El norte de Ruanda está sumido otra vez en la violencia, mientras las villas son atacadas, los vehículos emboscados en la principal ruta de acceso desde esta capital, y los mercados saqueados por bandas armadas.
"El norte está sangrando", dijo un grupo local de derechos humanos, y destacó que las atrocidades se producen desde hace meses.
Autoridades del gobierno de Ruanda acusan de la nueva ola de violencia a extremistas hutu dispuestos a llevar adelante "los actos de genocidio que se evitó que terminaran de cometer".
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y grupos defensores de los derechos humanos expresaron su preocupación ante la escalada de violencia desatada con el retorno de soldados del ex gobierno ruandés (ex FAR) y sus aliados, las milicias "Interahamwe".
La mayoría de las fuerzas regresaron al país desde el ex Zaire, ahora República Democrática de Congo, sacando ventaja de la repatriación masiva de refugiados ruandeses desde ese país. La repatriación comenzó a fines de 1996 y continuó durante los cuatro primeros meses de 1997.
Aunque los campamentos de refugiados en que se entrenaron y rearmaron para invadir Ruanda fueron destruidos, fuentes militares indican que los extermistas hutu establecieron bases en Masisi y Walikale, en Kivu Norte. Desde estas bases están lanzando los ataques en el norte.
Según Matthew Nzeyimana, ex oficial de FAR capturado en enfrentamientos con fuerzas del gobierno, "éramos cuatro batallones cuando infiltramos Ruanda desde el ex Zaire".
Dos de los batallones fueron enviados a Gisenyi, y otros dos a Ruhengeri, reveló el ex soldado, y agregó que los batallones estaban logrando el respaldo de población hutu para derrocar al gobierno con un alzamiento masivo.
Además de blancos civiles, los insurgentes armados también atacan posiciones militares del Ejército Patriótico Ruandés (RPA). Diplomáticos en Kigali visitaron recientemente el norte, donde se reunieron con el comandante de operaciones del RPA en la región, Kayumba Nyamwasa.
Nyamwasa dijo que, hasta ahora, unos 2.000 infiltradores murieron en enfrentamientos con el ejército, mientras las fuerzas del gobierno perdieron 90 soldados.
El gobierno de Ruanda expresó su preocupación porque, según afirma, mientras protege a civiles en el norte de los ataques, debe luchar contra grupos internacionales de derechos humanos que ven una sola cara de la historia.
A comienzos de este mes, Amnistía Internacional alegó que el ejército ruandés cometió en represalia asesinatos de hombres, mujeres, niños y ancianos. Según el grupo con sede en Londres, 2.300 personas murieron en manos del ejértico en abril, mayo y julio.
El vicepresidente ruandés y ministro de Defensa, general mayor Paul Kagame, reaccionó ante las acusaciones diciendo que hay mecanismos para asegurar que los civiles no sean dañados en el proceso de combatir a quienes "causan problemas".
Kagame añadió que, si hubiera algún exceso de parte de los militares, los responsables serían llevados ante la justicia.
Algunos de estos supervisores y organizaciones de los derechos humanos nunca pisaron la región norte de nuestro país. Nunca han estado en Gisenyi, nunca han estado en Ruhengeri", dijo Kagame.
Africa Watch presentó un informe el 26 de agosto, afirmando que el RPA "atacó o permitió que civiles tutsi hirieran o asesinaran a residentes hutu, e incendiaran sus viviendas", tras la masacre de 148 refugiados congoleses por parte de milicias hutu en Mundende, distrito de Gisenyi.
El gobierno sostiene que la campaña en su contra es injustificada. "Todos aquellos que siguieron las acciones del RPA saben que es el ejército más disciplinado, y muy consciente de los derechos humanos", dijo Emmanuel Gasana, asesor del vicepresidente Kagame.
Autoridades ruandesas afirman que los extremistas hutu recurrieron a la movilización y al uso de la población civil en el norte para luchar contra el ejército, dejando a sus fuerzas la única opción de defenderse. "Un civil armado ya no es un civil", dijo Claude Dusaidi, también asesor de Kagame. (FIN/IPS/tra-en/jbk/pm/lp/ip-hd/97
