BRASIL: Ministro e Iglesia contra movimiento femenino por aborto

Un proyecto de ley que reglamenta los casos legales de aborto provocó nueva polémica en Brasil, esta vez uniendo al ministro de Salud, Carlos Albuquerque, a la tradicional resistencia de la Iglesia Católica.

Una declaración del ministro, considerando "asesinato" la interrupción del embarazo en cualquier situación, produjo una ola de protestas de organizaciones femeninas, incluso del Consejo Nacional de los Derechos de la Mujer, del Ministerio de Justicia.

Albuquerque anunció que, como católico y médico, y por su "formación ética", pedirá al presidente Fernando Henrique Cardoso que vete la ley. El proyecto, aprobado en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados el miércoles, aún tiene que pasar en el Senado, en general más conservador.

La autora del proyecto, la diputada Sandra Starling, del izquierdista Partido de los Trabajadores, dijo que el ministro, aunque se declara cristiano, niega "caridad a 200.000 o 300.000 brasileñas" que anualmente recurren a hospitales públicos para tratar secuelas de abortos clandestinos mal hechos.

La ley propuesta sólo reglamenta un derecho previsto desde 1940 en el Código Penal brasileño, que autoriza el aborto cuando el embarazo es consecuencia de estupro o amenaza la vida para la madre. Eso obliga el sistema gubernamental de salud a realizar los abortos en estos casos.

El ministro "ignora que el programa del presidente Cardoso preveía la reglamentación del aborto legal y que el gobierno brasileño asumió el compromiso de revisar la legislación punitiva sobre el aborto" ante la Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995 en Beijing, protestó el Consejo de los Derechos de la Mujer.

No está en discusión la legalidad del aborto, reconocida hace 57 años por el Código Penal, sino la obligación del sistema oficial de salud de realizarlos en los casos previstos, destacó la presidenta del Consejo, Rosiska Darcy de Oliveira.

En Brasil se afirma que se realizan cada año hasta tres millones de abortos, pero son cifras sin comprobación. La Red Feminista de Salud y Derechos los estima en 1,2 millones.

Esta es una de las mayores causas de la elevada mortalidad materna en Brasil, cuyo índice es uno de los más altos de América Latina, junto al de Bolivia y Paraguay, según la organización no gubernamental.

La Iglesia Católica reiteró, por medio de varios obispos, su condena al aborto en cualquiera circunstancia, como "eliminación de una vida". No es una cuestión religiosa, sino "ética, humana y antropológica", declaró el presidente de la Conferencia Episcopal, Lucas Moreira Neves.

Una movilización de parlamentarios católicos intenta rechazar el proyecto en la votación plenaria en la Cámara de Diputados. Normalmente la aprobación en la Comisión de Constitución y Justicia dispensa ese trámite, ya que se trata sólo de reglamentar una ley ya existente.

Pero un pedido con más de 52 firmas de diputados puede llevar a la Mesa Directiva de la Cámara a decidirse por la votación. La probabilidad es alta, porque la Comsión aprobó la propuesta por sólo un voto de diferencia.

La visita del Papa Juan Pablo II a Brasil, entre el 2 y el 5 de octubre, agrega intensidad a la disputa. La "bancada religiosa" intenta que se fije la votación plenaria en octubre, estimando que su presencia favorecerá el rechazo del proyecto.

Pero los católicos enfrentan otros obstáculos. Una parte de los religiosos, incluso cristianos evangélicos, condena el aborto, pero lo admite en casos excepcionales. Hay que optar por la vida de la madre o del feto y la mujer tiene derecho de abortar un hijo indeseado, fruto de violencia sexual, argumentan.

El presidente de la Suprema Corte, Celso de Mello, fortaleció el proyecto, defendiendo la inclusión de otros casos de aborto legal. La mal formación del feto y el embarazo provocado por violencia sexual sin la penetración que juridicamente caracteriza el estupro también deben ser considerados motivos justos, afirmó.

Además, el juez propuso que el riesgo grave para la salud de la mujer embarazada, aunque no esté comprobada amenaza a la vida, debería ser incluido en la ley. (FIN/IPS/mo/ag/pr/97

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