Grupos ambientalistas de Estados Unidos exigen al gobierno que limpie de contaminación las bases militares en la zona del canal de Panamá antes de su entrega a este país, en 1999.
"La política de Estados Unidos no encaró adecuadamente la legalidad de las sustancias tóxicas y peligrosas acumuladas durante décadas de actividad militar en Panamá", aseguró John Lindsay-Poland, de la organización pacifista Fellowship of Reconciliation (FOR).
Otro grupo, Earthjustice Legal Defence, antes conocido como Sierra Club Legal Defence Fund, declaró que "en incumplimiento de sus obligaciones bajo tratado, Estados Unidos destruyó el ambiente en Panamá, no retiró sustancias peligrosas, ni informó adeucadamente al gobierno del país centroamericano sobre las condiciones en las bases y sus cercanías".
Bajo el Tratado del Canal de Panamá de 1977, Estados Unidos acordó devolver al control de las bases militares al gobierno panameño antes del 2000.
La redacción del tratado subraya que "Estados Unidos estará obligado a tomar todas las medidas para asegurar que, en la medida de lo posible, retirará toda fuente de riesgo para la vida, salud y seguridad humanas".
Activistas defensores del ambiente afirman que Estados Unidos es responsable por un extensa contaminación del suelo con agentes químicos, municiones sin explotar, uranio agotado vertido en varios sitios, y derrames de petróleo y combustible de aviones.
La contaminación con armas o desechos afectaría a muchas áreas que ya fueron entregadas a Panamá.
Durante fines de los años 40 y comienzos de los 50, la Isla San José, fuera de la costa de Panamá, fue utilizada para el "Proyecto San José".
Un informe del ejército estadounidense revelado en 1993 presenta una lista de amplias pruebas de bombas de gas mostaza y otros agentes químicos, algunos de los cuales fueron probados con seres humanos.
Municiones sin explotar produjeron varias muertes y heridas entre niños que llegaron a los sitios a jugar y personas pobres buscando metal para reciclar, destaca FOR. La cancillería de Panamá estima que 21 personas murieron desde 1979 en campos de tiro.
Los activistas destacan la Convención de Armas Químicas de las Naciones Unidas, recientemetne firmada por Estados Unidos, la cual exige la limpieza de cualquier tipo de contaminación.
Mientras, los departamentos de Estado y Defensa de Estados Unidos aseguran que hacen todo lo que pueden y que no han violado los tratados, y alegan que muchas bases y campos de tiro se encuentran en la densa jungla, donde no es posible la limpieza.
Pero FOR sostiene que el Departamento de Estado utiliza este argumento para evitar la limpieza en todas las bases. "Algunas de las áreas son sólo pasturas", sostiene Lindsay- Poland, y agrega que muchas tecnologías de limpieza estarán disponibles en el futuro.
La cancillería de Panamá reiteró su demanda de que Estados Unidos asuma la responsabilidad y limpie los campos de tiro, aunque la tarea implique un compromiso más allá de 1999.
Junto al gobierno de Panamá, FOR y Earthjustice hicieron un llamado al establecimiento de un centro ambiental binacional.
Autoridades del Departamento de Estado dijeron que aún están revisando las propuestas. Fuentes del departamento indicaron que están presentando a académicos, autoridades de gobierno y representantes de ONG panameñas un recorrido por bases militares estadounidenses "para aclarar algunos malosentendidos".
Los ambientalistas también demandan a Washington la realización de una evaluación sobre el impacto ambiental, la entrega de información sobre comunidades afectadas y riesgos ambientales, y compensación por los daños irreversibles.
En 1996, el Departamento de Defensa divulgó un informe sobre municiones y actuales y anteriores bases de Estados Unidos y Panamá, pero el autor técnico del informe, Rick Stauber, afirma que muchos datos fueron "descaradamente omitidos".
"La redacción final del estudio no es de ningún modo representativa de la realidad de la seria contaminación en las bases", dijo Stauber, experto en bombas, y hasta hace poco auditor ambiental del Departamento de Defensa.
Stauber asegura que su contrato no fue renovado después que objetó las omisiones al informe final.
El estudio incluía inicialmente a todas las bases de Estados Unidos dentro y fuera de la ex Zona del Canal, un área de unos cinco kilómetros a ambos lados del canal de Panamá que será entregada en 1999.
Stauber afirma que las pautas del estudio fueron modificadas y sólo se le permitió estudiar tres campos de tiro de Balboa West, Pinas, y Empire Range.
Las referencias al uso de armas químicas y evidencias de proyectiles con uranio agotado fueron omitidas del informe final, indica Stauber. El informe fue entregado al Departamento de Defensa en abril de 1996, pero Panamá no lo recibió hasta marzo de 1997.
Los campos de tiro militares de las bases de Estados Unidos en Panamá carecen de las licencias necesarias de la Comisión Regulatoria Nuclear en Washington para disparar ese tipo de proyectiles.
Stauber dijo a IPS que recibió estrictas órdenes de no relevar los sitios y sólo utilizar archivos de datos. "Ni siquiera se me permitió tomar muestras, lo cual es un procedimiento habitual", informó.
Autoridades de gobierno de Estados Unidos niegan las denuncias de Stauber. "No hubo proyectiles con sustancias químicas disparados en ninguno de los campos", dijo el embajador norteamericano en Panamá, William Hughes.
Pero una borrador del estudio de los campos de tiro en Panamá obtenido por FOR bajo la Ley de Libertad de Información afirma que el Centro Tropical de Pruebas del Ejército utilizó un campo en Panamá para probar minas antitanque y proyectiles de uranio agotado, y Stauber confirmó esos hallazgos.
Según FOR, "la versión final del informe entregado al gobierno panameño se refiere a los proyectiles de uranio agotado como 'proyectiles antitanque no explosivos"'. (FIN/IPS/tra-en/dk/mk/lp/en-ip/97
