La prensa de Perú demostró, al reproducir conversaciones telefónicas de líderes opositores y aun del propio presidente Alberto Fujimori, que en el país se realiza un activo espionaje telefónico con fines políticos.
Las encuestas señalan que más de 84 por ciento de la opinión pública comparte la tesis de la oposición de que el "chuponeo" telefónico es realizado sistemáticamente por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), manejado por su virtual jefe, el asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
Junto con las denuncias de amenazas contra la libertad de prensa, las torturas contra una agente de inteligencia acusada de infidencia y la destitución del Tribunal de Garantías Constitucionales, el espionaje telefónico es uno de los temas que provocaron la acelerada caída de la popularidad de Fujimori.
Pero el propio presidente ha sido víctima del "chuponeo", aunque la opinión pública tienda a suponer que es beneficiario de esa actividad ilegal.
La intercepción telefónica contra Fujimori fue divulgada por el semanario opositor Caretas en diciembre de 1992 y se refiere a un diálogo que mantuvo con Montesinos, cuando ambos coordinaban medidas contra un frustrado intento de golpe militar.
Según esa conversación, jamás desmentida por Fujimori, Montesinos manejaba a los soldados que apresaron a los generales conspiradores. Allí el presidente revelaba con cierta ansiedad que estaba dispuesto a asilarse en la embajada de Japón si el golpe tenía éxito.
Posteriormente, Caretas y otros medios difundieron textos supuestamente correspondientes a conversaciones telefónicas de políticos opositores efectuadas durante la campaña electoral de 1995.
Las sospechas sobre la responsabilidad de ese delito, sancionado con hasta seis años de cárcel, recaen sobre los servicios de inteligencia, pero la identificación se complica en la medida en que crece la certidumbre de que al menos un sector de inteligencia escapó al control y conspira contra Fujimori.
El Poder Judicial ha sido encargado de comprobar y sancionar el espionaje telefónico.
Voceros del gobierno han replicado que esa técnica puede ser utilizada por cualquier persona que disponga de equipos relativamente baratos.
El 22 de julio, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Pandolfi, exhibió en el Parlamento un aparato portátil de intercepción telefónica "que puede comprarse en cualquier tienda especializada en Nueva York" y demostró que con él era viable interceptar teléfonos celulares .
Los parlamentarios de la oposición se declararon insatisfechos con la explicación y demandaron una investigación de los procedimientos utilizados por el SIN.
Pero hasta ahora los denunciados y denunciantes, incluyendo entre estos últimos a los medios de prensa, rehúsan colaborar con las investigaciones judiciales.
El SIN pretende que la investigación la realice un tribunal militar, los periodistas rechazan identificar a las fuentes que les proporcionaron información y un fiscal recibió un portazo en la cara cuando intentó una visita de inspección en el domicilio de un denunciante.
El fiscal Víctor Hugo Salvatierra reaccionó este miércoles con desaliento cuando Marcele Temple no lo dejó ingresar a su domicilio para inspeccionar las líneas telefónicas que, según denunció su esposo, el ex candidato presidencial y líder opositor Javier Pérez de Cuéllar, fueron interferidas por el SIN.
"¿Cómo puedo investigar si los propios denunciantes no permiten que verifique la situación de las líneas telefónicas supuestamente interceptadas?", se preguntó.
"En lugar de intentar una visita intespestiva a la casa del denunciante, debería usted realizar una visita sorpresiva a los sótanos del SIN, desde donde se realizan las intervenciones telefónicas", replicó el parlamentario Carlos Chipoco, dirigente de Unión Por El Perú (UPP), que dirige Pérez de Cuéllar.
Otras víctimas del masivo espionaje telefónico, seis periodistas, entre los cuales la congresista Anel Towsend, tuvieron diferente fortuna en su gestión judicial.
El juez Víctor Raúl Martínez declaró infundada la acción de amparo presentada por el grupo de periodistas para que el SIN deje de interceptar sus teléfonos, sosteniendo que no había pruebas del hecho ni habían sido identificadas las personas presuntamente responsables del delito.
La mayoría de los parlamentarios oficialistas sostiene que el asunto debe ser investigado por el Poder Judicial. Algunos estiman conveniente fiscalizar a los servicios de Inteligencia.
El congresista oficialista Carlos Ferrero considera que el Servicio Nacional de Inteligencia no puede seguir siendo una isla al margen de la vigilancia legislativa y prepara un proyecto para crear un mecanismo de control parlamentario de sus actividades.
Para el analista independiente Jorge Arnao, es improbable que un dispositivo de ese tipo pueda aplicarse efizcamente, "como tampoco tendrán éxito las medidas parlamentarias para controlar algunos aspectos de la institucionalidad castrense, como los tribunales militares".
El SIN, a cargo nominalmente del general Julio Salazar pero bajo el control de Montesinos, "coordina la labor de otros siete, o más, servicios de inteligencia", aseguró.
Además de los servicios de inteligencia de Policía, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, existen los de Relaciones Exteriores, Sistema Tributario y Educación.
"No siempre esos aparatos acatan displinadamente al SIN. Sobre todo los militares tienen sus propias líneas y a veces se han enfrentado en el pasado, con sus psicópatas métodos propios", expresa Arnao.
Un alto oficial retirado del Ejército acusado durante el gobierno del socialdemócrata Alan García (1985-90) de manejar una central de escucha telefónica para interceptar conversaciones de la oposición dijo a IPS que "ésto no está bien pero siempre se hizo".
"Durante todos los gobiernos se ha 'chuponeado' los teléfonos de los políticos opositores. Nadie se opone cuando se trata de conseguir información de los subversivos, pero ponen el grito en el cielo cuando se trata de los políticos", comentó. (FIN/IPS/al/dg/ip-hd/97
