importante, porque puede servir de algo para llegar a una solución", dijo por su parte Javier Guerrero, un afiliado al IESS.
Javier Guerrero formó junto a otros beneficiarios del seguro social una agrupación civil "para manifestar nuestra opinión y hacer que sea respetada", ya que "las huelgas son asuntos que nos incumben directamente".
La nueva agrupación, que ha logrado reunir a unas 1.500 personas, "realizará marchas de protesta contra las huelgas, porque estamos hartos de no ser tomados en cuenta en este país", concluyó Guerrero. (FIN/IPS/mg/jc/lb-ed-ip/97
