La diputada Isabel Allende, hija del ex presidente de Chile Salvador Allende, acusó hoy al general Augusto Pinochet por la muerte de su padre.
La declaración de Isabel Allende se produce dos días después de que el Parlamento Europeo (PE) aprobó una resolución considerando imprescriptibles los crímenes contra la humanidad y las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos.
El PE, además, se solidarizó con las víctimas y animó "a proseguir con su labor en este caso" al juez García Castellón, quien recibió la declaración de Isabel Allende, que se suma a otros dos centenares ya recibidas, de otros testigos, víctimas y familiares de víctimas de la dictadura militar chilena (1973-90).
García Castellón abrió el sumario, a mediados de 1996, cuando aceptó de la Unión de Fiscales Progresistas de España una demanda por la desaparición de españoles en Chile, después del golpe de Estado perpetrado el 11 de septiembre de 1973 y que instauró una dictadura presidida por el general Pinochet.
"Estuve en La Moneda (sede del gobierno chileno) el 11 de septiembre de 1973 y me parecía fundamental prestar mi testimonio de lo que vi aquel día, sobre el estado de ánimo destructor, de liquidar a mi padre, de que no podía salir vivo", dijo este viernes Isabel Allende después de comparecer ante el juez.
"Sentía una obligación moral de declarar, porque mi testimonio puede ayudar a este proceso, que es importante para que la justicia y la verdad se abran paso y para conocimiento de las nuevas generacione", añadió.
La diputada socialista se lamentó de que el juicio no se celebre en su país, donde se dictó una ley de amnistía que impide juzgar los crímenes de la dictadura.
"Me duele que tengamos que realizar ésto fuera de mi país. Honestamente hubiera preferido que en Chile se hubiera podido hacer una investigación. Pero en mi país vivimos un proceso de transición y las transiciones tienen a veces sus costos y sus concesiones", explicó.
"Pinochet decía siempre que en Chile no se movía una hoja sin que él lo supiese. Por eso, a mi juicio, hay en él una responsabilidad muy alta sobre lo que ocurrió, ya sea por acción u omisión", destacó.
Durante su comparencia y por pedido de los abogados de la acusación, dio detalles del asalto a La Moneda, recordó las palabras de su padre cuando dijo por radio que no renunciaría ni se exiliaría y contó un diálogo entre Pinochet y otro general el mismo día del golpe.
Ese diálogo por la radio interna de las Fuerzas Armadas fue grabado y reproducido después del golpe.
En él, Pinochet afirma que se debe mantener el ofrecimiento (a Allende) de que renuncie y sacarlo del país… "y el avión se cae, viejo, cuando vaya volando…".
Isabel Allende dijo también que la transición a la democracia que se está viviendo en Chile "puede llevar a una democracia plena, que hoy no existe, así como tampoco existe una plena soberanía del poder civil".
Además, subrayó que "en Chile el pueblo sabe que se está realizando este proceso en España, quiere que prosiga y que se conozca toda la verdad".
Por otro lado, el Parlamento Europeo encomendó a su presidente, el español José María Gil-Robles, que transmita su resoluciónde apoyar el juicio a los órganos de la Unión Europea, a los gobiernos de los estados miembros y al Parlamento, el Senado y el gobierno chilenos.
Al fundamentar su resolución, el PE recuerda que la policía secreta de Pinochet fue declarada organización criminal por la Corte Suprema de Chile.
Asimismo, "toma nota" de que Pinochet sigue siendo el comandante en jefe del Ejército chileno, "según ley que él mismo dictó", así como que "periódicamente ejerce provocaciones contra las instituciones democráticas civiles".
La resolución afirma que "los crímenes sistemáticos y planificados contra la humanidad y las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, así como las actuaciones de las organizaciones criminales similares a la DINA (policía secreta de Pinochet) nunca prescriben".
Esos delitos "no pueden ser objeto de una amnistía, estando obligados los Estados a juzgar a los criminales en todo tiempo y lugar".
El Parlamento Europeo valora positivamente la ayuda que las autoridades políticas y judiciales de los Estados Unidos están prestando al juez García Castellón.
El día 22, prestará declaración ante el mismo juez el diplomático estadounidense Manuel Carretón, quien en 1990 elaboró un informe sobre los desaparecidos en Chile. (FIN/IPS/td/dg/ip-hd/97)
