Con la convocatoria para el 5 de diciembre de una Asamblea Constituyente que dará paso a un nuevo orden jurídico en Ecuador, el presidente Fabián Alarcón puso fin a una polémica que acaparó la vida política nacional en los últimos seis meses.
La resolución de Alarcón fue interpretada por diversos analistas como una respuesta a las presiones que ejercieron amplios sectores políticos y sociales, que se oponían a la fecha propuesta por el Ejecutivo anteriormente, es decir agosto de 1998.
Sin embargo, para Alarcón, "la fecha es lo de menos". "Lo importante es que se comprenda la real trascendencia de la asamblea y sobre todo sus límites", pues "se tiene que aceptar que esta convención no resolverá los problemas estructurales que vive Ecuador".
En una reunión con representantes de la prensa extranjera, Alarcón advirtió que "existe el peligro de que algunos sectores con intereses políticos hagan creer al pueblo ecuatoriano que con la asamblea se resolverán todos sus problemas, como la pobreza, el desempleo y la inseguridad pública".
"Los problemas seguirán y sólo se podrán solucionar con un largo proceso de desarrollo y crecimiento", consideró Alarcón, quien asumió la presidencia cuando en febrero el Congreso destituyó a Abdalá Bucaram tras una serie de protestas populares contra su gobierno.
Según el jefe de Estado, la decisión de adelantar la convención fue resultado "de un intenso diálogo con amplios sectores de la sociedad civil y con los partidos políticos".
La fecha para la instalación de la asamblea abrió en días pasados un intenso debate entre agrupaciones políticas y sociales para las cuales el gobierno que asuma el 10 de agosto de 1998 debe hacerlo bajo un nuevo marco jurídico.
"La actitud del presidente fue rehuir a su compromiso de restaurar el orden constitucional del país y dejar el paquete al próximo gobierno", sostuvo Iván Narváez, dirigente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, que agrupa a unas 300 organizaciones civiles.
Las organizaciones indígenas de todo el país protagonizaron un paro de 48 horas la semana pasada "para que el gobierno decidiera adelantar la instalación de la asamblea", recordó Narváez.
El día 31 el gobierno convocará a elecciones para designar a los asambleístas. Los comicios se llevarán a cabo el 16 de noviembre y la constituyente que se instalará el 5 de diciembre deliberará por 90 días.
"La asamblea ha sido vista como un proceso de purificación democrática, un borrón y cuenta nueva", dijo IPS Napoleón Saltos, coordinador del bloque parlamentario indigenista Pachakutik.
Para el sector indígena, por ejemplo, "significa una oportunidad para dar estatuto legal a sus demandas ancestrales como la plurinacionalidad", mientras para los trabajadores "es un instrumento para afianzar su posición", apuntó Saltos.
En el proceso han surgido incluso actores sociales como los homosexuales, que pretenden ver despenalizadas sus preferencias sexuales en la nueva Constitución.
"No se debe sobredimensionar a la asamblea constituyente pues el país se podría llevar una fuerte decepción. Es mejor que se la vea como parte de un gran proceso y no como una meta", advirtió el presidente Alarcón. (FIN/IPS/mg/dg/ip/97
