La ONU envió por primera vez a México un relator especial sobre torturas, ante el creciente número de denuncias, críticas a informes oficiales y quejas de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales.
Entre el miércoles 6 y el día 15, el británico Nigel Rodley, relator sobre torturas de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Organización de Naciones Unidas), se habrá reunido en México con funcionarios de gobierno, grupos humanitarios y familiares de torturados y tal vez visite algunos estados del sureste.
La presencia de Rodley denota la preocupación de la comunidad internacional por las crecientes violaciones a los derechos humanos y la impunidad que rige en México, en especial con respecto a la tortura, dijo a IPS Rocío Culebro, secretaria de la red "Todos los Derechos para Todos".
Una ola de denuncias por detenciones arbitrarias y torturas a manos de militares y policías cubrió a México los últimos meses.
La mayoría de las quejas procedieron de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, en el sureste del país, donde operan el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Ejército Popular Revolucionario.
El centro de información de la ONU en México informó que el relator especial sobre tortura tiene facultades para investigar denuncias y establecer un diálogo con los gobiernos dirigido a promover el cumplimiento de convenios y declaraciones internacionales en materia de derechos humanos.
Rodley viajó a México tras una invitación del propio gobierno, paso previo que la ONU considera indispensable para actuar en cualquier país.
La estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) recibió 1.127 denuncias de tortura entre junio de 1990 y mayo de 1996. Tras su análisis, el organismo consideró que sólo 105 de ellas merecían investigación.
Desde 1990 hasta la fecha, apenas siete casos de tortura y de muerte provocada por apremios recibieron una condena en los tribunales. Para los grupos humanitarios, esa cifra demuestra la impunidad que reina en el país.
Culebro informó que, entre junio de 1996, cuando el EPR hizo su aparición pública, y junio de 1997, diversas organizaciones humanitarias nacionales documentaron más de 150 casos de tortura en los estados del sureste. Ninguno de los responsables ha sido sancionado, aseguró.
La organización estadounidense de derechos humanos Human Rights Wacht informó en abril que la tortura sigue siendo el método de investigación "más popular" entre policías y militares mexicanos.
Se continúa recurriendo a la confesión forzada y no se sanciona a los responsables, sostuvo el grupo. "No vemos avances en materia de derechos humanos durante la gestión del presidente Ernesto Zedillo", añadió Human Rights Watch.
México analiza las recomendaciones de la ONU para lograr la "total erradicación de la tortura y la impunidad", dijo este martes la Cancillería, en un comunicado emitido en vísperas de la visita de Rodley.
El gobierno está comprometido con el cumplimiento de todas las resoluciones emitidas por la ONU en materia de derechos humanos, apuntó la Cancillería.
Las autoridades mexicanas presentaron en mayo un informe ante el Comité Contra la Tortura de la ONU (CAT) en Ginebra, en el que aseguran que en casos de torturas la situación mejoró en forma "apreciable" durante los últimos años, gracias a la voluntad "inquebrantable" del gobierno.
La versión fue durante criticada por varios expertos del CAT, elegidos por los países firmantes de la Convención contra la Tortura y Otras Penas o Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.
El número de casos sancionados en México es mínimo, hay contradicciones en los datos, las investigaciones de la Procuraduría son ineficaces y la CNDH no tiene capacidad procesal, sostuvo el chileno Alejandro González, miembro del CAT, al comentar el informe del gobierno de Zedillo.
El dinamarqués Bent Sorensen también se sumó a las críticas. "Es desesperante ver lo mal que funciona el poder judicial. En México se siguen sacando confesiones mediante coerción y tortura y se siguen considerando esas confesiones como pruebas", declaró.
Para el chipriota Georghios Pikis, otro integrante del CAT, "impresiona que siga habiendo en México una cultura de opresión y que aún no se logre atacar el meollo del problema".
Hoy, que México enfrenta el escrutino de la ONU en los casos de tortura, "esperamos que el gobierno tome muy serio el combate a esta lacra", manifestó Culebro. (FIN/IPS/dc/mj/hd/97
