La propuesta de paz que el presidente de Colombia, Ernesto Samper, presentó a la guerrilla tiende a diluirse en razón de la cercanía de las elecciones y porque los insurgentes no están interesados en una negociación inmediata.
Alejandro Reyes, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional (Iepri), Gabriel Izquierdo, director del Centro de Investigaciones y Cultura Popular (Cinep), y Alfredo Molano, asesor de paz de Samper, coincidieron en señalar que "el momento político no está ayudando a una apertura del diálogo".
Samper anunció a la guerrilla el día 9 de septiembre su disposición de crear las condiciones necesarias para un primer encuentro de alto nivel en una zona desmilitarizada o en el exterior, con garantías de seguridad para los insurgentes y la aceptación de una comisión internacional de verificación.
En este primer encuentro se definiría un acuerdo marco con una agenda de compromisos de las partes para el desarrollo de la negociación.
El mandatario hizo el anuncio acogiendo un informe de los comisionados José Noé Ríos y Daniel García Peña, para los cuales el conflicto sólo puede superarse mediante una negociación política.
En opinión de Reyes, el propio gobierno no está interesado en concretar la propuesta por "el momento político electoral" en que se encuentra el país, "donde las fuerzas políticas solamente están atentas al número de votos que van a obtener".
El 26 de octubre los colombianos elegirán alcaldes, gobernadores, diputados y concejales. La guerrilla y grupos paramilitares de derecha han anunciado que sabotearán la jornada electoral.
En marzo y mayo de 1988 se realizarán los comicios presidenciales.
Para Reyes, no comprometerse con el proceso de paz "es bastante criminal en un momento de escalamiento y de aceleración de la guerra como el que se está viviendo".
El diagnóstico de García-Peña y Ríos "va a quedar como una buena constancia histórica de cuál es el camino correcto, las condiciones, los requisitos y la disponibilidad" de las partes para acercarse a una negociación de paz, destaca el investigador del Iepri.
"Si yo estuviera del otro lado (la guerrilla) diría que este es un bandazo más que tiene un interés electoral importante", afirmó a su vez Izquierdo.
Antes que lanzar una nueva propuesta el gobierno debió analizar "algo que ya no tiene ningún tipo de solución y ha sido su política de bandazos frente a la paz", declaró a IPS ceste sacerdote jesuita.
La sociedad civil debería hacer lo posible por buscar mecanismos para ir avanzando en el análisis de problemas claves en la búsqueda de la paz, destacó.
La negociación deberá apuntar a definir un proyecto nacional que aborde los problemas socioeconómicos y regionales, agregó Izquierdo.
Para Molano, las amenazas de los grupos armados irregulares para las elecciones del 26 de octubre y la violencia política que se ha ido acumulando el último año "quitan posibilidades a la negociación de paz".
Según informes periodísticos, más de 900 candidatos a alcaldes, gobernadores, diputados y concejales han renunciado a sus aspiraciones por amenazas de la guerrilla o los paramilitares que se disputan el control político de las localidades.
Molano, amenazado recientemente por grupos paramilitares, considera que mientras el Estado combata abiertamente a ñlas bandas de ultraderecha la guerrilla no va a aceptar un diálogo.
Alfredo Rangel, quien también fue asesor de paz de Samper, indicó que el gobierno "se está jugando sus restos pero no deja de ser patético observar que su apuesta tiene muy poca viabilidad", pues el adversario parece no estar dispuesto a jugar "con un gobierno en declive".
El Ejecutivo disimula mal su tardía prisa de llegar a algún acuerdo con la guerrilla, mientras "ésta abiertamente se cuida de no hacer algo que pueda beneficiar al gobierno".
Para el experto, la guerrilla está centrando su apuesta política y militar en el sabotaje de las próximas elecciones y es "absolutamente descartable" que vaya a detener su ofensiva sólo para iniciar un diálogo improbable "con un gobierno que está de salida".
Otros analistas consideran que la guerrilla va aseguir inponiendo al gobierno condiciones para el diálogo imposibles de cumplir.
Oficialmente la insurgencia no ha respondido al llamado de Samper, pero Marco Calarcá, portavoz internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, grupo guerrillero mayoritario), afirmó que su organización elevó una propuesta de paz a la que el Ejecutivo no ha dado respuesta.
En junio el jefe de las FARC, Manuel Marulanda, envió al Ejecutivo una carta en la que identificaba como condiciones para iniciar el diálogo de paz el desmantelamiento de los grupos paramilitares y la revisión de la política de seguridad del Estado y de las leyes que penalizan la protesta social. (FIN/IPS/yf/dg/ip/97
