Una nueva reducción en Panamá de aranceles a la importación, que sigue a reformas y medidas de ajuste aplicadas desde 1994, generó un conflicto entre el gobierno y el sector industrial.
Unos 500 industriales participantes en una acalorada asamblea decidieron en la noche del martes declararse "en sesión permanente" hasta que el gobierno reponga los aranceles que rigieron hasta el 1 de este mes.
El gobierno rebajó de 40 a 10 por ciento los aranceles al ingreso de más de 100 productos, entre ellos el acero y otros materiales de construcción, así como la harina, el aceite y otros comestibles.
Entre 1995 y 1996, los aranceles aduaneros para unos 3.400 productos de importación, que llegaban en algunos casos a 350 por ciento, fueron reducidos paulatinamente hasta alcanzar el techo de 40 por ciento, modificado ahora.
La medida adoptada por el presidente Ernesto Pérez Balladares con el fin de insertar a Panamá en la globalización de la economía y de bajar el costo de la canasta básica familiar, exceptúa varios productos agropecuarios, entre ellos el arroz, el maíz, los frijoles, la carne, productos lácteos, azúcar, café, cebolla y tomates.
Esos rubros conservarían una protección arancelaria de 50 por ciento.
El Sindicato de Industriales (SIP) calificó inicialmente de "irresponsable, inconsulta y sorpresiva" la reducción de aranceles adoptada por el gobierno.
Tras la asamblea general del martes, la SIP se dividió entre quienes proponen medidas de mayor presión contra el gobierno y otro grupo, encabezado por el presidente de la organización, Fernando Jimenez, partidario de negociar antes de tomar decisiones enérgicas.
El ex presidente del SIP Vicente Pascual advirtió que la aplicación de los nuevos aranceles obligará a la industria nacional a competir en desventaja con la producción de otros países donde se otorgan subsidios y reintegros a las industrias de exportación.
Entre otros perjuicios inmediatos, Pascual señaló la posible pérdida de 50 por ciento de los 89.000 empleos que genera el sector industrial. La desocupación total se sitúa en 14,1 por ciento de la población economicamente activa.
Según Pascual, el recorte de aranceles debe ser gradual y estar acompañado de medidas compensatorias, como la rebaja del costo de la energia eléctrica y de otros servicios públicos.
El ministro de Trabajo y Bienestar Social, Mitchel Doens, advirtió que el gobierno no renunciará a su decisión sólo "porque unos pocos se vean afectados".
"Esta es una política del gobierno que se viene anunciado desde que Pérez Balladares era candidato" a la presidencia en 1994, subrayó Doens, al justificar el recorte de aranceles y las medidas de ajuste aplicadas previamente.
El programa del gobierno incluyó la privatización de empresas públicas, la reforma del código de trabajo y de la legislación tributaria, y la eliminación del régimen de jubilaciones especiales que beneficiaba a unos 75.000 empleados públicos.
Doens descartó la pérdida de puestos de trabajo en la industria anunciada por Pascual. "Más de la mitad de los 89.000 trabajadores industriales laboran en pequeñas empresas que no se verán afectadas" por la política arancelaria, afirmó.
Pérez Balladares indicó en un mensaje radial transmitido este miércoles que "el Estado no tiene la capacidad de seguir protegiendo a un pequeño sector (como el industrial) en desmejora de la mayoría".
"Por el bien del país, enfrenten la competencia internacional sin la ayuda artificial del engranaje estatal", pidió Pérez Balladares a los miembros del SIP.
Mientras, el secretario general de la Central General de Trabajadores (CGT) Mariano Mena, advirtió que "los empresarios están tomando de la misma medicina que ellos pidieron cuando se pronunciaron a favor de la liberalización de la economía".
"Lo grave de la situación" es que los industriales pretenden enfrentar el problema por "el lado más delgado de la soga", y "a fin de cuentas, el que va a pagarlo es el trabajador", predijo Mena. (FIN/IPS/sh/ff/if/97
