La incertidumbre generada en Cuba por una ola de atentados en los últimos meses no desapareció con la detención de un ciudadano salvadoreño que confesó haber colocado varios artefactos explosivos en centros turísticos de la isla.
La presentación la semana pasada por los órganos de seguridad del Estado del caso del salvadoreño Raúl Ernesto Cruz León provocó de inmediato una sensación de alivio entre los habitantes del país, no acostumbrados a ese tipo de violencia.
Sin embargo, a la primera reacción siguió la impresión de que el arresto de Cruz León no es el fin de la historia de las bombas y que el comunicado del Ministerio del Interior dejó varios cabos sueltos y no pocos asuntos sin aclarar.
Cruz León, que se autocalifó de "aventurero temerario", dijo haber sido el autor de los atentados del 12 de julio contra los hoteles Capri y Nacional y del 4 de este mes en el restaurante La Bodeguita del Medio y en los hoteles Copacabana, Chateau Miramar y Tritón.
La explosión en el hotel Copacabana provocó la muerte de un empresario italiano de 32 años. Esa misma noche, un grupo de turistas describieron detalladamente al salvadoreño ante las fuerzas de seguridad por haber "olvidado" un paquete en La Bodeguita del Medio.
Pero la detención del centroamericano que, según la versión oficial, ganaría 4.500 dólares por cada artefacto que hiciera estallar, no aclaró la explosión ocurrida el 4 de agosto en el vestíbulo del hotel Meliá Cohiba.
Tampoco arrojó luz sobre otros incidentes no confirmados oficialmente en ese mismo hotel y en el hotel Sol Palmeras de Varadero, a 140 kilómetros de La Habana, dos empresas conjuntas de Cuba con la cadena hotelera española Sol Meliá.
Las fuerzas de seguridad mantuvieron silencio también sobre las amenazas telefónicas a hospitales y escuelas primarias que se han sucedido en los últimos meses. Una de esas amenazas fue denunciada después de la detención de Cruz León.
Versiones de prensa en Lisboa aseguraron que un ciudadano portugués fue detenido tras la explosión del Sol Palmeras. Mientras, fuentes diplomáticas afirman en La Habana que al menos otras dos personas han sido detenidas.
La hipótesis de que Cruz León actuara totalmente solo parece poco creíble, aunque los analistas locales descartan la posibilidad de apoyo de parte de los pequeños grupos de oposición interna que actúan en la ilegalidad.
Por el momento, las autoridades sólo hacen referencia al caso del salvadoreño, aunque el Ministerio del Interior y la cancillería reconocieron que las investigaciones aún están en curso y hay elementos no revelados "por razones operativas".
Las medidas de seguridad se mantienen en las instalaciones turísticas de La Habana, donde puede observarse un aumento del personal de custodia con la clara intención de hacer notar su presencia.
En algunos hoteles, los guardias exigem la identificación a cada visitante y asientan los principales datos en un libro. En otros lugares públicos, revisan los bolsos o piden a las personas que dejen sus pertenencias en casillas especialmente preparadas a la entrada.
La aduana también redobló sus medidas de seguridad tras un período de flexibilización impuesto por la política de desarrollo intensivo del turismo, que atrajo a Cuba a más de un millón de viajeros el pasado año.
Una funcionaria de un organismo central del Estado que regresó de Chile la última semana señaló a IPS que el equipaje de casi la totalidad de las personas que viajaron en su vuelo fue minuciosamente requisado en el aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana.
Las autoridades están en condiciones de fortalecer las medidas de seguridad, pero intentan evitar frenos al desarrollo del turismo, que desde el pasado año se afianzó como la principal fuente de ingresos para la economía nacional.
Para garantizar el auge de la industria turística, el gobierno se vio obligado a abrir terminales aéreas por varias provincias de la isla, además de la capital, y pasar a un sistema de chequeo aleatorio de los pasajeros.
Miles de cubanos exiliados llegan también cada año al país a visitar a sus familiares, pero por lo general sólo reciben visa de entrada aquellos que no tienen antecedentes de actividades contra el gobierno de Fidel Castro.
El gobierno asegura que la amenaza a la industria turística procede de Estados Unidos y que las investigaciones revelaron una operación preparada en ese país por la Fundación Nacional Cubano- Americana (FNCA), la organización más poderosa del exilio cubano.
La utilización de ciudadanos de otros países parece ser lo más adecuado u menos sopechoso para los organizadores de este tipo de actividades. Según las autoridades, más de 30 planes terroristas fueron detectados desde abril de 1994.
Pero observadores locales estiman que la conexión entre el ciudadano salvadoreño detenido y la FNCA no quedó del todo clara en la información dada a la población por el Ministerio del Interior.
Un diplomático estadounidense dijo el día 9 en La Habana que el gobierno de Estados Unidos había enviado cuatro notas a las autoridades cubanas solicitando evidencias sobre el origen de las explosiones y no recibió respuesta.
Washington "parece estar abierto a la idea de que las explosiones pudieran haberse originado en Miami, pero está pidiendo algo más concreto para trabajar en firme", comentó el diplomático.
Observadores locales estiman que Cuba, tras una primera información impuesta por la gravedad de los hechos, esperará tener pruebas suficientes para presentar el caso lo más íntegramente posible y formular su acusación. (FIN/IPS/da/ff/ip/97