Defensores de los derechos humanos, periodistas y académicos se han convertido en los últimos tres meses en Colombia en el centro de los ataques de los grupos paramilitares, que los señalan como aliados de las fuerzas de izquierda.
La escalada comenzó el 19 de mayo, con el asesinato de Mario Calderón y Elsa Alvarado, del no gubernamental Centro de Investigaciones y Cultura Popular (CINEP), y se intensificó ante la proximidad de las elecciones locales del 26 de octubre, según denuncias de organizaciones de defensa de los derechos humanos.
El matrimonio Calderón-Alvarado fue asesinado en su departamento por un grupo de hombres que portaban pasamontañas.
Tras el asesinato de Calderón y Alvarado, una treintena de organizaciones no gubernamentales (ONG) presentaron al gobierno un documento para la protección de sus vidas y derechos, pero hasta el momento no han obtenido respuesta.
Las amenazas conocidas esta semana están dirigidas contra el sociólogo Alfredo Molano, asesor de paz del gobierno de Ernesto Samper, Francisco de Roux, ex director de CINEP, Alejandro Reyes, investigador de la Universidad Nacional, y Alvaro Leyva, de la Comisión de Conciliación Nacional (CCN).
La CCN, creada por iniciativa de un sector de la Iglesia Católica, está integrada por representantes de ONG y personalidades que buscan una solución política para el conflicto armado que vive Colombia.
Molano, experto en el tema de la violencia, dijo a IPS que las amenazas se inscriben dentro de una estrategia que busca intimidar y acallar las denuncias de una guerra en la cual la principal víctima es la población civil y que ha dejado más de un millón de desplazados en los últimos cinco años.
También condenó los anuncios de sabotaje lanzados por las organizaciones guerrilleras y los paramilitares contra las elecciones del 26 de octubre, para gobernadores, alcaldes, concejales y diputados.
Los grupos guerrilleros ha impedido a los políticos de los partidos tradicionales realizar campaña electoral en las localidades que controlan.
El director de CINEP, el sacerdote jesuita Gabriel Izquierdo, dijo que las amenazas contra personalidades es una nueva fase del problema de los desplazamientos forzosos que se han agudizado en los últimos dos años y hasta ahora había afectado sobre todo al sector más pobre de la población colombiana.
"No hay una persona que trabaje en defensa de los derechos humanos en cualquier región del país que no haya sido amenazada", comentó Izquierdo, quien indicó que más de 70 personas vinculadas a las actividades de CINEP han tenido que abandonar el país.
Aunque no hay cifras oficiales sobre el número de personas que han tenido que salir de Colombia como consecuencia de las amenazas, se conoció que mediante un programa confidencial a cargo de la Cruz Roja han sido sacadas de Colombia 150 personas amenazadas en este año.
En el documento presentado por las ONG se le pidió al gobierno que manifieste expresamente su voluntad política para enfrentar el fenómeno del paramilitarismo.
Izquierdo consideró prioritario este punto, pues mientras los paramilitares consideren como aliados de la guerrilla a los defensores de los derechos humanos, éstos seguirán siendo blanco de los ataques y amenazas.
Además, las ONG pidieron al gobierno que se aclaren informes de inteligencia militar en los que también se les señala como aliados de las fuerzas de izquierda y señale "muy claramente a personajes del mundo militar que están seriamente involucrados" en casos de violaciones de los derechos humanos. (FIN/IPS/yf/ag/ip-hd/97
