Desde que el presidente de Perú Alberto Fujimori asumió, en julio de 1990, numerosos analistas han puesto en duda su autonomía respecto a las Fuerzas Armadas, que lo respaldarían condicionalmente.
Los opositores afirman que Fujimori es la cabeza visible de un gobierno formalmente democrático pero autoritario, conformado por una "troika" cuyos otros dos miembros son el general Nicolás Hermoza, comandante general de las Fuerzas Armadas, y el abogado Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia.
Esta estructura de poder ha permitido a Fujimori, según esos analistas, aplicar un programa económico de ajuste muy duro e inevitablemente impopular a pesar de carecer de partido propio.
Fujimori ganó las elecciones de 1990 con un discurso populista, pero a los pocos meses de gobierno se desprendió de sus colaboradores y ministros izquierdistas y asumió un modelo neoliberal, inspirado en el ejemplo chileno.
De acuerdo a Alberto Adrianzen, analista de Desco, la más importante organización no gubernamental en Perú, el viraje ideológico del jefe de Estado fue promovido por la cúpula militar.
Adrianzen asegura que Fujimori encarna un proyecto militar de larga duración, que se propone "construir una democracia dirigida con economía de mercado".
Esta hipótesis implica un nivel de discusión política interna en las Fuerzas Armadas, hermética y desconocida por los civiles, y podría entenderse que las pugnas consiguientes explican los dos intentos frustrados de golpe contra Fujimori y los indicios de una activa conspiración con el mandatario y la cúpula castrense.
En las últimas semanas, se habló reiteradamente de que existen dos proyectos de golpe militar en marcha, uno a cargo de los opositores de Fujimori, y otro por los mandos leales al presidente contra los generales conspiradores y sus brazos políticos civiles.
Las amenazas contra órganos de prensa tradicionalmente próximos a las Fuerzas Armadas se explicarían porque sus directivos formarían parte del complot desestabilizador, cuyo primer objetivo es separar a Fujimori de su cúpula militar de respaldo.
Por esa razón, las declaraciones formuladas este lunes antec el Parlamento por el presidente, en las que afirmó haber subordinado a su mandato a los militares, fueron recibidas con escepticismo por sus opositores, pese al énfasis con el que fueron expuestas.
El escepticismo tiene su origen en una constatación histórica: en casi la mitad de sus 176 años de vida independiente republicana Perú ha estado bajo el gobierno de generales y ningún gobierno civil ha durado mucho tiempo sin respaldo castrense.
Pero también se basa en el prolongado silencio de Fujimori sobre las generalizadas demandas para que destituya Hermoza y a Montesinos, a quienes la opinión pública considera, según las encuestas, responsables de graves crímenes contra los derechos humanos cometidos por agentes del Ejército.
"La predominancia del poder civil sobre las Fuerzas Armadas y la subordinación de los institutos militares y policiales al presidente de la república durante mi gobierno es un hecho indudable", afirmó Fujimori ante el Congreso en su discurso anual de Fiestas Patrias.
"Este es un tema del que siempre se ha hablado, especialmente en las últimas semanas. Puedo asegurar que las Fuerzas Armadas no han tenido injerencia en ninguna de las decisiones importantes de mi gestión, y siempre se han mantenido en su campo: la pacificación y la defensa externa", dijo.
"Fujimori ha hecho un juego de palabras para hacer creer que tiene a los militares bajo su control, pero se puede entender de sus palabras que sólo maneja el campo administrativo civil y no se mete en las actividades represivas, que deja libre a sus socios castrenses", comentó el congresista opositor Henry Pease.
"Es justamente en esa área en donde se comenzaron a cometer los excesos contra los derechos humanos. Primero fue contra los presuntos subversivos y ahora amenazan extenderse a los medios de comunicación opositores", agregó Pease.
Por su parte, el analista independiente Flavio Solórzano destaca que Fujimori, a pesar de sus esfuerzos para revertir su creciente impopularidad, no se atreve a tocar la raíz de sus problemas políticos: el repudio a los excesos represivos y la intolerancia a la prensa opositora.
"No se atreve a cesar ni sancionar a los jefes responsables de los atentados contra los derechos humanos, a pesar de que al mantenerlos pone en riesgo su estabilidad y sus ambiciones de reelección", comenta Solórzano.
Fujimori fue reelecto en 1995 tras haber disuelto en 1992 y con ayuda de las Fuerzas Armadas el Parlamento en el que carecía de mayoría y de haber reformado la Constitución para introducir la reelección, prohibida por la anterior Carta Magna.
Hasta enero pasado tenía un respaldo popular del 64 por ciento, lo que alentó sus expectativas de postular a una segunda reelección consecutiva, a pesar de que lo prohibe la nueva Constitución que él mismo inspiró.
Desde entonces se inició una acelerada caída de su popularidad, que ahora bordea el 20 por ciento, y los analistas estiman que sus proyectos políticos entraron en una mayor dependencia respecto de los generales del Ejército.
Analistas locales consideran importante el tema de las relaciones reales entre Fujimori y los mandos militares porque si el modelo político llamado "fujimorista" en realidad corresponde a los militares éstos tratarán de influir en los futuros cambios políticos, aun cuando el mandatario abandone sus expectativas reeleccionistas. (FIN/IPS/al/dg/ip/97
