El gobierno de Uruguay se opondrá a que la justicia investigue la existencia de tumbas clandestinas en unidades militares.
El gobierno de Julio Sanguinetti considera que el hecho está comprendido en la "ley de punto final", que clausuró los juicios contra militares y policías acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-85).
Así lo comunicará a la justicia, con lo cual se pondrá fin "a un perjudicial debate" que se inició hace 11 años, dijo este martes a IPS una fuente cercana al presidente uruguayo.
El juez Alberto Reyes envió este martes al Poder Ejecutivo un expediente que se inició a fines de marzo con una denuncia del senador Rafael Michelini, del centroizquierdista partido Nuevo Espacio.
El parlamentario había advertido a la justicia que varios desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985) habían sido enterrados en dos cuarteles, según información que atribuyó a informantes militares.
"No existe un camino para habilitar la intervención de la justicia porque la ley es clara y cerró toda posibilidad de investigación de estos hechos", sostuvo el vocero.
La ley fue promulgada en diciembre de 1986, durante el primer gobierno de Sanguinetti.
El abogado Miguel Semino, secretario de la Presidencia en ese período, argumentó que la norma pretendió "poner un punto final a los conflictos de la sociedad y decir de aquí en adelante, nunca más".
El texto de la norma clausuró todos los juicios y denuncias hasta el 1 de marzo de 1985, pero Michelini argumenta que debe indagarse si la remoción de cadáveres de personas muertas bajo tortura, se produjo luego de esa fecha.
Poco después de promulgarse la norma fue cuestionada por un movimiento encabezado por la coalición de izquierda Frente Amplio, varias organizaciones humanitarias y sectores minoritarios de los dos partidos tradicionales.
En 1989 fue sometida a un plebiscito que la ratificó, al obtener 57 por ciento de los votos.
El Poder Ejecutivo sostiene que "los uruguayos se pronunciaron en forma terminante y no existe nada por encima de esa decisión", argumentó el informante.
En el fallo que ordenó investigar la existencia de cementerios clandestinos, Reyes había mencionado la Convención Interamericana sobre desaparición forzosa de personas.
Esa decisión derivó en un monolítico rechazo militar a investigar los hechos, al tiempo que la fiscal Ana Merello cuestionó el fallo inicial del juez.
El comandante en jefe del Ejército, Raúl Mermot, dijo que "la sociedad y las instituciones que sostienen al Estado están por encima de protagonismos, reivindicaciones e incluso del legítimo dolor".
Michelini es hijo del dirigente político Zelmar Michelini, que en 1976 fue secuestrado y asesinado en Buenos Aires, donde vivía exiliado luego del golpe militar en Uruguay.
El cuestionamiento de la fiscal prosperó y el 13 de junio un Tribunal de Apelaciones revocó el fallo del juez y le ordenó pasar los antecedentes al Poder Ejecutivo.
El artículo tercero de la ley establece que ante una denuncia "el juez requerirá al Poder Ejecutivo que informe en el plazo perentorio de 30 días de recibida la comunicación si el hecho investigado está comprendido o no" en la ley.
En mayo, Sanguinetti fue consultado sobre el tema en la capital de Venezuela por un periodista del canal 10 de la televisión local.
"El hecho es que no podemos hacer el milagro de saber o encontrar una verdad que no sabemos donde está", dijo el mandatario uruguayo.
Michelini dijo a IPS que prefiere no hacer declaraciones, pero indicó que no desiste de su propósito de darle una sepultura digna a los desaparecidos y conocer la verdad de lo sucedido.
El objetivo del parlamentario tuvo amplio respaldo popular a fines de mayo, cuando una silenciosa columna de miles de personas desfiló por la principal avenida de la capital uruguaya al cumplirse los 21 años del asesinato de Zelmar Michelini y de otros uruguayos en Buenos Aires.
Mientras tanto, la Iglesia Católica se moviliza en busca de alguna vía que le permita a los familiares de los desaparecidos recuperar los restos.
"Si no se busca un camino para resolver los derechos de los familiares y si no se busca una manera de darle algún punto final a esta situación, que resulte satisfactoria para todos los involucrados, el tema seguirá pendiente", dijo el obispo auxiliar de Montevideo, Luis del Castillo.
El obispo Luis Galimbertti, quien ha venido dialogando con familiares de desaparecidos, se reunirá el 1 de agosto con los senadores socialistas Reynaldo Gargano y José Korseniak para analizar la situación. (FIN/IPS/rr/ag/ip-hd/97
