Organizaciones judías de Argentina denunciaron hoy ante la justicia a ex funcionarios y policías que a su juicio obstaculizaron las investigaciones por los atentados de 1992 y 1994 dejando como saldo más de un centenar de muertos.
Abogados de la Delegación de Asociaciones Israelítas Argentinas y de la Asociación Mutual Israelíta Argentina (AMIA) identificaron al secretario de seguridad interior, al ex secretario de seguridad de la provincia de Buenos Aires y al director de Migraciones, además de a jefes policiales.
Cinco años después del atentado contra la embajada de Israel, y tres del ataque que derribó el edificio de la AMIA en uno de los más sangrientos atentados contra un blanco civil desde la Segunda Guerra Mundial, las entidades israelitas manifiestan malestar por la falta de resultados.
Los denunciantes señalaron "fallas estructurales del Estado" y "deficiencias" en el funcionamiento de organismos oficiales que, de esa manera, "contribuyeron a impedir el avance de la investigación" y en algunos casos la encubrieron.
Uno de los señalados, el ex secretario de Seguridad de la provincia Alberto Piotti, renunció poco antes de la presentación. La denuncia señala que un funcionario judicial escuchó a Piotti prometer que defendería a la policía.
"Vamos a resistir, los vamos a defender", fue la frase que dijo. Por eso, los denunciantes piden que el juez federal Juan José Galeano lo cite a declarar, igual que a Hugo Franco, director de migraciones que culpó a un "comando israelí" del ataque a la embajada.
También acusaron al Ministerio del Interior por la falta de seguridad en el país y a la Corte Suprema de Justicia que debió investigar el atentado contra la embajada. "La impunidad de la que gozaron los que volaron la embajada favoreció el atentado a la AMIA", reza el documento.
De la cancillería, acusaron a la cónsul argentina en Milán Nora Fasano, quien en julio de 1994 recibió una denuncia en la que un brasileño, Wilson dos Santos, le advertía que podría haber un atentado como el que se perpetró contra la AMIA.
Dos Santos había tenido una relación sentimental con una persona que habría participado del ataque.
Fassano avisó a sus superiores, pero al día siguiente del ataque, y a 20 días de haber recibido la denuncia. Al principio mintió al decir que Dos Santos se acababa de presentar, luego se desdijo y reconoció haber faltado a su deber de dar curso a la denuncia.
El documento dice que el segundo atentado, contra la AMIA, fue "la brutal verificación de que nada había cambiado: caos, confusión, ausencia total de mecanismos y equipamiento para el rescate de víctimas, destrucción de pistas y evidencias".
Asimismo, remarca la "desaparición de elementos de prueba cruciales" que hubieran permitido identificar a los responsables.
Menciona así el robo de 66 cintas con llamadas tomadas los primeros días, los rollos de fotos y la agenda electrónica de uno de los sospechosos principales.
Por el momento, la pesquisa del atentado a la embajada arrojó casi nulos resultados, en tanto la de la AMIA avanzó un poco más en establecer que hubo policías, ex militares ultraderechistas y civiles involucrados en una organización que cometió los dos atentados.
En julio último, durante el tercer aniversario del ataque a la AMIA, los familiares lanzaron las más duras críticas y acusaciones al gobierno del presidente Carlos Menem por la falta de avances y silbaron a los funcionarios que participaron de la recordación.
La presentación realizada este lunes había sido anunciada a principios de julio, pero los letrados se demoraron en la tarea de reunir toda la información que permita al juez citar a declarar a algunos de los funcionarios, ex funcionarios y policías mencionados. (FIN/IPS/mv/dg/ip-hd/97)
