El gobierno de Panamá dispuso el cambio de la custodia civil por la fuerza pública en las cárceles para combatir el tráfico de drogas y otras irregularidades y pidió apoyo a la población para luchar contra la corrupción en el país.
El presidente Ernesto Pérez Balladares, en uno de sus habituales mensajes de radio, informó que las modificaciones en los centros de reclusión es debido a que se sospecha de los actuales encargados en esa función.
Aunque no los acusó directamente, afirmó que a las cárceles entra gran cantidad de drogas y los reclusos se evaden con suma facilidad, incluso de los establecimientos de máxima seguridad. Los presos han denunciado también otra cantidad de irregularidades.
Tres mil detenidos en las cárceles La Joya y La Joyita se amotinaron días atrás para demandar un mejor trato de los custodios y denunciar deficiencias en la alimentación y la atención médica.
El procurador general, Aristides Romero, por su parte, también solicitó la colaboración de los medios de comunicación para enfrentar este flagelo que calificó como "un impuesto descarado a la pobreza".
El funcionario, habitualmente parco y poco comunicativo, hizo dicha petición luego que una encuesta de la compañia Dichter y Neira reveló que 74,8 por ciento de la población consideró que existe corrupción en el gobierno.
Contradictoriamente, 60,9 por ciento de los encuestados se mostró conforme con la actuación del presidente Péres Balladares, quien en otra encuesta realizada por esa misma compañía en junio pasado sólo alcanzó 50,33 por ciento de aceptación.
"Yo creo que no es un secreto para nadie que la corrupción es un mal de toda la sociedad", subrayó Romero, tras lo cual advirtió que "lo importante es cómo la enfrentamos y qué hacemos para combatirla".
El contralor de las finanzas públicas recordó que desde que se instaló una línea telefónica especial para que la población denuncie los actos de corrupción no se ha adelantado gran cosa, porque lo único que se han denunciado "son bochinches (líos) de familia".
Sin embargo, reiteró su pedido al público y a los medios de comunicación para que lo ayuden "a agarrar a un pez bien gordo y freirlo de verdad".
Las estadísticas oficiales señalan que los delitos se han incrementado en más de 300 por ciento entre 1990 y 1996.
En los tres años de gobierno de Pérez Balladares han sido detenidos y acusados por actos de corrupción un diputado del gobernante Partido Revolucionario Democrático, un gobernandor provincial y un alcalde, entre otros funcionarios. (FIN/IPS/sh/jc/ip/97
