Los empresarios que aplaudieron la tesis del desarrollo sustentable, empiezan ahora a protestar en Brasil contra la aplicación de normas que pasan a representarles costos y riesgos penales.
Las mayores organizaciones empresariales se movilizaron para modificar un proyecto de ley en proceso final de votación en el Congreso Nacional. En el estado de Sao Paulo, industriales y agricultores amenazan con levantarse contra el cobro de una tarifa por el agua consumida.
El proyecto de ley, en trámite parlamentario desde 1991, fue aprobado en la Cámara de Diputados hace dos años. El Senado también lo aprobó en julio pasado, pero con muchas enmiendas, lo que exige nueva votación por los diputados.
El endurecimiento de los castigos contra responsables de contaminación provocó la reacción empresarial. Las confederaciones nacionales de industria, agricultura y transportes concluyeron una evaluación conjunta, apuntando 10 puntos a ser vetados y 68 propuestas de modificación.
El nuevo código busca poner en práctica la Constitución Nacional vigente desde 1988, cuyo capítulo ambiental es celebrado como uno de los más avanzados del mundo. "Solo consolida la legislación ya existente y establece castigos", alegó en su defensa el diputado Luciano Pizzatto, relator del proyecto.
Pero las penas propuestas asustaron a los empresarios. Las multas pueden llegar a millones de dólares y serán diarias, un delito puede costar hasta 10 años en la cárcel al responsable, especialmente si el daño provocado es irreversible, como la muerte de personas o deterioro irrecuperable del medio ambiente.
La situación es aún más grave para los directores o propietarios, que deberán pagar por cualquier contaminación producida por su empresa y podrían ser condenados a repararla, antes de que se confirme jurídicamente su culpa.
La introducción en el país de basura tóxica, armas químicas, nucleares o biológicas es el delito más duramente reprimido, con hasta 10 años de prisión y multa de hasta cuatro veces el valor del producto.
La Confederación Nacional de la Industria se consideró en el derecho de rebelarse contra "excesos" legales que afecten el crecimiento económico y la competitividad del sector, en audiencia pública promovida por la Comisión ambiental de la Cámara de Diputados a principios de septiembre.
La concesión de legitimidad a las organizaciones ambientales con más de un año de existencia para proponer acciones penales públicas es la más grave novedad del proyecto que los industriales rechazan, dijo Shelley Souza Carneiro, en representación de la Presidencia de la Confederación.
Algunas disposiciones son inconstitucionales, como exigir reparación o indemnizaciones antes de comprobarse la culpa, alegan los empresarios. La definición de delitos y penas es tan amplia que condenaría al propietario de cualquier automóvil, añaden.
Los empresarios obtuvieron un inesperado apoyo de un bloque de parlamentarios evangélicos. Es que la ley establece también severos castigos contra el exceso de ruidos y los religiosos se sintieron amenazados, ya que las celebraciones de sus iglesias suelen ser ruidosas y provocar muchas quejas de vecinos.
La "bancada evangélica" cuenta más de 50 diputados de los 513 con que cuenta la Cámara.
En el estado de Sao Paulo, el más desarrollado y poblado del país, la batalla es por el agua. La escasez, agravada ahora por la sequía, llevó el gobierno de ese estado a proponer un tributo sobre el consumo.
El cobro se basa en la experiencia iniciada en Francia hace dos décadas y está prevista en una ley brasileña de 60 años atrás, pero que nunca se aplicó. La idea es aplicarla finalmente, mediante una reglamentación que será aprobada en la Asamblea estadual, lo que puede demorar dos años.
Pero los dueños de empresas que utilizan gran cantidad de agua, como las centrales azucareras y destilerías de alcohol, que responden por 42 por ciento del consumo en actividades productivas de todo el estado, ya manifestaron sus temores.
"No pagaré", amenazó Flavio Lindemberg, que se dedica a la producción de peces en lagunas y teme, por eso, que se le fije un tributo superior a su capacidad de pago.
La Federación de las Industrias considera justo el cobro, pero sólo si es impuesto a todo el país. Limitado a Sao Paulo, "restará competitividad a la industria local en relación a otros estados", argumentó Vladimir Sperandeo, director de Medio Ambiente de la Federación.
Esas quejas y temores son injustificables, según el secretario de Recursos Hídricos, Hugo Rosa, porque el proyecto limita el tributo a un máximo de uno por ciento de la facturación de cada empresa y sólo en localidades donde hay escasez comprobada de agua.
El beneficio será para todos, las empresas ya pagan ahora el costo de no disponer del agua suficiente o adecuada, añaden los defensores de la medida. (FIN/IPS/mo/ag/en/97
