El gobierno de Chile estudia incorporar a las leyes antiterroristas la autorización para interceptar telefónos y otras facultades previstas en la legislación antidrogas, informó el jueves el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan Villarzú.
En una reunión con corresponsales de prensa extranjera, Villarzú indicó que aunque el "fenómeno terrorista" es mínimo en Chile, se busca neutralizar la repercusión en el país de la creciente alianza internacional de grupos calificados de subversivos con mafias del narcotráfico.
El gobierno del presidente Eduardo Frei y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) están analizando otras posibles reformas legales ante los indicios de un creciente interés de narcotraficantes por operar en este país.
La preocupación se amplió este mes al trascender los intentos del cártel mexicano de Ciudad Juárez, considerado el mayor de América Latina, por instalarse en Chile, presuntamente para enviar cocaína al área de Asia y el Pacífico.
Amado Carrillo, el "capo" del cártel, supuestamente fallecido a comienzos de julio en México durante una operación de cirugía estética, estuvo en el país entre abril y junio, adquiriendo numerosas residencias y vehículos.
En abril igualmente culminó con éxito una investigación del CDE que permitió desbaratar la mayor banda chilena de narcotraficantes, encabezada por Mario Silva Leiva, quien exportaba droga a Europa desde Perú y Bolivia a través de Brasil.
Villarzú desestimó los análisis que atribuyen a la normativa sobre inversiones extranjeras las eventuales facilidades que tendrían las mafias del narcotráfico para realizar en Chile operaciones de lavado de dinero.
El ministro estimó que existen mayores posibilidades de infiltración de dineros del narcotráfico a través del mercado cambiario, donde las posibilidades de control se aminoran por el carácter informal de las operaciones.
Las casas de cambio no están obligadas a registrar los datos de los vendedores de divisas en partidas menores y sólo este año se determinó que deben consignar la identidad del cliente en transacciones mayores de 4.000 dólares.
El carácter abierto de las economías y los instrumentos financieros y tecnológicos que permiten una ráoida circulación de los capitales, aumentan la permeabilidad de los países a las acciones de lavado de dinero, indicó Villarzú.
El ministro especificó que al mismo tiempo para un país como Chile es importante mantener la apertura comercial y económica, con facilidades para la inversión externa, en un marco de confianza basado también en la estabilidad democrática.
Bajo ese enfoque, la "lucha frontal" al narcotráfico es para el gobierno de Frei una tarea integral, tanto de mantenimiento de la credibilidad y confianza de los inversionistas como de resguardo de la sociedad.
La ley antidrogas tuvo ya sustanciales cambios, sobre todo en lo que respecta a levantamiento parcial del secreto bancario, en 1996 y sería inconveniente volver a introducirle reformas en este año, advirtió el ministro.
Por ello, el gobierno y el CDE planean darse tiempo hasta 1998 para proponer al Parlamento un conjunto de cambios legales, una vez que se haya evaluado en profundidad el episodio del cártel de Ciudad Juárez, con todas sus implicaciones y lecciones.
Como preámbulo de estos cambios, a fines de este año se propondrá a los legisladores la creación del Consejo Nacional de Inteligencia, en tanto se estima que el manejo de información clasificada es uno de los instrumentos más eficientes contra el narcotráfico.
Del mismo modo, en la planificación del presupuesto del Estado para 1998 se dotará de mayores recursos al CDE, facultado para investigar el narcotráfico y el lavado de dineros de acuerdo a la ley antidrogas.
El CDE, que cumple además otras funciones de resguardo del patrimonio estatal, atiende en la actualidad unos 20.000 juicios con un equipo de alrededor de 120 abogados, señaló Villarzú.
El ministro recalcó igualmente la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, ámbito en el cual se inserta el propósito de traspasar a las leyes antiterroristas facultades que otorga la legislación antidrogas.
Los grupos armados que adquirieron relevancia en Chile en la década de los años 80, bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), están prácticamente desarticulados y muchos de sus antiguos miembros han abandonado las armas.
La policía registra en los últimos años algunos casos puntuales de ex insurgentes vinculados a bandas delictuales, pero no hay antecedentes sobre vínculos entre presuntos "terroristas" y traficantes de drogas.
Sin embargo, a las autoridades les preocupan las versiones sobre alianzas entre grupos guerrilleros y narcotraficantes en Perú y Colombia, países desde donde proviene gran parte de la droga incautada en Chile en los últimos años. (FIN/IPS/ggr/dg/ip/97
