Jueces y diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) se rebelaron contra el programa de reformas del proceso integrador adoptado durante la cumbre presidencial realizada en Panamá en julio.
Cuando falta una semana para la cumbre extraordinaria que se realizará el día 22 en Managua para finiquitar los acuerdos, la Corte Centroamericana de Justicia y el Parlacen hicieron circular sendos comunicados de rechazo a los cambios institucionales propuestos en la cumbre de Panamá el 13 y 14 de julio.
Los seis presidentes de los países de la región decidieron compactar las 41 comisiones y 13 secretarías creadas los pasados 10 años de proceso integrador en una sola supersecretaría que se encargará de la coordinación de todos los proyectos.
Asimismo, se proponen reordenar las funciones y la composición del Parlacen, actualmente constituido por 20 miembros por país, así como su autonomía presupuestaria y el régimen de inmunidad actual, entre otros cambios.
La Corte Centroamericana de Justicia, con sede en Managua, fue privada de su carácter permanente y de su competencia para actuar en conflictos surgidos entre poderes de los estados y se le redujo el número de magistrados de dos a uno por país.
El propósito de los cambios propuestos es reducir la dispersión e impulsar y fortalecer la capacidad técnica y administrativa de los mecanismos y organismos creados en los pasados 10 años de proceso de integración regional.
Pero una resolución emitida esta semana en Managua por la Corte Centroamericana de Justicia rechazó tales decisiones, estimando que "deterioran y desnaturalizan la imagen y calidad" de la institución de integración judicial.
Tras señalar que los acuerdos en la cumbre derivan de "una sistemática campaña tendenciosa" contra esa entidad, los magistrados acusaron a los presidentes de "violentar el esquema legal" del sistena de integración.
Agregaron que la falta de claridad en cuanto al procedimiento para las futuras elecciones de los jueces "puede llevar a la politización" de la Corte Centroamericana de Justicia, que se convertiría en "un tribunal sin independencia, débil y subordinado a los poderes políticos de los estados".
Los diputados del Parlacen reafirmaron durante una reunión extraordinaria realizada en Guatemala la legitimidad jurídica de los miembros de esa institución, "sus inmunidades y su respectivo régimen presupuestario".
Mediante un comunicado divulgado en Panamá, los diputados recordaron que "el Parlacen es un órgano permanente de genuina expresión política de los pueblos centroamericanos y constituye la instancia legítima donde 108 diputados de cinco países, que presentan a 32 partidos políticos de la región".
Añadió que uno de los cometidos de los diputados es "la consecución de la paz, la integración y la democracia, en la búsqueda de una América Central unida".
En abierto desafío a las resoluciones de la Cumbre, los diputados salvadoreños ante el Parlacen Sigfrido Reyes y Carlos Miranda rechazaron los cambios propuestos en julio pasado.
Reyes, diputado por el ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), calificó de "preocupante" la decisión de los presidentes de quitar atribuciones a la Corte Centroaméricana de Justicia en lugar de incrementar su ámbito de acción.
Miranda, de la gobernante Alianza Republicana Nacionalista, señaló que en las agendas nacionales de los países de América Central "no existe la integración", pese a que cada cierto tiempo se reúnen los presidentes.
También criticó que el proceso de integración haya derivado en una acción exclusivamente "presidencialista" y que "no tomen cuenta las opiniones de otros sectores sobre la integración".
Miranda informó que en la cumbre extraordinaria de Managua el Parlacen presentará una propuesta, cuyos detalles no divulgó, para lograr que ese organismo regional "tome un verdadero protagonismo en el proceso de integración". (FIN/IPS/sh/dg/ip/97)
