Jueces, legisladores, entidades financieras y empresarios de Ecuador estarían vinculados al narcotráfico, de acuerdo a un informe que presentó el jueves en reserva la Comisión de Narcotráfico del Congreso.
El estudio, elaborado tras ocho meses de investigación y compuesto de 41 documentos, destaca que Ecuador ha pasado a ser un centro de producción, consumo y lavado de dinero proveniente de la droga.
En el país actúan unas 26 bandas organizadas de narcotraficantes, cuyas actividades han permeado en las instituciones judiciales, políticas y financieras del país, dijo Patricio Viteri, presidente de la Comisión de Narcotráfico, integrada por siete congresistas.
Según la Comisión, en 1996 se lavaron unos 2.500 millones de dólares en la palza financiera nacional.
En un período de 10 años se han impugnado las actuaciones de 220 jueces por haber dictado sentencias demasiado leves contra narcotraficantes. En algunos casos, dijo Viteri, se logró la destitución de los acusados.
En mayo, el fiscal general de la nación, Francisco Cucalón, presentó su renuncia ante el parlamento tras haber sido acusado de vínculos con el narcotráfico.
Según informes periodísticos, la embajada de Estados Unidos negó la visa a Cucalón días antes de que presentara su renuncia, por considerar que había beneficiado a narcotraficantes mientras se desempeñaba como juez de la Corte Superior de la provincia costera de Guayas.
En esa ocasión, el presidente Fabián Alarcón manifestó que cualquier denuncia a nivel diplomático debe realizarse por los mecanismos establecidos pues, de otra forma, sería intervenir en la política interna de Ecuador.
La investigación de la Comisión de Narcotráfico contó con el respaldo de la Policía Internacional (Interpol), quien en junio puso la voz de alarma en la opinión pública al presentar un informe al parlamento sobre la influencia de dinero del narcotráfico en las campañas políticas.
El documento de Interpol, que se mantuvo en reserva, indica que las investigaciones sobre la infiltración del narcotráfico en la política se realizan en forma constante en la región andina, con la cooperación de las instituciones policiales nacionales.
El documento "no realiza acusaciones contra partidos políticos ni legisladores. Solamente tenemos indicios de que algunos mantienen o mantuvieron nexos con el narcotráfico", aseguró Viteri.
"Será labor de la policía continuar con las líneas de investigación y profundizar en ellas", señaló, aunque destacó la necesidad de que el parlamento impulse nuevas leyes para la lucha contra el narcotráfico "con carácter de urgente".
"Cada vez existe menos cooperación internacional", dijo a IPS Silvia Corella, consultora Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos (Consep).
En 1995 Naciones Unidas otorgó a Ecuador apenas 80.000 dólares para la lucha contra el narcotráfico (apenas suficientes para pagar los costos de un estudio), contra 1,7 millones en 1991 y tres millones en 1987. (FIN/IPS/mg/dg/ip/97
