El gobierno de Malasia promueve una nueva ley contra la corrupción como una herramienta para eliminar el delito económico, pero los críticos temen que la norma desaliente a los ciudadanos dispuestos a denunciar supuestos abusos.
La nueva ley, aprobada el 31 de julio, no fortalece la autonomía del principal cuerpo investigador del país, la Agencia Contra la Corrupción, opinan analistas.
El parlamento aprobó el proyecto de ley luego de una seguidilla de casos de corrupción. En diciembre, el ámbito político malasio se estremeció con la detención en Australia del ex ministro jefe del estado de Selangor, Muhammad Muhammad Taib.
Muhammad habría intentado retirar de Australia unos 890.000 dólares sin declaración previa. El 19 de agosto, se declaró inocente ante un tribunal de Brisbane y ahora aguarda la sentencia.
El incidente afectó a la Organización Nacional de Malasios Unidos (UMNO), uno de los partidos políticos que integran la coalición de gobierno, de la cual Muhammad es vicepresidente.
La clasificación de Malasia en el índice mundial de corrupción Transparencia Internacional cayó del lugar 23 en 1995 al 26 en 1996 y al 32 este año.
La población pretende medidas más severas contra los funcionarios corruptos y suponía que la ley anticorrupción era una de las respuesta, pero los críticos de la norma señalan puntos débiles que podrían hasta dificultar la represión del delito.
Por ejemplo, la nueva ley estipula que quienes brinden falso testimonio ante la Agencia Contra la Corrupción recibirán multas de hasta 36.100 dólares o penas de prisión de hasta 10 años.
La ley establece que una persona podrá ser acusada si su testimonio, aun sin ser falso, tiene la "intención de confundir" o no es coherente con declaraciones anteriores.
Tal disposición sería un elemento de disuasión para las personas que tengan intención de denunciar supuestos hechos de corrupción pero quizá no cuenten con suficiente evidencia, afirman los detractores de la ley.
"¿Cuántos denunciantes estarán dispuestos a declarar contra una persona supuestamente corrupta y arriesgarse a que su información no sea totalmente correcta?", preguntó un escritor radicado en Kuala Lumpur.
El viceprimer ministro Anwar Ibrahim aseguró al parlamento que la cláusula no será utilizada para acusar a los denunciantes cuando la persona denunciada no resulte procesada.
Así mismo, en una conferencia sobre corrupción auspiciada por la oposición, un fiscal explicó que la cláusula tiene la intención de disuadir el falso testimonio que puedan brindar subordinados de "peces gordos" ante el organismo investigador para proteger a sus jefes y complicar la pesquisa del gobierno.
Aun así, la mera existencia de la cláusula bastará para disuadir a la mayoría de los posibles denunciantes de corrupción, arguyen sus críticos.
La nueva ley también disminuye la importancia del director general de la Agencia Contra la Corrupción al eliminar la facultad que tiene el funcionario para iniciar procedimientos penales contra los sospechosos.
Ahora, sólo el fiscal general podrá procesar los casos de corrupción. Aunque la situación ya era así en la práctica, la nueva cláusula elimina la opción del director del organismo anticorrupción de procesar a un sospechoso si, por alguna razón, el Estado se niega a hacerlo.
En el pasado se cuestionó la falta de disposición del fiscal general para presentar cargos contra importantes miembros del gobierno.
Samy Vellu, presidente del Congreso Indo-Malasio, no fue acusado cuando supuestamente desvió a tres compañías acciones de empresas de telecomunicaciones reservadas para Maika Holdings Bhd, firma que ayuda a ciudadanos indomalasios de bajos ingresos, patrocinada por su grupo político.
La ministra de comercio internacional Rafidah Aziz tampoco fue cuestionada por haber presidido un comité que aprobó la entrega de otras acciones a su yerno.
Tampoco se presentaron cargos contra Rahim Tamby Chik, ministro en jefe del estado de Malacca, a pesar de la supuesta fortuna que amasó en su cargo.
Así mismo, Muhammad Taib no fue acusado en Malasia pese a las denuncias de un diario de Brisbane que aportan detalles sobre las importantes propiedades que posee su esposa en Australia.
La nueva ley contra la corrupción también socava la autonomía de la Agencia Contra la Corrupción al estipular que su director general será designado por el rey, "sujeto al consejo del primer ministro".
Ello implica que el primer ministro puede recomendar el despido del director investigador. "Si la Agencia Contra la Corrupción no es totalmente independiente, es imposible que luche contra la corrupción", dijo el activista Gan Kong Hwee.
La falta de completa autonomía del órgano crea la posibilidad de un conflicto de intereses, especialmente cuando se cuestiona la ascendencia de los hijos del primer ministro Mahathir Mohamad en el mundo empresarial.
Se estima que Mirzan, Mokhzani y Mukhriz Mahathir dirigen decenas de compañías en Malasia. "¿Accedieron a estos cargos en virtud de su relación con el primer ministro?", preguntaron tres personalidades locales al director general de la Agencia Contra la Corrupción.
También preocupa el creciente poder de Ling Hee Leong, el hijo de 27 años del ministro de Transportes, Ling Liong Sik, y presidente de la Asociación China-Malasia, miembro de la coalición de gobierno. Ling "controla 11 compañías en Asia", denunció la revista Journal One.
De todas formas, la ley propone severas penas contra la corrupción. La multa máxima aumentó de 3.610 a 36.100 dólares y la pena de prisión se extendió de siete a 20 años. Los sospechosos deben comprobar que sus propiedades fueron adquiridas correctamente.
Pero los detractores de la norma sostienen que los puntos débiles de la nueva ley se agregan a numerosas disposiciones que desalientan a los denunciantes, socavan la transparencia y limitan la libertad de prensa.
El mayor problema radica en el alto grado de vinculación de los sistemas político y económico en Malasia, lo que provoca que la corrupción y el afán de lucro se filtren en la cultura política, agregan los críticos. (FIN/IPS/tra-en/ann/js/aq-ml/ip/97
