Venezuela vive otra semana de tensión tras el aumento del precio de la gasolina y el incumplimiento por el sector privado de su compromiso de incrementar los salarios, obturando la válvula con que el gobierno esperaba neutralizar el impacto social de la medida.
La gasolina se transformó en un elemento de alta combustión en la sociedad venezolana desde que en febrero de 1989 su alza desató una semana de sangrientas protestas con un saldo de 300 muertos, pese a que su valor se mantiene muy bajo y subsidiado.
El alza, este jueves, será de 27 por ciento, llevando el valor promedio de la gasolina al equivalente de 14 centavos de dólar.
Ese aumento sigue a otro que quintuplicó el valor del combustible en abril de 1996, cuando el gobierno de Rafael Caldera retomó la senda neoliberal tras dos años de fracasado experimento neopopulista, basado en los controles.
La gasolina tiene un impacto directo en el resto de los precios en este país cuya economía depende del petróleo, porque el transporte público y de carga se realiza casi totalmente por carretera, y los planes para masificar el uso de diesel y gas en el sector aún están a media marcha.
El nuevo incremento responde a un compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y fue postergado por el gobierno hasta poner en vigor un cambio en el régimen laboral, en que se negoció la flexibilización de los derechos de los trabajadores a cambio de la promesa de aumentos en los muy represados salarios.
Pero buena parte del sector privado no ha movido su escala salarial este mes, tal como se esperaba, después que el 19 de junio se sancionó la ley de reforma laboral, que colocó el salario mínimo en el equivalente a 150 dólares mensuales.
En tanto, el precio de la llamada canasta alimentaria se sitúa en 300 dólares y la de la canasta básica -que incluye otros productos de primera necesidad- en 450 dólares.
Hasta el último trimestre del año tampoco llegará al bolsillo de los trabajadores un bono compensatorio por la transferencia al nuevo sistema de cálculo de los derechos laborales acumulados.
Expresiones como que el país está al borde de un estallido social y planteamientos de que el gobierno eche agua al fuego con un decreto de incremento general de salarios, se escucharon este martes incluso en las direcciones de los partidos tradicionales, mientras empresarios y sindicatos piden que se aplace el aumento.
El gobierno se mueve, en tanto, adoptando medidas apresuradas para aliviar las compuertas de una tensión que Caldera ha logrado mantener soterrada pero que puede emerger en cualquier momento, en un país donde la pobreza agobia a 80 por ciento de la población pese a sus multimillonarios ingresos.
El incremento de la gasolina iba a materializarse a mediados de mes, pero fue postergado bajo cuestionados argumentos técnicos, mientras miembros del gobierno han admitido la existencia de informes de inteligencia que pronosticaban una ola de protestas de tipo anárquico.
El gabinete económico incrementó y extendió el subsidio al transporte público, para evitar que se produzcan alzas en el pasaje urbano y suburbano, cuando su proyecto era reducir paulatinamente ese instrumento.
Pero el ministro de Planificación, Teodoro Petkoff, dijo que los nuevos precios de la gasolina "no tienen vuelta de hoja" porque "son una medicina amarga que hay que tomar".
También pidió reflexión a la Federación de Cámaras Empresarias (Fedecámaras), que junto con la mayoritaria Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y el gobierno negociaron y alcanzaron el considerado histórico acuerdo laboral.
Fedecámaras culminó el domingo una asamblea que eligió a los representantes del sector privado menos modernos de la economía para dirigir al gremio el proximo bienio, en contra de los candidatos más comprometidos con el acuerdo tripartito.
Los nuevos directivos han indicado que ya los sueldos fueron incrementados porque se "salarizaron" los bonos que el gobierno impuso el último bienio para sostener el ingreso mientras se lograba el acuerdo que eliminó el cálculo de los derechos laborales de acuerdo al último salario.
Pero, como recordaron este martes Petkoff y la ministra del Trabajo María Bernardoni, los dirigentes empresariales aseguraron que en cuanto se eliminase la retroactividad en el cálculo de las prestaciones acumuladas se producirían incrementos en el ingreso real de entre 40 y 60 por ciento.
El secretario general de la CTV, Carlos Navarro, exhortó a Caldera a decretar alzas en la escala salarial del sector privado, criticando ácidamente que el gobierno haya cumplido todos los compromisos dentro del sector público pero el estamento más beneficiado con el acuerdo no lo haya hecho.
En Venezuela, la población económicamente activa se eleva a nueve de los 22 millones de habitantes. La mitad de los que tienen empleo se sitúan en el área informal, que no se beneficia por ningún aspecto del acuerdo tripartito pero deberá soportar por igual el impacto del alza de la gasolina.
De los 4,5 millones empleados en el sector formal, 12,6 por ciento está sin trabajo según cifras oficiales, y 1,5 millones laboran en la administración pública.
Los trabajadores en empresas privadas han soportado los últimos 45 días, según denuncias sindicales avaladas en parte por el gobierno, una ola de despidos y la falta del incremento de ingresos que se había dicho que percibirían en cuanto se hiciera efectivo el cambio del régimen laboral.
En cambio, sí se han producido incrementos en tarifas y precios de medicinas y otros productos que el gobierno mantenía congelados y se anuncia un alza de 50 por ciento en el tren subterráneo (metro) de Caracas, el único transporte masivo en manos del Estado.
Sólo a última hora se logró echar para atrás que Caracas quedara paralizada este martes por un anunciado paro del anarquizado transporte sobre tierra, con el que los empresarios buscaban presionar por aumentos en sus tárifas, antes de conocer el incremento de los subsidios oficiales.
El transporte quedó no obstante paralizado en la vecina ciudad industrial de Maracay, donde se convocó con éxito sólo parcial un paro total durante la jornada, en uno de los puntos que se señalan como el más afectado a nivel nacional por los despidos. (FIN/IPS/eg/dg/if-lb/97
