El general Augusto Pinochet está presionando para un virtual "blanqueo" de los crímenes represivos cometidos bajo su dictadura antes de dejar el mando del Ejército, denunciaron en Chile abogados defensores de los derechos humanos.
Los juristas de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic) Verónica Reyna, Nelson Caucoto y Héctor Salazar dijeron que la operación consiste en forzar el traspaso a las cortes castrenses de juicios radicados en tribunales civiles.
Durante la dictadura de Pinochet, desde septiembre de 1973 a marzo de 1990, se cometieron unas 3.000 violaciones graves de derechos humanos, entre asesinatos políticos y desapariciones forzadas, fundamentalmente de militantes de izquierda.
Hasta comienzos de julio, según estadísticas de Fasic, estaban en curso 156 procesos relativos a esos crímenes ya traspasados a la justicia militar, en tanto otro centenar continuaba aún a cargo de jueces civiles.
Pinochet, quien tras la entrega del gobierno en marzo de 1990 se apoyó en una norma constitucional expresa para prolongar su permanencia en la comandancia del Ejército otros ocho años, debe acogerse a retiro a más tardar el 11 de marzo de 1998.
El veterano militar, de 81 años de edad, nacido en noviembre de 1915, celebró el día 23 el aniversario número 24 de su designación como comandante del Ejército por parte del presidente Salvador Allende, a quien derrocó pocos días después, el 11 de septiembre de 1973.
La semana pasada el ex dictador inauguró igualmente el "mes del Ejército" con una charla, descrita como clase magistral, en la cual volvió a reivindicar el golpe de 1973 y entregó su visión sobre el futuro de su rama castrense.
Pinochet ha obviado los derechos humanos en todas sus últimas intervenciones, manteniendo la tónica de ignorar un tema que para los familiares de las víctimas de la represión es "una herida abierta" que impide cristalizar la transición democrática.
La dictadura expidió en marzo de 1978 una ley de amnistía para cubrir todos las violaciones de derechos humanos cometidas desde 1973 hasta esa fecha, período al cual corresponde el mayor número de asesinatos políticos y desapariciones forzadas.
Las diversas interpretaciones que los jueces dan a esa ley para los efectos de tipificar los casos de desaparecidos, que en rigor son secuestros en cuanto no aparezca la persona o sus restos, suelen prolongar estos juicios en las cortes civiles.
Sin embargo, apenas los jueces determinan la supuesta intervención como victimarios de militares o policías, los procesos son reclamados por la justicia militar, con el mecanismo denominado "contienda de competencia".
Reyna, Caucoto y Salazar cuestionan a la Corte Suprema de Justicia que suele fallar estas contiendas en favor de las cortes marciales, las cuales se apresuran a sobreseer (cerrar) los casos aplicando la ley de amnistía.
Los abogados dijeron este martes que el auditor (fiscal) del Ejército, el general y abogado Fernando Torres, un hombre muy cercano a Pinochet, es quien está ejecutando la maniobra para un traspaso masivo de los últimos casos a la justicia militar.
En su condición de máxima dignidad de la judicatura castrense, Torres integra la Corte Suprema, tribunal sometido en los últimos meses a serios cuestionamientos por casos de supuesta corrupción relacionados con el narcotráfico.
Durante este mes fueron rechazadas en la Cámara de Diputados dos acusaciones constitucionales que involucraban al presidente de la Corte, Servando Jordán, y a otros tres magistrados, presentadas tanto por la oposición derechista como por partidos oficialistas.
No obstante el rechazo de las acusaciones, el gobierno del presidente Eduardo Frei logró compromisos con la oposición para dar "luz verde" a un proyecto de reforma constitucional para introducir profundos cambios a la Corte Suprema.
Uno de los aspectos claves con que los partidos de la gobernante coalición de centroizquierda se proponen complementar esta reforma es el de redefinir y delimitar las excesivas atribuciones de que aún goza la justicia militar.
Uno de los aspectos más cuestionados es el hecho de que los procesos pasen a la justicia militar en todos los casos en que están implicados uniformados, aún cuando las víctimas sean civiles, como ocurre en los juicios de derechos humanos.
Es en este contexto que Pinochet parece embarcado en una carrera contra el tiempo, para conseguir el "blanqueo" final de los crímenes represivos antes de que se aprueben estas reformas y de su pase a retiro.
Lo más probable es que el ex dictador abandone el servicio activo hacia fines de este año y que su sucesor sea el vicecomandante del arma, general Guillermo Garín, quien encabezaría la nómina de las cinco primeras antigüedades entre las cuales Frei debe designar al nuevo jefe.
Los esfuerzos de Pinochet por cerrar judicialmente el tema de los crímenes represivos de la dictadura son coherentes con las garantías que ofreció a sus subordinados en vísperas del restablecimiento de la democracia.
En esos días, el todavía dictador pronunció en un encuentro militar una frase amenazante: "el día que toquen a uno de mis hombres, se acaba el estado de derecho". (FIN/IPS/ggr/dg/ip-hd/97
