Jorge Cruz, uno de los 115 enfermos sobreirradiados con cobalto en 1996 en uno de los principales hospitales de Costa Rica, murió a los 54 años. Diez meses después los familiares de los afectados aún no han recibo respuesta ni ayuda.
Cruz experimentó un doble error médico. Antes de ser sobreexpuesto al cobalto fue operado y le dejaron dentro un paño quirúrgico que le causó una seria infección en el intestino. Murió por el segundo error, pero podría haber muerto por el primero.
Los responsables de su caso y de los demás pacientes no han sido sancionados ni se han pagado las indemnizaciones a los familiares.
El tema conmocionó al pais centroamericano por las consecuencias severas que tuvo en niños y adultos que fueron sometidos al tratamiento sin saber que algunos expertos habían advertido acerca de fallas en el servicio de radioterapia del hospital.
Según los especialistas, este hecho, así como muchos otros de mala praxis experimentados en los últimos años, han puesto en jaque a las autoridades en cuanto a la calidad de los servicios de salud y ha evidenciado la carencia de instancias que protejan a los ciudadanos ante este tipo de situaciones.
Luis Fernando Astorga, de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca), dijo que en Costa Rica no existe una organización para combatir los abusos que se cometen en la venta de bienes y servicios.
"Los asegurados también son consumidores, la salud pública es un servicio pagado solidariamente, el Estado debe velar porque se den servicios de calidad", afirmó.
Los servicios del Estado se han visto deteriorados en Costa Rica y el país vive una situación crítica debido al debilitamiento de importantes programas sociales y la mala distribución de la riqueza.
Astorga también hizo énfasis en que las organizaciones de protección al consumidor de bienes y servicios, creadas hasta el momento, han respondido a fines político-partidistas.
En 1995 entró en vigor la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Activa de los Derechos del Consumidor. Según Ivania Mata, funcionaria del Ministerio de Economía, este marco legal tiene el propósito de favorecer la creación de organismos que protejan a los consumidores.
Sin embargo, la Comisión Nacional del Consumidor, creada al amparo de esta ley, no prevé quejas por prestación de servicios como salud o educación. Estas organizaciones defienden al ciudadano de los abusos cometidos por el sector privado, pero no de los estatales.
En ese plano, la acción se encomienda a la Defensoría de los Habitantes, una institución sin poder real.
"No sólo en la salud se dan atropellos, sino en la venta de electrodomésticos, de alimentos, de medicamentos", dijo Astorga, quien indicó que Costa Rica es el país centroamericano donde los medicamentos son más caros.
Mata opinó que el pais debe avanzar propiciando un cambio de cultura en la ciudadanía para que comience a denunciar los abusos.
"Bajo el modelo de Estado paternalista, los esquemas de protección al consumidor se daban por la vía de los precios, en cambio con la apertura económica y la globalización, los mecanismos de defensa deben considerar otras posibilidades", señaló.
Una de las funciones principales del Ministerio de Economía es la educación de los ciudadanos para que se organicen y defiendan sus derechos, añadió la funcionaria.
No obstante, Astorga expresó su preocupación porque este tipo de organizaciones no denuncian ni defienden casos como el de los sobreirradiados.
Por eso, manifestó que Codehuca, tomó la iniciativa de crear una organización que ampare el estudio de todos esos casos, en forma integral.
El caso de los 115 sobreirradiados es el tercer accidente radiológico hospitalario a nivel mundial, manifestó Lilliana Arrieta, de la Defensoría de los Habitantes, que ha estado trabajando en el caso y que apenas empieza a obtener respuestas.
"El manejo lento y los obstáculos del sistema hacen pensar que este tipo de accidentes pueden repetirse", advirtió Arrieta. (FIN/IPS/yo/ag/hd-he/97
