El gobierno, los partidos políticos, la policía, la justicia y organizaciones sociales de Uruguay coincidieron en los últimos meses en una ofensiva que apunta a limitar el trabajo de los periodistas y el derecho a la información.
La construcción de este muro, levantado por una atípica coalición, determinó una movilización de la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU), que busca impedir eventuales limitaciones que también podrían afectar fuentes de trabajo.
"Los políticos dicen que la información no les es propicia, el gobierno que tiene menor presencia que la oposición y es discriminado" en los medios de comunicación, y la policía, los sindicatos y las organizaciones sociales "también agreden", dijo a IPS Juan Carlos Otormín, presidente de APU.
La APU expresó al presidente Julio María Sanguinetti que dirigemtes de la coalición de gobierno buscan incidir en el trabajo periodístico, reveló Otormín.
Según Otormín, el mandatario reconoció que actualmente se observa un mayor profesionalismo en los periodistas, y puntualizó que existe el derecho a reaccionar ante información sesgada o que encubre opinión.
"Todos podemos reaccionar", pero "cuando algún gobernante pide a un canal de televisión que le envíe un video sobre alguna emisión" aún no realizada "se afecta la función periodística", sostuvo el dirigente de APU.
Otormín advirtió que este tipo de presiones indirectas producen efectos colaterales, ya que algunos medios prescinden de determinadas coberturas y se pueden afectar las fuentes de trabajo.
La intención de limitar el derecho a la información no es patrimonio exclusivo de la coalición de gobierno ni de sus legisladores.
También en la oposición de izquierda han surgido protestas contra varios medios que, a juicio de quienes las esgrimen, distorsionan la realidad y afectan su imagen.
Diputados del izquierdista Frente Amplio se unieron esta semana a legisladores oficialistas para restringir el acceso de los periodistas al trabajo de una comisión parlamentaria que investiga irregularidades en el estatal Instituto Nacional de Oncología.
El diputado Daniel Díaz Maynard, del Frente Amplio, argumentó en la comisión que el uso dado por algunos medios a la información puede debilitar "la credibilidad" pública en los servicios de salud.
"Se ha trasladado a la opinión pública parte de una discusión que debía ser materia de reflexión interna", sostuvo el diputado Iván Posada, del centroizquierdista Nuevo Espacio.
El líder del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, precandidato presidencial de la alianza de izquierdas, reclamó "establecer con claridad algunas reglas de juego" para la prensa, "porque una cosa es informar y otra es desinformar".
Vázquez manifestó esta semana sorpresa por "la poca cobertura periodística" que tuvo un acto del Frente Amplio en el que participó.
Así mismo, el senador socialista José Korzeniak acusó a periodistas del diario El Observador, que no identificó, de cobrar más dinero por atacar a Vázquez y al Frente Amplio.
La imputación de Korzeniak, que no presentó pruebas, fue respondida por Edison Lanza y Antonio Ladra, de El Observador, con una demanda judicial contra el senador por daño patrimonial y daño moral.
Otormín también señaló que en manifestaciones públicas de organizaciones sociales y estudiantiles varios periodistas fueron agredidos de palabra y de hecho, acusándolos de ser "integrantes de la prensa burguesa".
Similares reacciones contra algunos periodistas surgieron de la central sindical única PIT-CNT. Algunos dirigentes de esa central cuestionaron la divulgación de información que ellos consideraban reservada o limitada al ámbito interno.
Mientras, el servicio de inteligencia de la Policía detuvo e interrogó a un fotógrafo por registrar tomas de una empresa privada desde la vía pública.
"La policía argumenta que no tiene un marco claro sobre el trabajo de los periodistas, por lo cual nos reuniremos con el Ministro del Interior", dijo Otormín.
A los hechos descriptos se añaden vallas levantadas por el Poder Judicial. Algunos magistrados han intentado limitar el acceso de los periodistas a información judicial.
Además de las gestiones locales, la APU ha comunicado la situación que enfrenta a organizaciones internacionales como America's Watch, Freedom Forum, Reporteros sin Fronteras, la Federación Internacional de Periodistas y la Sociedad Interamericana de Prensa. (FIN/IPS/rr/ff/hd lb/97
