La inquietud en Perú porque la crisis que envuelve al presidente Alberto Fujimori desemboque en un golpe de Estado recrudeció hoy ante los versiones sobre reuniones de oficiales del Ejército en la sureña región militar de Arequipa.
Ante esto, el Comandante General de la Fuerza Armada, general el Nicolás Hermoza, declaró que "la situación en la Tercera Región Militar, (con sede en Arequipa) es de absoluta calma y tranquilidad".
Sin embargo, Fujimori no asistió este lunes a una visita programada a Chota, en la sierra norte, y en la noche convocó a una reunión de emergencia del Consejo de Defensa Nacional, conformado por los ministros de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores, y Economia, y los jefes de las tres armas.
Un escueto comunicado de la Oficina de Prensa del Palacio Presidencial no despejó las inquietudes, pues sólo indicó que se trataron asuntos extraordinarios de naturaleza reservada.
La voluntad de Fujimori de forzar la legalidad constitucional con ayuda de su mayoría en el Congreso para imponer su segunda candidatura presidencial consecutiva, ha creado una intensa crisis política y hace temer un pronunciamiento militar para apuntalar al régimen o desestabilizarlo.
Algunos partidos opositores fueron acusados anteriormente por voceros del gobierno de "tocar las puertas de los cuarteles" para interrumpir el mandato de Fujimori, pero otros, como el ex presidente Alan García, parecen temer ese desenlace y proponen medidas políticas para aliviar la crisis.
Desde Colombia, donde se encuentra asilado desde 1992, García planteó disolver el Congreso y convocar a elecciones "para reconstruir constitucionalmente la Democracia comenzando por el parlamento y quitar pretexto al golpe".
Pero en Lima fue difícil encontrar entre los congresistas tanto de la oposicion como del gobierno, partidarios de la convocatoria a nuevas elecciones legislativas.
Fujimori ha desarrollado desde 1990 un gobierno formalmente democrático pero autoritario. Impulsó una política económica neoliberal orientada por el Banco Mundial que logró revertir la hiperinflación y derrotó militarmente a la organización guerrillera Sendero Luminoso.
La popularidad de Fujimori cayó de 67 por ciento en abril a 17 por ciento en los últimos días, luego de una serie de denuncias sobre violaciones de los derechos humanos y planes contra la libertad de prensa, que un desconocido sector de inteligencia divulga sistemáticamente a los órganos periodísticos.
Este proceso fue interpretado por algunos analistas como indicio de una conspiración militar en marcha, cuyo primer objetivo sería cercenar a la cúpula del Ejército y cambiar al virtual jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos.
En ese marco, se habrían producido las presuntas reuniones políticas de los oficiales de Arequipa, en donde se encuentra una de las sedes militares más importantes del país.
Según dichas versiones, los oficiales habrían demandado a Fujimori que destituya como Comandante General de la Fuerza Armada, a Hermoza, quien debió pasar a retiro en 1992, pero fue mantenido en su cargo en forma extraordinaria por el mandatario.
Al mantenerlo en el cargo, Fujimori interrumpió una fórmula habitual de renovación automática de mandos, decisión que le permitió contar con un jefe militar en cierto modo dependiente de su voluntad y asociado a su destino político.
Para debilitar el respaldo militar de Fujimori, los partidos de oposición han centrado sus baterías para forzar la salida de Hermoza y Montesinos.
Mientras tanto, Fujimori prepara un plan de acción política para revertir la caída de sus posibilidades de reelección, señalaron fuentes vinculadas al Palacio de Gobierno.
Según las encuestas, la opinión pública le ha dado la espalda a Fujimori por dos causas fundamentales: su repudio a lo que parece un plan de coacción a la libertad de prensa y la fatiga de los sectores pobres de la población ante el desempleo.
Las decisiones de Fujimori apuntan a contrarrestar ambas fuentes de descontento. La primera consistiría en evitar la confrontación con los medios de prensa y derivar hacia el Poder Judicial los conflictos creados por la actuación del SIN.
Uno de esos conflictos es el caso de Baruch Ivcher, empresario de origen israeli propietario del Canal 2, a quien el Ministerio del Interior trata de quitar la nacionalidad peruana para despojarlo del derecho a poseer un medio de prensa.
La otra medida es el anuncio de un programa económico destinado a promover el empleo masivo, que sería formulado en ocasión del tradicional discurso presidencial de Fiestas Patrias, el día 28 ante el Congreso.
Uno de sus ex asesores, Hernando de Soto, considera que Fujimori difícilmente podrá revertir la curva de la impopularidad porque ha caído en la misma situación que criticaba a los partidos tradicionales: la falta de percepción de los requerimientos políticos y sociales de los sectores populares.
"Esta situación se debe a que, carente de partido, Fujimori depende únicamente de los informes que le proporciona el SIN, que es un asesor ineficiente y un protagonista nefasto", afirmó De Soto. (FIN/IPS/al/ag/ip/97
