La inclusión o no de los delitos políticos y conexos entre las causales que permitirían la extradición de ciudadanos colombianos comenzó esta semana a ser debatida en el Senado de este país.
La cámara alta del parlamento inició este miércoles su sexta ronda de debates, de las nueve previstas, sobre el proyecto de ley que vuelve a autorizar la extradición y que debería ser aprobado en octubre.
En su discusión anterior, concluida el día 21, el Senado decidió que la extradición de colombianos no procedería para "delitos políticos y conexos".
El ministro de Gobierno (Interior) Carlos Holmes opinó que esa resolución "es preocupante", pero estimó que hay tiempo rara revisarla.
Juan Charry, de la Asociación Colombiana de Derecho Constitucional y Ciencia Política, excluir a los delitos políticos y conexoss de las causales de extradición "es inconveniente" para el país.
"Grupos del narcotráfico intentarían dar un matiz político a sus actividades", opinó.
Narcotraficantes como Carlos Lehder (quien paga condena en Estados Unidos) y Pablo Escobar (muerto por la policía en 1993) intentaron en su momento que se los considerara como detenidos políticos, recordó.
Charri estima asimismo que la medida "tendería un manto protector a la guerrilla que incursiona en actividades del narcotráfico".
El texto original de reforma presentado por el gobierno al Congreso en mayo consideraba sólo la eliminación del artículo 35 de la Constitución, que prohibe la extradición de colombianos a cualquier país.
Para Charry, las modificaciones que se han introducido al texto constituyen "verdaderos agujeros negros por donde desaparecerían los efectos de un instrumento necesario" para combatir la delincuencia organizada.
No obstante, los ponentes del proyecto, Carlos Espinosa y Luis Giraldo, indicaron que en las tres sesiones de discusión que faltan y que se desarrollarán en las próximas semanas, el texto puede "evolucionar".
La prohibición de extraditar colombianos quedó consagrada en la Constitución promulgada en 1991 tras controvertidos debates en los que se denunciaron presiones del narcotráfico.
El presidente Ernesto Samper se había negado a restablecer ese instrumento, pero tras la evaluación negativa que recibió su política antidrogas de parte de Estados Unidos cambió su posición.
Según el embajador estadounidense en Bogotá Myles Frechette, el restablecimiento de la extradición es uno de los puntos de la agenda con que su país evaluará nuevamente la actuación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
Otros temas en debate en el Congreso son la retroactividad o no de la extradición y la posibilidad de someter a esa medida a quienes se hayan arrepentido y colaborado con la justicia.
De aprobarse la extradición con retroactividad, los jefes del Cártel de Cali (que según Estados Unidos comerciaba 80 por ciento de la cocaina en el mundo) podrían ser extraditados.
De acuerdo a la ministra de Justicia, Almabeatriz Rengifo, en el Congreso "las posiciones están divididas, con mayoría hacia la retroactividad".
Para Samper, el proyecto aprobado "satisface en su esencia las aspiraciones básicas del gobierno", que son quitar de la Constitución la prohibición de la figura de la extradición y "abrir un espacio legal para avanzar en la reglamentación de una verdadera política" en ese plano. (FIN/IPS/yf/dg/ip/97)
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