Una rebelión carcelaria podría tener lugar en Ecuador en solidaridad con detenidos sin sentencia que emprendieron medidas de protesta para obtener su libertad.
"En las cárceles de todo el país estamos organizando medidas para presionar a las autoridades y apoyar a nuestros compañeros de Quito", dijo Guillermo Cantú, quien ha permanecido en el penal de la ciudad portuaria de Guayaquil "desde hace siete años y sin sentencia alguna", comentó.
Según Cantú, en las 33 cárceles del país "el descontento es el mismo", pues "más de la mitad de los presos están sin sentencia por la lentitud de las autoridades".
Este lunes, tres reos del penal de Quito decidieron coserse la boca para exigir a las autoridades judiciales que agilicen los trámites para su liberación y anunciaron que se crucificarán si sus demandas no son atendidas.
El martes otro prisionero se sumó a la medida de protesta, qye siguió a una huelga de hambre emprendida por siete reclusos desde hace dos meses.
Los presos argumentan que ya han cumplido cuatro años de cautiverio sin que se haya determinado su culpabilidad, por lo que, de acuerdo a la ley "ya son libres".
Alexis Ponce, vocero de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, dijo que gestiones realizadas por su organización para que la justicia examine con mayor rapidez los casos de los detenidos han fracasado.
Según un reciente estudio de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, en Ecuador 6.369 de los 9.506 presos no tienen sentencia, es decir el 67 por ciento de la población carcelaria.
Los prisioneros en esa condición no pueden acceder a la ley de rebaja de penas, vigente desde 1996, que establece una reducción de 50 por ciento a las sentencias de los reclusos con buena conducta.
Uno de los problemas más graves de los centros penitenciarios de Ecuador es el hacinamiento en que viven los reclusos, que "se explica por la inoperancia del sistema de administración de la justicia", comentó a IPS Hugo Venegas, asesor del Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia.
Las centros de rehabilitación tienen una capacidad máxima para 6.000 presos, en vez de los 9.500 que albergan, señaló Venegas.
Las autoridades carcelarias están trabajando en un proyecto para solucionar el problema del hacinamiento, con apoyo financiero de Naciones Unidas y de la asesoría de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos. (FIN/IPS/mg/pr/97
