Una comisión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) inicia finalmente esta semana la investigación del destino de 200.000 refugiados ruandeses, que habrían sido asesinados en la actual República Democrática de Congo (RDC, ex Zaire).
La misión de la ONU, presidida por Atsu-Koffi Amega, ex titular de la Corte Suprema de Justicia de Togo, llegará el domingo a Kinshasa.
El comienzo de las investigaciones sufrió retrasos durante casi todo este año debido a las objeciones del gobierno de la RDC, encabezado por Laurent-Désiré Kabila, sobre cuyas fuerzas guerrilleras recaen las sospechas del genocidio.
Un informe preliminar de Roberto Garretón, relator especial de la ONU para los derechos humanos en el ex Zaire, atribuyó las matanzas a la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Zaire (AFDL), de Kabila, que derrocó al dictador Mobutu Sese Seku.
Garretón dijo en marzo que recibió testimonios de la matanza de refugiados ruandeses de la etnia hutu y de la existencia de fosas comunes donde las víctimas habían sido arrojadas.
El jurista chileno afirmó asimismo que una coalición de países vecinos del ex Zaire apoyaba financiera y militarmente a la AFDL.
Apenas instalado en el poder, el 17 de mayo, Kabila objetó las iniciativas adoptadas por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para establecer lo ocurrido en la región oriental de la RDC, donde comenzó el alzamiento de la AFDL en septiembre de 1996.
La primera medida de Kabila fue el veto a la participación del chileno Garretón en la comisión que debía trasladarse a la zona donde se denunció la desaparición de los 200.000 hutus.
En julio, ante un nuevo intento de la ONU, las autoridades de Kinshasa insistieron en su oposición a la composición del grupo investigador y declararon que la RDC se reservaba el derecho a aprobar la integración del organismo.
La nueva comisión, que incluye a un experto de nacionalidad estadounidense, fue designada por el propio secretario general de la ONU, Kofi Annan.
A comienzos de esta semana, fuentes periodísticas estadounidense aseguraron que Washington había desempeñado un papel importante en la formación militar de las guerrillas de Kabila que derrocaron a Mobutu.
Además de Amega, los otros dos miembros son Reed Brody (Estados Unidos) y Andrew Chigovera (Zimbabwe). En total, el grupo se compone de 23 personas, incluidos técnicos y agentes de seguridad.
Durante la conferencia de prensa de presentación de la misión, celebrada este miércoles en Ginebra, en la mayoría de las preguntas el presidente Amega consultó en voz baja a su colega de Estados Unidos antes de dar la respuesta.
Amega negó que la credibilidad de la misión se vea comprometida por las circunstancias que rodearon su integración.
El estadounidense Brody aclaró que el organismo no intenta suplantar a ningún relator especial ni convertirse en una "comisión de la verdad", aunque precisó que lleva el mandato de "establecer los hechos y las responsabilidades".
Brody también aseguró que Kabila no fue informado previamente del nombramiento de los tres miembros de la misión.
La nueva comisión investigadora tendrá en cuenta todas las fuentes de información, incluidos los informes de Garretón, relator especial de la ONU para los derechos humanos en el ex Zaire.
Amega declaró satisfacción por la actitud "de cooperación" de las autoridades de la República Democrática de Congo.
El experto togolés se manifestó confiado en que esa disposición se prolongará para permitir "el avance de la justicia, la paz y la estabilidad, no solo en ese país sino también en la región y en el mundo".
La misión contará con la colaboración del Equipo de Antropología Forense de Argentina, que adquirió experiencia en la investigación de matanzas cometidas por la dictadura militar (1976- 1983) en el país sudamericano.
El grupo de profesionales argentinos participó también en la investigación de fosas comunes encontradas en Bosnia-Herzegovina y en Guatemala.
La comisión investigadora dispondrá de un presupuesto inicial de gastos de 2,1 millones de dólares, cubiertos con recursos ordinarios de la ONU.
Pero Amega estimó que esos fondos resultarán escasos y se requerirán aportes complementarios de países donantes.
Por otra parte, la Asociación de Defensa de los Derechos Humanos en el ex Zaire (AZADHO) denunció el miércoles en Ginebra que las violaciones masivas en el país africano se perpetraron después de la llegada al poder de kabila, en mayo.
El presidente de AZADHO, Guillaume Ngefa, sostuvo en rueda de prensa que Kabila no ha dado pruebas de compromiso con un proceso democrático verdadero.
Ngefa vaticinó que la comisión investigadora de la ONU no encontrará una tarea fácil y aseguró que han sido borradas las pruebas de las matanzas, abiertas las fosas comunes e incinerados los cadáveres de las víctimas. (FIN/IPS/pc/ff/hd/97
