Venezuela será paralizada este miércoles por una huelga general de 12 horas que el gobierno legitimó con su apoyo, en un intento de achacar la irritación popular exclusivamente a la falta de aumentos salariales en el sector privado.
El llamado paro cívico fue convocado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y otras centrales menores, en protesta por el incumplimiento por los empresarios de alzas salariales el último mes, pero también por el incremento de la gasolina y los precios de los servicios y las medicinas.
Además, la CTV protesta por la existencia de despidos masivos después que los sindicatos accedieron a perder derechos históricos de los trabajadores venezolanos en una negociación con el gobierno y los empresarios, a cambio de un aumento general de los salarios y un nuevo sistema de seguridad social.
El sector laboral que más apoya al paro es el del área pública, que se sumó solidariamente a la protesta aunque los 1,5 millones de funcionarios han recibido aumentos salariales este año que por primera vez en décadas los coloca como mejor pagados que los empleados privados.
Pero en el sector privado son mayoría los que rechazan la huelga y manifiestan que irían a trabajar si hubiera transporte, pese a que importantes gremios patronales, como comercio y bancos, exhortaron al cierre de actividades, para evitar brotes de violencia.
La propia CTV demandó que los trabajadores se queden en sus casas, mientras que analistas independientes consideran que una de las razones del gobierno para apoyar el paro es que espera que la protesta quite presión a un malestar social en alza explosiva.
La Federación de Cámaras empresariales del país (Fedecámaras) criticó este martes ásperamente en un comunicado "la motivación política" de la huelga y lo insólito de que "sea aupada" por el gobierno, cuando es el real responsable del empobrecimiento de los venezolanos "y su justificado malestar".
Fedecámaras calculó en unos 300 millones de dólares las perdidas por la huelga general, un instrumento constitucional de lucha casi sin uso en Venezuela por los sindicatos. Su único antecedente fue un paro realizado en mayo de 1989, cuando se inició la aplicación del primer programa neoliberal en el país.
En Venezuela sólo ha habido otras dos huelgas generales, en 1936 y 1958, pero ellas respondieron a iniciativas políticas y sociales con el fin de tumbar a los regimenes dictatoriales del momento, em ambas ocasiones con éxito.
Se prevé un éxito en la convocatoria por haberse sumado al paro los trabajadores del transporte público y no haber realizado el gobierno ningún plan de emergencia al respecto, aunque alcaldías como la de Caracas intentarán sostener parte del servicio.
Los servicios de emergencia están garantizados, pero no así los del transporte aéreo internacional, sujeto a que las empresas del sector puedan movilizar por su cuenta a sus empleados.
El ministro de Planificación Teodoro Petkoff ratificó este martes que el paro es un derecho y que es comprensible la protesta ante el incumplimiento de los empresarios del compromiso de realizar fuertes aumentos en la escala salarial tras el cambio de régimen laboral acordado en abril y aplicado desde junio.
Pero los partidos de oposición, desde la izquierda a la derecha, acusaron de "fariseo" al gobierno del democristiano independiente Rafael Caldera por buscar tapar su autoría en la creciente tensión social y laboral, convirtiendo en "chivo expiatorio" a los patronos, cuya responsabilidad es parcial.
El partido socialcristiano Copei -del que se marginó Caldera para triunfar en diciembre de 1993 como figura independiente apoyada por una heterogénea alianza de pequeñas fuerzas- sostuvo que la huelga representa "el fracaso del gabinete económico y social" y demandó el recambio de sus mayores figuras.
La fuerza parlamentaria mayoritaria, Acción Democrática (AD), respaldó la convocatoria de la CTV -donde es factor dominante- porque "hay razones para que los trabajadores radicalicen sus métodos de lucha".
Pero subrayó que el principal responsable es el gobierno por sus tres años y medio de mala gestión y por la innecesaria alza de la gasolina en julio, que se sumó a alzas y mala operación de los servicios, así como un incremento de las medicinas en 30 por ciento.
Eso irritó fuertemente a los sindicatos, cuando se había prometido que el acuerdo que flexibilizó el mercado laboral supondría la recuperación inmediata del pauperizado ingreso real, que cayó a un tercio de su nivel en 18 años y que fue pulverizado en el último trienio por una inflación de 240 por ciento.
Fuerzas parlamentarias de izquierda sumaron al "engaño" que se le hizo a la población sobre los beneficios de la pérdida al cálculo al último salario de las prestaciones acumuladas durante su período laboral el hdecho que se le prometiera un cambio inmediato del colapsado sistema de seguridad social.
Los trabajadores venezolanos tienen pensiones irrisorias así hayan cotizado durante toda su edad económicamente activa y el colapso y corrupción del seguro social les obliga a recurrir a la medicina privada, con o sin apoyo de sus patronos.
En la Comisión Tripartita -defendida en medio de la crisis por sindicatos, empresarios y gobierno- se aprobó que en 1998 pase a operar un sistema mixto de seguridad social, con una base púlica solidaria y la institución de fondos privados de salud y pensión.
Desde el 19 de junio, el salario mínimo para el sector privado quedó fijado en 150 dólares mensuales -equivalente a 56 por ciento del costo de la canasta alimentaria-, al ser "salarizados" la torre de bonos con que el gobierno mantuvo el ingreso, sin incidir en los derechos laborales acumulados.
Fedecámaras afirmó este martes que 90 por ciento de las empresas actualizaron sus escalas salariales a partir del salario mínimo, pero que se trata de un ajuste paulatino de acuerdo a la posibilidad de cada firma de salir de la crisis recesiva de los tres últimos años y de la productividad laboral.
La población económicamente activa del pais suma nueve millones de los 22 millones de habitantes. De ese monto, la mitad labora en el sector informal. El desempleo abierto alcanza a 12,6 por ciento según cifras oficiales, aunque ministros y sindicatos coinciden en situarlo entre 16 y 18 por ciento. (FIN/IPS/eg/dg/if-ip-lb/97
