Organismos de derechos humanos, estudiantes y familiares reclamaron hoy la liberación de más de 70 detenidos que permanecen en unidades policiales desde el último paro general en Argentina, realizado hace siete días.
El abogado Jaime Gluzmann, de la Asociación por los Derechos Humanos de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, calificó la demora del juez en liberar a los detenidos, así como la decisión de cobrar fianza como condición para la excarcelación de algunos, de "intento de escarmiento".
"Creemos que hay presiones políticas para que la detención continúe y para que se pague un precio por los daños, a pesar de que muchos de los detenidos eran personas que apenas caminaban por la calle cuando ocurrieron los hechos que se investigan", explicó Gluzmann a IPS.
El paro contra el desempleo y el modelo económico fue convocado el jueves 14 por el Congreso de los Trabajadores Argentinos y el Movimiento por los Trabajadores Argentinos y tuvo un alto nivel de adhesión a pesar de que no contaba con el respaldo de la poderosa Confederación General del Trabajo.
El gobierno sostuvo que se trató de la huelga "más violenta" de los últimos años, debido a que se incendiaron ómnibus, se cortaron rutas y se arrojaron piedras contra vehículos de transporte público cuyos conductores no adhirieron a la medida.
Entre los detenidos hay una mujer hospitalizada con heridas de balas de goma en una pierna y en los glúteos. La mujer está incomunicada y, según denunciaron los abogados, está encadenada a la cama con esposas que le aprisionan la pierna herida.
Gluzmann señaló que, mientras la justicia indaga a los detenidos que presuntamente dañaron propiedades, nadie investiga quién disparó contra la mujer internada.
La policía detuvo a un centenar de personas, de las cuales unas 20 eran menores liberados en la noche del mismo jueves por mediación del Servicio Jurídico Antirazias del Colegio de Abogados de La Plata, organismo que atiende de forma gratuita a los jóvenes.
Pero más de 70 permanecían en prisión una semana después del paro, bajo la presunción de delitos como intimidación pública, obstrucción del transporte, daño a la propiedad, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita, entre otros.
Algunos de ellos son militantes de agrupaciones políticas izquierdistas. Veinticinco son estudiantes de periodismo de La Plata. También figuran manifestantes independientes que intentaron refugiarse en casas cercanas cuando la policía disparó con balas de goma.
Organizaciones humanitarias y estudiantiles de La Plata y familiares de los detenidos realizaron una serie de protestas por la demora en liberar a los detenidos y por la supuesta parcialidad de la fiscalía.
El fiscal pidió entre tres y 10 años de prisión contra dos manifestantes a los que acusó de integrar una asociación ilícita para delinquir. Gluzmann dijo que el fiscal "tiene antecedentes nazistas".
La justicia ordenó la excarcelación para 22 mujeres detenidas, medida que no interrumpe el proceso, pero el juez exigió a los familiares el pago de una fianza de 300 pesos (igual en dólares), en lugar de disponer la liberación bajo juramento.
Los abogados explicaron que la medida puede ser apelada en otra instancia, pues no hay motivos para que sigan encarceladas, pero las familias no quieren demorar más la liberación y se inclinaron a pagar.
La apelación demoraría la liberación de los detenidos al menos otra semana. (FIN/IPS/mv/mj/hd ip lb/97
