La principal organización rebelde de Uganda limitará su actividad militar para permitir la siembra de la nueva cosecha agrícola, aunque aseguró que no renunciará a la lucha contra el gobierno de Yoweri Museveni.
El Ejército de Resistencia del Señor (LRA) suspenderá parcialmente sus operaciones "en respuesta a la afirmación del gobierno de que no toma en cuenta el bienestar de la población civil del norte de Uganda", explicó John Obita, portavoz de los insurgentes.
El LRA, encabezado por el herborista Joseph Kony, opera en el norte del país, junto a la frontera con Sudán, y el gobierno y organizaciones internacionales de derechos humanos lo acusan de cometer atrocidades contra la población civil.
Comenzó su lucha armada en 1987, poco después de la derrota de la rebelión del Movimiento del Espíritu Santo, a cuya frente estaba Alice Lakwena, prima de Kony.
La fuerza insurgente está controlada por representantes de la etnia acholi, radicada en la zona límitrofe entre Sudán y Uganda. Su propósito consiste en imponer un gobierno orientado por los 10 mandamientos bíblicos.
El cambio táctico anunciado por Obita a una emisora europea captada en Kenia se debería a que el LRA ha perdido capacidad de combate, según se cree en Nairobi.
El ejército gubernamental ha asestado a los rebeldes "una serie de derrotas en el campo de batalla", destacó un catedrático de la Universidad de Nairobi.
De manera semejate se expresó un empresario ugandés, también en la capital de Kenia. "Creo que el LRA está acabado como movimiento rebelde", dijo el empresario este jueves a IPS.
El presidente de Museveni exhortó a fines de julio a todos los grupos insurgentes a renunciar a las armas.
Los vientos de cambio que soplan en Africa central y oriental desde la caída del régimen genocida de Ruanda, en julio de 1994, y del dictador de Zaire Mobutu Sese Seko en mayo de este año, acabarán con las tentativas de desestabilización de Uganda, según Museveni.
El presidente aseguró que Ruanda, la República Democrática de Congo (ex Zaire) y Tanzania no ayudarán a ningún grupo rebelde de Uganda.
Así mismo, el insurgente Ejército Popular de Liberación de Sudán (SPLA) informó que ha "sellado" la frontera sudanesa con el norte de Uganda, una indispensable ruta de abastecimiento del LRA.
El gobierno de Museveni ha denunciado que Sudán permite al LRA contar con bases en su territorio para lanzar incursiones sobre Uganda. A su vez, las autoridades sudanesas acusan a Uganda de apoyar al SPLA.
Estados Unidos destinó el año último ayuda militar evaluada en 20 millones de dólares a Uganda, Etiopía y Eritrea, para bloquear la amenaza que Washington cree ver en el fundamentalismo islámico de Sudán.
Museveni afirma que dos grupos rebeldes ugandeses, las Fuerzas Aliadas Democráticas (ADF) y el Frente del Margen Occidental del Nilo (WNBF), son utilizados por Sudán para promover el radicalismo islámico.
Las ADF están integradas por musulmanes ugandeses y soldados ruandeses y zaireños exiliados. Combate al ejército en el oeste, un área fronteriza con la República Democrática de Congo.
Mientras, el WNBF responde a comunidades de la región del Nilo Occidental (madis, lubgara, aringas y nubios) que conformaban el grueso del ejército de Idi Amín, el dictador derrocado en 1979. El coronel Juma Oris, líder del WNBF, fue funcionario del régimen de Amín.
Museveni se niega a negociar con el LRA, con el argumento de que el diálogo podría sentar un peligroso precedente ante otros grupos rebeldes.
No obstante, permite las conversaciones entabladas por el LRA con legisladores y representantes de la comunidad acholi, cuya región ha sido devastada por la guerra.
Mientras, el general Salim Saleh, jefe de operaciones del ejército en el norte, propone realizar inversiones para desarrollar el potencial agrícola de esa región. Saleh cree que el mejoramiento económico del norte debilitaría el apoyo que el LRA obtiene entre los acholi.
La zona sur de Uganda registró un importante crecimiento económico desde la instalación del gobierno de Museveni, pero en el norte predominan la pobreza, la inestabilidad y el resentimiento.
Museveni tomó el poder en enero de 1986, después de seis años de guerra de guerrillas. Su gobierno, apoyado por organizaciones de derechos humanos, ha redactado una lista de más de un millón de personas que, según afirma, fueron asesinadas por Amín y otro dictador, Milton Obote, entre 1971 y 1986.
Mientras, Amnistía Internacional y Africa Watch han documentado crímenes atribuidos al LRA, como el reclutamiento forzoso de milicianos y la violación y la mutilación de civiles sospechosos de colaborar con el gobierno.
El LRA rachaza las acusaciones. Obita dijo que los insurgentes no tendrían ningún apoyo de los pobladores del norte si esas denuncias fueran ciertas. (FIN/IPS/tra-en/mn/ff/ip hd/97
