El gobierno de Ecuador ratificó el martes 26 su apoyo a las 112 comunidades indígenas de la región amazónica que desde 1993 iniciaron un juicio en Estados Unidos contra la transnacional petrolera Texaco por daños sociales y ambientales.
La resolución implica que el Estado ecuatoriano apela el fallo del juez estadounidense Jed Rackoff, que la semana pasada rechazó su intervención como parte demandante en el juicio y decidió anular el proceso, sostuvo el procurador Milton Alava.
Según informes periodísticos proveniuentes de Nueva York, Rackoff sostuvo que la apelación es inviable, pues el Estado ecuatoriano, a través de su compañía petrolera, Petroecuador, participó con Texaco en los trabajos de explotación hidrocarburífera.
El juez argumenta también la existencia de un acuerdo de reparación ambiental entre el Estado ecuatoriano y la petrolera suscrito durante el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-96).
Aalava respondió que justamente porque ese acuerdo fue firmado el Estado ecuatoriano no puede seguir juicio a Texaco en su propio territorio.
El contrato de reparación ambiental «fue un error de otra administración, que ahora tenemos que pagar», señaló.
"Fue el mismo juez Rackiff fue quien pidió la intervención de las autoridades ecuatorianas bajo la amenaza de suspender el juicio y perjudicar a más de 30.000 indígenas que esperan una justa indemnización», recordó.
En caso de que la Corte de Apelaciones acoja la demanda se abrirá un nuevo proceso, que podría durar por lo menos un año más.
Las comunidades indígenas presentaron su demanda en 1993 en territorio estadounidense valiéndose de una vieja ley de ese país que admite querellas extranjeras por daños que resulten de una violación de leyes internacionales.
Las comunidades indígenas exigen una indemnización de 1.500 millones de dólares por los daños sociales y ambientales que la petrolera provocó en la selva amazónica durante 24 años de explotación, en los que extrajo 1.400 millones de barriles de crudo. (FIN/IPS/mg/dg/if-en-pr/97
