Brasil intenta extremar el rigor de su Código Nacional de Tránsito para reducir la mortandad en calles y carreteras, que tiende a aumentar debido a la presencia de más automóviles, que son cada día más rápidos.
La Cámara de Diputados votará esta semana la nueva ley, que se discute desde hace cuatro años y reemplazará el código anterior, considerado obsoleto después de 31 años de vigencia.
La iniciativa tiene por fin abatir las trágicas cifras que estimulan a la prensa local a comparar el tráfico en el país con con la guerra de Vietnam. Unos 750.000 accidentes de tránsito causaron el último año la muerte de 36.500 brasileños, según información oficial.
Eso representa dos muertes por cada 1.000 vehículos en circulación, una proporción que supera largamente el índice de países del Norte industrial. Los heridos fueron 323.000, de los cuales 60 por ciento quedaron con secuelas irreversibles.
Las pérdidas económicas superan los 4.000 millones de dólares al año, por daños materiales, tratamiento médico y ausencia en el trabajo, según Antonio Carlos Pereira, diretor del tránsito en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais.
El temor es que la masacre cotidiana se agrave. La producción de vehículos en Brasil será este año de 2,05 millones de unidades, el doble de hace cuatro años. La publicidad indica que la industria ha incorporado a los automóviles las tecnologías más avanzadas, aumentando la velocidad potencial.
Así mismo, el país, que hasta 1990 prohibía la importación de vehículos, pasó a comprar en el exterior unos 300.000 al año.
El resultado, además del recrudecimiento de los accidentes fatales en las carreteras, es el mayor congestionamiento del tránsito en las grandes ciudades.
En Sao Paulo se aplica en el invierno en curso un sistema rotativo, que prohibe la circulación de un quinto de los automóviles, según el número de matrícula. La medida buscaba reducir la contaminación del aire, pero la población destacó otro efecto: el mejoramiento del tráfico en las calles.
El nuevo Código de Tránsito eleva las multas por infracciones, especialmente en los casos más graves. Conducir en estado de ebriedad puede dar lugar a una multa de 750 dólares, y el proyecto reduce el índice de alcohol en la sangre necesario para definir la incapacidad de conducir.
El conductor culpable de accidentes de tránsito con heridos o muertos podrá ser condenado a la cárcel por seis meses a seis años. También será obligado a pagar una pensión a la víctima incapacitada o muerta o a la familia de ésta.
En cambio, la velocidad máxima en las carreteras, que actualmente es de 80 kilómetros por hora, se aumenta a 110 kilómetros. Eso se justifica por la mayor potencia y seguridad de los automóviles actuales y porque, en realidad, pocos respetan el límite fijado.
La nueva legislación será eficaz, confía el diputado Ary Kara, relator del proyecto, porque tiene un carácter "educativo, además de punitivo". Establece la enseñanza de seguridad en el tránsito en las escuelas de todos los niveles y modifica el mecanismo de habilitación, explicó el parlamentario.
Los nuevos conductores, recibirán, como es habitual en Europa, una habilitación provisional de un año, y sólo lograrán el permiso definitivo si no cometen ninguna infracción grave en ese período. Actualmente, el aspirante que supera las pruebas teórica y práctica obtiene el permiso de conducir sin restricciones.
El problema es el incumplimiento de las reglas, una característica tradicional de los conductores brasileños. Las estadísticas evidencian que 90 por ciento de los accidentes se deben a fallos humanas, como la imprudencia, el exceso de velocidad o la ebriedad.
El volumen del nuevo código no contribuye a la obediencia. Se trata de 338 artículos y más de 1.000 disposiciones que "dificultan la comprensión y el cumplimiento", reconoció el diputado Inocencio de Oliveira, líder del cogobernante Partido del Frente Liberal. Se trata de un cuerpo legal "excesivamente detallista", agregó Oliveira.
El nuevo código ya fue votado por el Senado y esta semana fue aprobado en general en la Cámara de Diputados. Pero hay 70 propuestas de enmiendas puntuales, que deben ser consideradas por los diputados antes de la aprobación final.
El presidente Fernando Henrique Cardoso pretende promulgar el código el 7 de septiembre, fecha en que coinciden la conmemoración de la independencia nacional y el día de los derechos humanos. (FIN/IPS/mo/ff/ip/97
