La venta de niñas y mujeres es una práctica muy común en Pakistán, país aún feudal en que los terratenientes mantienen a sus trabajadores en condición de siervos y se cobran las deudas comprando a sus hijas y hermanas.
Aunque la práctica del trabajo servil está prohibida por la ley, los terratenientes, con gran poder político sobre la sociedad rural, evaden todas las regulaciones, y tratan a los trabajadores como si fueran esclavos, utilizándolos en su propio beneficio.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP) sostiene que la venta de niñas y adolescentes es una de las prácticas más perniciosas del país asiático.
El sistema es prevalente en la provincia de Sindh, al sudeste, más atrasada que Punjab, donde la agricultura es próspera.
Miembros de las familias propietarias de la tierra de Sindh se encuentran entre los principales políticos del país, entre ellos el presidente, Farooq Leghari, y la ex primera ministra, Benazir Bhutto.
También en Punjab niñas y mujeres son vendidas por los propietarios "bajo el pretexto de que se casan", denuncia la HRCP en su informe "Estado de los Derechos Humanos de 1996".
Las opciones son pocas para las mujeres y niñas. Deben seguir la voluntad de sus padres, hermanos o esposos, y someterse a los deseos de los terratenientes. Las mujeres son vendidas por padres resignados para poner fin a sus deudas, dijo Azeema Lashari, del Consejo Supremo de Derechos Humanos de Sindh.
Alrededor de 100 muchachas del área de Kachho, a 400 kilómetros de Karachi, fueron vendidas en el término de un mes a terratenientes locales. Cada uno pagó entre 1.000 y 4.000 dólares por cada mujer, aseguró Lashari.
En esta sociedad feudal, los terratenientes no permiten a los trabajadores devolver con trabajo ni siquiera préstamos pequeños. A cambio, compran su libertad con el comercio de hijas y hermanas.
"Las mujeres son una mercancía, compradas y vendidas bajo una práctica antigua", dijo Nafeesa Shah, de Shirkat Gha, una organización no gubernamental (ONG) que trabaja para proteger a las mujeres de las leyes islámicas anticuadas.
Uno de los casos tomados por Shirkat Gha es el de Farzana Ranjho, de 16 años, hija de un trabajador servil violada en una estación de policía.
La joven aseguró haber sido "entregada a un hombre por nuestro terrateniente sin el consentimiento de mis padres. Cuando resistí la decisión, fui secuestrada y retenida en la estación de policía durante 9 días. El agente a cargo me violó varias veces".
Los padres de la joven pagaron el equivalente a 500 dólares para asegurar su liberación. Pero la trasladaron al hogar del hombre con quien supuestamente debía casarse. "Entonces fue él quien me violó", denunció la joven.
Zohra Yusuf, de la HRCP, afirma que la venta forzada de mujeres está generalizada en muchas áreas rurales de Pakistán. "La magnitud del problema no está bien documentada", destacó.
Los motivos son varios. Los padres no lo informan, ni a la prensa ni a ONG locales, y otros mantienen el silencio por el temor que sienten ante los grandes terratenientes", indicó Lashari.
El Consejo Supremo de Derechos Humanos de Sindh está en proceso de recoger información sobre niñas vendidas contra su voluntad por sus padres. "Después que tengamos los detalles, los presentaremos a las cortes", agregó la activista.
El papel de la policía también debe ser redefinido, exigen organizaciones de derechos humanos. Según el abogado del Consejo Noor Naz Agha, "si una muchacha denuncia la venta forzada a la policía, es detenida, y en muchos casos registrados, es violada por los agentes de guardia.
Uno de los casos más divulgados fue el de Rashida, de nueve años, retenida por el terrateniente para el que trabajaban sus padres y vendida a un vecino en el sur del Pakistán el año pasado. La niña murió diez días después en la casa de su nuevo amo.
El terrateniente Haji Qasin Jamali dijo a diarios locales que vendió a Rashida para recuperar 1.500 dólares que su padre le debía. El padre de Rashida, Aladino, había trabajado durante ocho años en tierras de Jamali.
"Le pedimos a nuestro terrateniente, le dijimos que trabajaríamos en sus tierras hasta que saldáramos todas nuestras deudas, pero no escuchó nuestra súplica y vendió a nuestra hija a otro terrateniente, para cancelar cuentas", dijo Aladino a los periodistas.
Los padres no supieron de la muerte de su hija hasta cuatro días después, cuando lo oyeron de boca de otros. "Probablemente murió de miedo", dijo el padre, perplejo, a quien ni siquiera se le pasó por la mente preguntar al terrateniente qué había sucedido.
Temerosos de acercarse a las autoridades locales o apelar a la policía para realizar una autopsia, los padres hubieran permanecido callados si periodistas locales y ONG no hubieran intervenido, exigiendo la detención del terrateniente Jamali.
Una delegación de medios y ONG se reunió con el magistrado del distrito, quien, interponiendo su impotencia, les aconsejó "aceptar unos miles de rupias y mantener el asunto en silencio, qué puede hacerse con gente tan poderosa".
Jan Mohammed Hingoro, quien compró a Rashida, no tuvo pudor en admitir a diarios locales que "la compré por 60.000 rupias (unos 1.500 dólares). Así que no había necesidad de informar su muerte a nadie. Perdí una gran suma". (FIN/IPS/tra-en/jk/an/lp/pr/97
