México calificó hoy de injustas las condiciones en que Estados Unidos puso fin al embargo atunero, impuesto a seis países en 1991, por su supuesta responsabilidad en la matanza de delfines.
Según la ley aprobada este miércoles por el Senado de Estados Unidos, el atún de los países embargados -Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Venezuela y Vanuatu- podrá volver a venderse en su mercado desde diciembre, pero tras cumplir varios requisitos y sin la etiqueta de garantía "delfín a salvo".
A diferencia de la flota pesquera de Estados Unidos, la de México y de los otros perjudicados ha comprobado "hasta la saciedad" que no atentan contra la vida de los delfines, dijo este jueves Alfonso Rosiñol, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Pequera Mexicana.
Washington impuso el embargo a comienzos de la década argumentando que las flotas pesqueras que navegan en el Pacífico oriental atentaban contra los delfines al capturar el atún, especie comercial que tiene a los primeros como acompañantes naturales.
"El embargo siempre fue un disfraz de intereses comerciales proteccionistas", señaló Rosiñol.
El levantamiento de la sanción, logrado tras intensas negociaciones, retrasos y roces entre delegaciones diplomáticas y comerciales, se perfeccionará si los países embargados adoptan medidas adicionales para proteger al delfín y suscriben plenamente la Declaración de Panamá, adoptada para regular la pesca del atún.
Si desean obtener la etiqueta "delfín a salvo", considerada esencial para conquistar el mercado, las flotas pesqueras deberán someterse a un estudio que realizará el National Marine Fisheries Service de Estados Unidos, cuyo resultado se conocerá recién en 1999.
"La forma en que se levantó el embargo no es la más satisfactoria ni la más justa", declaró Julia Carbias, ministra de Medio Ambiente y Pesca de México, país que, según cálculos extraoficiales, perdió por causas directas del embargo alrededor de 200 millones de dólares.
Dueño de una de las flotas atuneras más grandes del mundo, México calcula que con el fin del embargo elevará hasta mediados de 1998 sus capturas de la especie de 126.000 a más de 140.000 toneladas anuales.
La intergubernamental Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT) viene certificando desde 1992 una progresiva disminución de la muerte del delfín en el Pacífico, gracias a la adopción de nuevos métodos de pesca por parte de los países embargados.
La CIAT indicó que la meta inicial de reducir en 1999 a 5.000 el número de delfines muertos en el Pacífico oriental por las flotas atuneras se logró ya en 1993, cuando se contaron 3.601 ejemplares. En 1995, los delfines muertos fueron menos de 3.300 y el año pasado 2.542.
Se calcula que en las zonas del Pacífico donde se pesca atún hay actualmenyte entre 10 y 12 millones de delfines. Cada año nacen entre 1,8 y dos millones de nuevos ejemplares.
A diferencia de los barcos atuneros de Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Venezuela y Vanuatu, que llevan a bordo observadores del CIAT o inspectores de organismos nacionales e internacionales, los de Estados Unidos actúan sin mayor supervisión.
"Es la paradoja. Mientras nosotros certificamos nuestra actuación, ellos (Estados Unidos), que posiblemente matan más delfines, nos sancionan", expresó Rosiñol.
Para México, el fin de embargo cierra 64 años de periódicos roces con Estados Unidos.
El embargo de 1991 fue la culminación de una serie de choques que se iniciaron en 1933, cuando Washington aumentó los impuestos a las importaciones de atún y México prohibió que las flotas extranjeras capturaran atún en las 12 millas de su mar territorial.
Las fricciones aumentaron en 1976, año en que México extiende su zona marítima exlusiva a 200 millas, limita aún más la acción de barcos estadounidenses e incrementa sus capturas de atún a volúmenes que desplazan la supremacía de los pescadores vecinos.
En 1980, Estados Unidos aplicó el primer embargo al atún mexicano como represalia por la captura de sus barcos en aguas que el país latinoamericano considera de su exclusivo uso.
Esas primeras sanciones se levantaron en 1986, cuando comenzaron las presiones por temas ambientales, lo que finalmente desembocó en el embargo impuesto en 1991 y levantado este año. (FIN/IPS/dc/dg/if/97)
