Las cinco potencias del Consejo de Seguridad de la ONU pretenden controlar un nuevo Tribunal Penal Internacional para juzgar casos de genocidio y otros crímenes de guerra, tras poner fin hoy a conversaciones sobre su creación.
"La oportunidad para un Tribunal Penal Internacional es irreversible", dijo Richard Dicker, asesor asociado del grupo de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch. "La cuestión, no obstante, es si el tribunal será un cuerpo eficaz" agregó.
Los activistas que respaldan la creación del tribunal, la cual podría concretarse en junio en una conferencia en Roma, temen que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad intenten bloquear cualquier medida que garantice a la corte la autoridad para juzgar casos bajo su propia iniciativa.
China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia pretenden que el tribunal se ocupe de casos sólo a pedido del Consejo de Seguridad de 15 miembros, donde los cinco tienen poder de veto.
La cuestión del debate es si otro organismo, además del Consejo de Seguridad, puede tener jurisdicción sobre asuntos que involucran amenazas a la paz y la seguridad internacional.
El Consejo tiene amplias potestades sobre estos temas, entregadas por la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y sus cinco miembros clave no están dispuestos a renunciar a ellas.
Este viernes Adriaan Bos, asesor legal de la cancillería de Holanda y presidente de las conversaciones sobre el tribunal, dijo que "mi impresión es que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad están muy interesados en mantener sus responsabilidades como aparecen en la Carta".
Como resultado, los países deberán determinar cómo crear una corte eficaz "mientras tienen en cuenta la competencia del Consejo de Seguridad", dijo Bos.
La tarea no será fácil. Algunos países en el Sur advierten que el tribunal perderá credibilidad si recibe de los cinco miembros permanentes instrucciones sobre qué casos juzgar.
El tribunal "podría ser usado para acosar a estados del Sur", dijo Connie Ngondi, directora ejecutiva del brazo en Kenia de la Comisión Internacional de Juristas.
En general los países acordaron que los fiscales tengan autoridad para recoger información y emitir sentencias en casos que involucren genocidio. Pero el acuerdo no es tan general en los casos de crímenes y crímenes contra la humanidad.
Las cinco potencias pretenden referir todos los casos al tribunal, de la misma manera que el Consejo autorizó tribunales ad hoc de crímenes de guerra que ahora juzgan casos sobre el genocidio de 1994 en Ruanda y las guerras resultantes de la ruptura de Yugoslavia.
Pero muchos países en desarrollo y organizaciones no gubernamentales quieren que el Consejo sólo refiera situaciones amplias al tribunal, en lugar de casos específicos, según propuso recientemente Singapur.
Los cinco miembros permanentes lograron escaso respaldo a su posición entre los restantes 180 miembros de la ONU.
No obstante, forjaron alianzas en otros temas, en especial en la cuestión de si los fiscales sólo podrán iniciar investigaciones a pedido de los gobiernos interesados, o podrán hacerlo bajo su propia "jurisdicción inherente".
Según un abogado familiarizado con el debate, Estados Unidos, que busca restringir la potestad del fiscal, tiene el apoyo de varios países poderosos del Sur, entre ellos México, Kenia, Nigeria, India e Indonesia.
Un diplomático que pidió el anonimato calificó a los opositores de una más amplia jurisdicción del tribunal "países que temen verse un día citados ante la corte".
Los defensores de una jurisdicción más amplia, dijo el abogado a IPS, incluyen Sudáfrica y varios de sus vecinos, Chile, Argentina y la mayoría de los países latinoamericanos, los escandinavos y Egipto.
Gran parte de la disputa podrá resolverse cuando la conferencia de creación del tribunal se reúna el año próximo en Roma. Bos, no obstante, está satisfecho con los avances en el proceso.
"No conozco a ningún país miembro de la ONU que se oponga a la creación del tribunal", dijo Bos. Más de cuatro décadas después de hecha la propuesta de creación del tribunal para juzgar futuros casos de genocidio tras el Holocausto, el consenso sobre la existencia de la corte es un logro en sí mismo, agregó. (FIN/IPS/tra-en/fah/mk/lp/ip-hd/97
