Un brusco y violento despertar tuvieron los albaneses llegados a Italia para huir de una guerra civil y en busca de una nueva y más confortable vida: deberán abandonar el país.
El gobierno de centro izquierda obtuvo el apoyo de las principales fuerzas políticas que lo integran para decretar la deportación de los albaneses.
La única excepción la constituyeron los Verdes, pero su voz es muy débil en la coalición que sostiene al primer ministro Romano Prodi. La medida tuvo también la oposición de Refundación Comunista, que no forma parte del gobierno, pero lo respalda en el parlamento.
La expulsión de los refugiados albaneses fue promovida por la alianza de centroderecha y por un sector de la prensa italiana. "¿Cuándo se van?", preguntaban casi a diario numerosos diarios, los dirigentes de la alianza opositora y la Liga Norte, un partido que busca la independencia de la rica región septentrional de Italia.
Según la resolución del Consejo de Ministros, difundida este martes, la deportación se producirá por etapas y finalizará el 30 de noviembre.
Aquellos que obtuvieron permiso temporal de permanencia serán los últimos en marcharse y podrán regresar legalmente cuando Albania e Italia logren acuerdo sobre los flujos migratorios.
El ministerio de Relaciones Exteriores discutirá con las autoridades de Albania la determinación de cuotas de ingreso de trabajadores albaneses en Italia.
Tendrán prioridad aquellos entre los albaneses ahora expulsados que hubieran obtenido permiso provisorio de residencia y los que tengan familiares en Italia.
En cambio, quienes abandonaron los lugares donde habían sido confinados y residen ilegalmente serán repatriados de inmediato, una vez que sean ubicados por las fuerzas del orden.
El Ministerio del Interior informó que 16.964 refugiados albaneses llegaron a Italia hasta el 30 de junio. Casi 6.500 ya regresaron a su país, y 2.000 abandonaron los centros establecidos para acogerlos.
El jefe del gobierno de Albania, Fatos Nano, pidió a Italia el aplazamiento de la deportación de los refugiados, pero Prodi no aceptó el pedido. El primer ministro explicó que ya hubo una postergación, dado que la expulsión estaba fijada originalmente para el 31 de agosto.
Prodi señaló que las comunidades europea e internacional deben colaborar con el desarrollo futuro de Albania, para evitar "otras oleadas de emigrantes, mucho mas grandes que las que se han producido hasta ahora".
El subsecretario del Trabajo, Giovanni Mattioli, de los Verdes, sostuvo que "la clase dirigente ha demostrado con estas medidas una tremenda pobreza cultural".
Mattioli aseguró que se habría podido legalizar la situación migratoria de los refugiados albaneses sin que ello provocara problemas.
"Estamos frente a un problema histórico, como es la emigración, y aquí nos preocupamos por algunos millares de personas que llegaron de la otra orilla del Atlántico», manifestó.
Mientras, la oposición derechista reclamó la total e inmediata deportación de los albaneses, que llegaron a Italia entre marzo y abril.
A principios de abril, 89 albaneses murieron cuando una nave italiana chocó con la embarcación en que viajaban a este país.
El secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, calificó de positivo, en declaraciones al diario italiano Corriere della Sera, el trabajo realizado por Italia para el restablecimiento de la normalidad en Albania.
El gobierno italiano aprobó el 29 de agosto un programa de cooperación trinal con Albania por 12 millones de dólares.
Los fondos se destinarán en especial a la consolidación de las instituciones democráticas y de la administración, a la adecuación de las infraestructuras del país, la tutela del ambiente y el desarrollo del sector privado. (FIN/IPS/jp/ff/pr/97
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