Un parque natural de la zona central de Chile, declarado Reserva Mundial de la Biósfera por Naciones Unidas, corre el riesgo de perder un tercio de su territorio para la construcción de villas rurales privadas.
Así lo denunció a IPS Bernardita Vásquez, secretaria del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (Codeff) en la quinta región de Valparaíso, quien dirige la campaña en defensa del Parque Nacional La Campana.
El parque, que debe su nombre al cerro La Campana, está situado unos 100 kilómetros al noroeste de Santiago y ocupa una superficie de 8.000 hectáreas, pero la comunidad agrícola Olmué-Granizo reclama a propiedad de 2.560 hectáreas.
La demanda de la comunidad, propietaria de otras 1.000 hectáreas que colindan con el parque, fue acogida por el Ministerio de Bienes Nacionales, que tiene entre sus funciones la asignación de tierras fiscales para fines agrícolas.
El Ministerio de Agricultura, a través de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que administra el parque, se opone al traspaso y quiere preservar la integridad de este santuario como parte del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas.
Los comuneros de Olmué-Granizo realizan una actividad agrícola precaria, fundamentalmente extractiva de leñas y hierbas medicinales, lo cual implica la amenaza de devastación de un tercio del parque si se les asignan las tierras, dijo Vásquez.
"Así, no sería extraño que transcurrido un tiempo, cuando estén en condiciones de enajenar los terrenos, los vendan a buen precio para la construcción de parcelas de agrado como ocurre en otras áreas colindantes con La Campana", añadió la ecologista.
Las parcelas de agrado, como se las denomina en Chile, son antiguos terrenos agrícolas que tras ser equipados con servicios de energía eléctrica y agua potable se destinan a la construcción de villas o mansiones campestres con amplios jardines y piscinas.
Estas propiedades, que alcanzan un alto precio en el mercado inmobiliario, se han multiplicado en la última década en municipios rurales relativamente cercanos a grandes ciudades, como Santiago y Valparaíso en este caso.
Vásquez sostuvo que el eventual traspaso de un tercio del Parque La Campana no es una solución viable para mejorar las condiciones de vida de la empobrecida comunidad Olmué-Granizo, conformada por alrededor de 50 personas.
"Que el gobierno no se lave las manos. La comunidad puede y debe ser apoyada de otras formas, con planes de desarrollo y capacitación para el manejo agrícola, no con la destrucción de un santuario de la naturaleza", dijo la dirigente de Codeff.
La ONU declaró Reserva Mundial de la Biósfera al parque en 1984, lo cual determina el compromiso del Estado chileno de proteger su integridad y preservar todo su patrimonio de flora y fauna, subrayó Vásquez.
En el parque, creado en 1967, está la segunda mayor reserva del país de palma chilena, especie única en el mundo, y existen otros árboles nativos, como el guayacán, el tayú y el belloto del norte, declarado munumento nacional para su protección.
Las 8.000 hectáreas de La Campana albergan también una gran variedad de arbustos y flores chilenas, además de 26 de las 99 especies de mamíferos terrestres del país y 47 de las 313 especies de aves continentales presentes en Chile.
Según estadísticas de Conaf, este santuario natural es visitado cada año por 30.000 personas y en programas conjuntos con el Ministerio de Educación para esparcimiento y formación se atiende anualmente a 3.000 escolares.
En los últimos años se han realizado allí un centenar de proyectos de investigación científica de universidades chilenas y también con entidades internacionales que trabajan en el ámbito de la biodiversidad.
Vásquez recordó que cuando se creó el parque no hubo conflictos de propiedad ni desalojo de posibles ocupantes, lo cual resta validez a supuestos antecedentes históricos y testamentos que esgrimen los reclamantes de Olmué-Granizo.
"Desde hace 23 años las tierras de La Campana están por entero bajo protección del Estado, pero Conaf no las inscribió como propiedad fiscal, lo cual fue un grave error que permite el reclamo de la comunidad", aclaró la ecologista.
En 1995 se encargó a la estatal Universidad de Santiago un estudio de regularización de predios en municipios rurales colindantes con el parque, pero no hay constancia de que Conaf haya recibido los resultados en lo que respecta a Olmué-Granizo.
Este antecedente aumenta los temores de Codeff acerca de la eventual existencia de intereses ajenos a la comunidad detrás de la demanda presentada ante el Ministerio de Bienes Nacionales, posiblemente de empresas inmobiliarias o mineras.
Antes de que La Campana fuera declarada parque nacional en 1967 hubo allí concesiones para la explotación de yacimientos de cobre y aún se observan espacios degradados como consecuencia de la actividad minera, señaló Vásquez a IPS.
Una leyenda dice que monjes jesuitas enterraron en La Campana un fabuloso tesoro en la época colonial, mientras los indígenas picunches, primeros habitantes de esos parajes, sostenían que la cumbre del cerro se hundió para ocultar grandes minas de oro.
"La verdad es que el tesoro está ahí, a la vista de todos: es la biodiversidad, y todo Chile debe comprometerse en su preservación. Este parque es un regalo de Dios. Si no lo defendemos, no nos defendemos a nosotros mismos", afirmó Vásquez. (FIN/IPS/ggr/dg/en/97
