El número de detenidos por tráfico de drogas fuera de sus países de origen continúa en aumento, poniendo en evidencia que cada vez hay más personas dispuestas a introducir estupefacientes bajo las más inverosímiles formas.
Un estudio realizado por la Universidad de Nueva York y el Consulado General de Colombia en esa ciudad estadounidense, reveló que 95,7 por ciento de los colombianos detenidos estaban presos por delitos relacionados con tráfico de drogas.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 95 por ciento de los 12.304 colombianos que purgan condenas en el exterior están relacionados con el transporte de narcóticos.
El problema es de tal magnitud que el Ministerio ha creado un Comité para la Asistencia de Connacionales en el Exterior, que por ejemplo contrata abogados en el extranjero para que asesoren a los funcionarios consulares en la ayuda a detenidos colombianos.
Colombia, junto con Bolivia y Perú es productor de coca, base de la cocaína, aunque con menor superificie de cultivos. Se estima que de estos tres países salen al exterior anualmente, vía "burros" (cargadores de coca al menudeo), 1.000 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína.
En Perú no existen cifras oficiales de detenidos en el exterior por esta actividad, pero se sabe que sólo en la cárcel de Arica, ciudad chilena fronteriza con este país, hay 122 peruanos presos acusados de pretender introducir droga.
De ellos, 43 purgan condenas que van de siete a 12 años de prisiñon.
Recientemente un peruano escapó a la pena de muerte en Malasia por portar cocaína.
Para salvarlo la defensa alegó que la droga estaba "en tránsito" hacia un tercer país (Singapur), pero a raíz del caso se informó que en el sudeste asiatico hay un número no especificado de peruanos cumpliendo condena por narcotráfico.
En Venezuela, país usado como puerto de embarque de clorhidrato de cocaína a los países europeos, en 1996 murieron seis "burros" en el aeropuerto de Caracas al estallarles en el estómago las bolsitas de droga que habían ingerido para burlar los controles policiales.
Los indios Warao son usados para pasar droga por el Delta del Orinoco hacia Trinidad y Guyana.
Ese delta tiene más de 150 salidas naturales al Caribe, lo que dificulta la labor de control.
En las áarceles de los países del área hay un número considerable de estos indígenas acusados de pasar droga, según la Comisión Andina de Juristas (CAJ).
Pero el traslado de drogas a mercados del exterior, no es exclusivo de los habitantes de los países productores de coca. Solamente en el Penal de Lurigancho, en Lima, alrededor de 10 por ciento de los presos son extranjeros detenidos cuando pretendían sacar droga al exterior.
Un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario señaló a IPS que en esa prisión y en la de El Callao, donde son llevados los "burros" extranjeros capturados en el aeropuerto internacional, hay presos chilenos, argentinos, estadounidenses, canadienses, holandeses, alemanes, asiáticos y africanos.
"Algunos reciben ayuda de sus embajadas y consulados, o de su familia. Otros tienen buena posición económica pero muchos están abandonados a su suerte, padecen enfermedades, no conocen el idioma y pasan años sin ser procesados", aseguró el funcionario, quien pidió no ser identificado por "no estar autorizado a brindar informacion sobre los extranjeros detenidos".
Problema aparte lo conforman las mujeres, cuya presencia en los estudios sobre actividades delictivas por tráfico ilícito de drogas generalmente es soslayada, aunque se sabe que hay un alto porcentaje de acusadas por ese delito.
Por ejemplo, 60 por ciento de las detenidas en Bolivia están relacionadas con el tráfico de cocaína. En el Penal de Mujeres de Chorrillos, en Lima, 49 por ciento de las detenidas son microcomercializadoras o "burriers" (nombre local que conjuga las palabras burro y courrier, correo).
De ellas, alrededor de 12 por ciento son extranjeras, especialmente latinoamericanas y estadounidenses.
Si en el caso de los hombres la asistencia legal es precaria, en el de las mujeres prácticamente no existe, salvo para las de buena situación económica que pueden pagar abogados en sus países de origen.
Por otra parte, son más vulnerables que los varones a los abusos propios de todo sistema carcelario (sobornos, tráfico de influencias, acoso sexual).
Damian Zaitch, profesor de la Universidad de Amsterdam, en un reciente estudio sobre el perfil de las mujeres procedentes de los países andinos detenidas por narcotráfico en Holanda, las define como "de estrato social bajo, sin apoyo logístico y sin vínculos estables con los exportadores".
"Están mal informadas sobre la naturaleza de un trabajo tan riesgoso, mal pagado y muchas veces son víctimas de presiones, amenazas o deudas impagas", afirma.
Para Diego García Sayan, director ejecutivo de la CAJ, "hHay situaciones límite en que la persona está dispuesta a arriesgarlo todo", como desempleo, pocas oportunidades de mejorar sus condiciones de vida, carencia de valores y deseos de ganar dinero fácil.
Alude también a muchos enfermos que aceptan transportar estupefacientes a cambio de dinero para cubrir los gastos de su tratamiento.
Un estudio realizado por el Ministerio de Justicia de Colombia con compatriotas detenidos en el exterior, permitió esbozar los factores de riesgo que inducen a muchos a incursionar como "burros".
Cita así la proveniencia de loss presos de familias de bajo estrato social con más de cinco miembros y sin autoridad paterna, los escasos e irregulares recursos, la baja autoestima y la carencia o insuficiencia de relaciones sociales "adecuadas".
Un empleo estable se convierte en un factor preventivo en la medida que aporta bienestar económico, social y psicológico.
Sin embargo, durante el verano pasado muchas jóvenes peruanas que intentaban sacar droga rumbo a Miami, dijeron al momento de ser detenidas que lo hacían por puro "bacilón" (para divertirse), por la posibilidad de ganar dinero y para conocer la ciudad estadounidense gratis.
Eran de alta extracción social y fueron reclutadas en discotecas y playas del sur de Lima. Ahora deberán pasar un mínimo de diez años en cárceles con altos índices de hacinamiento y sin ninguna posibilidad de indulto. (FIN/IPS/zp/dg/ip/97
