Los niños y niñas que viven en las calles de Guatemala aún sufren graves violaciones de derechos humanos a pesar de algunos avances registrados en los últimos años, denunció la organización Human Rights Watch (HRW).
El informe de HRW "Los niños olvidados de Guatemala" afirma que fuerzas de seguridad públicas y privadas, así como el sistema de justicia de menores de edad del país, toleran y, en algunos casos, cometen abusos contra la infancia.
Entre estas violaciones, la organización menciona golpizas, robos, ataques de naturaleza sexual y detenciones arbitrarias y prolongadas.
Para la elaboración del informe, HRW entrevistó el año pasado a 35 niños guatemaltecos, representantes de organizaciones no gubernamentales y funcionarios del gobierno, entre ellos la directora de la Oficina de Bienestar Social y esposa del presidente Alvaro Arzú, Patricia Escobar.
Esta oficina, responsable de los centros de detención juveniles de Guatemala, "virtualmente entregó el control" de estas instituciones a la organización evangélica española Rehabilitación de los Marginados (Remar), según HRW.
Remar procura rehabilitar a ex convictos y drogadictos españoles enviándolos al extranjero a trabajar con niños "problemáticos". Sus funcionarios apelan de forma rutinaria a castigos físicos y aislamientos para disciplinar a los menores, de acuerdo con el informe.
Ambas técnicas son prohibidas por leyes internacionales como la Convención sobre los Derechos de la Infancia aprobada en 1990 y a la cual adhiere Guatemala, recordó HRW.
La organización de derechos humanos estimó que entre 1.500 y 5.000 niños viven en las calles de Guatemala, la mayoría en la ciudad de Guatemala, la capital. Sus edades oscilan entre 10 y 17 años, y entre 20 y 30 por ciento son niñas.
Los niños de la calle no cuentan en Guatemala con programas gubernamentales en su defensa. Más de 90 por ciento de ellos consumen inhalantes químicos psicoactivos como pegamentos y solvente de pinturas para escapar del dolor, el hambre y la depresión, según la no gubernamental Casa Alianza.
El robo, la mendicidad y el sexo a cambio de dinero o favores son sus principales fuentes de ingreso. La mayoría de las niñas de la calle son explotadas sexualmente, por lo general a partir de los 12 años. Los embarazos son frecuentes y la incidencia del sida aumenta con persistencia.
El informe de 132 páginas calificó de hecho "significativo y alentador" la condena judicial de tres guardias de seguridad privados, dos oficiales de la Policía Nacional y un ex comisionado militar por su participación en asesinatos de niños de la calle.
La frecuencia de crímenes serios contra niños de la calle, como asesinato y tortura, cayó desde los primeros años 90, cuando la situación era materia noticiosa en todo el mundo.
Hace cinco años, Casa Alianza atendía cuatro o cinco casos de golpizas de niños a manos de policías, frecuencia que ha caído a cinco o seis por mes, según un funcionario de esa organización.
El parlamento guatemalteco aprobó el año pasado un Código del Menor que, según HRW, supondrá una "gran mejora" de la situación cuando tenga plena vigencia a partir del 1 de octubre próximo.
El nuevo código pues incluye protección procesal para los menores acusados de delitos y prevé que los niños sin hogar no podrán ser encarcelados en cárceles o centros juveniles de detención.
A pesar de esos avances, la situación es aún dramático, según el informe. Una niña de 16 años fue violada en abril de 1996 por dos oficiales de la Policía Nacional en la ciudad de Guatemala, mientras un tercero contemplaba la escena.
Un niño de 16 años fue asesinado a balazos en septiembre de 1996 por un policía borracho en la localidad de Tecun Uman. Más de 10 niños de la calle fueron asesinados durante el año pasado "en circunstancias sospechosas", según HRW.
Ninguno de los autores de esos crímenes habían sido detenidos hasta abril de este año.
El director de Human Rights Watch/Americas, José Miguel Vivanco, concluyó que "los niños de la calle de Guatemala no tienen ningún lugar al que apelar" pues "quienes los atacan gozan de inmunidad" y "el sistema legal les falla".
En contraste con esa impunidad, los menores sospechosos de crímenes son tratados con dureza, sostuvo Lois Whitman, directora del Proyecto de Derechos de la Infancia de HRW.
"Los niños pueden ser detenidos de forma arbitraria y obligados a pasar muchos meses bajo custodia en este brutal sistema", dijo Whitman. En ocasiones, los niños son arrestados por el solo hecho de no tener hogar o por faltas tan vagas como "crear escándalo público" u "holgazanería".
Sin una familia que pida por sus libertades, los niños detenidos por faltas leves son confinados en centros de reclusión con otros que cometieron delitos graves. "En consecuencia, víctimas de abusos de ocho años de edad acaban en el mismo lugar que asesinos de 17", según el informe.
Cuando al fin se produce la audiencia, los jueces ignoran con frecuencia al derecho a contar con la asistencia de un abogado e incluso al de hablar en su propia defensa, afirma HRW.
Los niños detenidos no reciben educación ni con rehabilitación o tratamiento psicológico en caso que sea necesario. En un solo centro se ofrece entrenamiento laboral, agrega el informe.
Las condiciones son de insalubridad en estos centros atestados de menores, sin privacidad o respeto por la integridad personal. Los guardias no cuentan, por lo general, con entrenamiento ni calificación, lo que también viola normas internacionales, según HRW. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/mj/hd/97
