La renuncia del canciller de Perú, Francisco Tudela, después de que un canal de televisión demostrara que su teléfono estaba intervenido por los servicios de inteligencia, agudizó la creciente horfandad política del gobierno de Alberto Fujimori.
Tudela no pertenece a Cambio 90, la fuerza del mandatario, y procede de un movimiento de inspiracion católica conservadora que respalda su política económica neoliberal del gobierno pero toma distancias respecto de sus procedimientos, especialmente los vinculados al tema de los derechos humanos.
El escándalo de los teléfonos intervenidos acaparó la atención de la prensa peruana.
"No es posible admitir un control magnetofónico de la población como el que ha venido ocurriendo en el país", señaló este viernes el oficialista diario Expreso de Lima.
"Por eso ha caído muy mal la declaración del presidente Fujimori de que probablemente ha sido 'un particular' quien ha grabado aquellas conversaciones, como si el SIN (Servicio de Inteligencia Nacional) fuera inocente al respecto y nadie supiera de sus grabaciones", añadió.
El diario limeño aseveró que "la respuesta del gobierno debió ser la destrucción pública de los aparatos de escucha, y no la denuncia a terceros. Allí hubiera recuperado credibilidad en lugar de perderla".
Según versiones que circulan en Lima, Tudela, la figura más sobresaliente del gabinete ministerial, trató infructuosamente de oponerse a la decisión del Ministerio del Interior de quitarle la ciudadanía peruana a Baruch Ivcher y, por consiguiente, la propiedad de su canal de televisión.
"Si Fujimori quiere encontrar a los culpables del rápido deterioro de su popularidad y la liquidación de sus expectativas reeleccionistas, debe buscarlos entre sus colaboradores más próximos", comentó el analista Flavio Solórzano el fin de semana pasado.
"Una increible mezcla de soberbia y estupidez política guía la conducta de sus asesores de inteligencia", añadió.
Cuando Solórzano hizo este comentario, ya el Ministerio del Interior había expresado su intencion de anular la naturalización de Ivcher, nacido en Israel, con la evidente intención de despojarlo de su canal de televisión.
El analista indicó que con esta medida Fujimori agravará su situación ante la comunidad internacional, ya resentida por las violaciones de los derechos humanos cometidas en los últimos meses en Perú, "pues ahora se echa encima al poderoso lobby judío en el Senado norteamericano".
El hecho confirma la tesis de que los más temibles adversarios de la estabilidad de Fujimori se encuentran entre quienes deben protegerlo, señalan analistas, pues la versión grabada del teléfono de Tudela sólo pudo haber sido entregada a la prensa opositora por un miembro de los servicios de inteligencia.
También se proporcionó a la prensa información sobre otros actos de los servicios de inteligencia, como el asesinato de 12 estudiantes y un profesor de la Universidad la Cantuta en 1982, el descuartizamiento de una agente que presuntamente era informante de medios opositores y las torturas contra otra.
Estas denuncias comprobadas dieron base a otras, como el supuesto plan para asesinar a un analista de televisión, en un primer paso para manejar a la prensa mediante un mecanismo de autocensura basado en la combinación del miedo y la gratificación a través de contratos publicitarios de empresas estatales.
Estas denuncias revirtieron rápidamente la popularidad de Fujimori, ya erosionada por el desgaste de su política económica entre las capas pobres de la sociedad peruana, ahora fatigadas porque el elevado desempleo no sólo se mantiene sino que ha crecido, pese al fuerte incremento del PBI.
Hasta ese momento la imagen de Fujimori se deterioraba sólo en el ámbito nacional. A nivel internacional esto se limitaba a los sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos.
Pero los servicios de inteligencia peruanos cometieron el error de atacar a un empresario de televisión con excelentes relaciones internacionales.
El Canal 2 de Lima, propiedad de Ivcher, durante varios años el único canal privado de televisión fujimorista, fue objeto del único ataque dinamitero realizado por la organización guerrillera Sendero Luminoso.
Todavía se desconocen con claridad las razones por las cuales el Canal 2 se pasó a la oposición, convirtiéndos en la vía de difusión preferida por el sector antifujimorista de los servicios de inteligencia.
Ivcher se encuentra actualmente asilado en Estados Unidos, después que la justicia peruana en lugar de dar curso a su denuncia contra dos jefes militares que le pidieron una comisión ilegal, lo procesara por presunta calumnia a los oficiales denunciados.
Según el empresario, desde que comenzó a investigar denuncias sobre violaciones de derechos humanos, fue objeto de una triple presión: promesas financieras a cambio de moderar sus informaciones, extorsión tributaria y amenazas contra su vida y su derecho a la propiedad del Canal.
Se presume que los antifujimoristas en los servicios de inteligencia trabajan en favor de un sector militar que conspira en la sombra tratando de desestabilizar al comandante general de las Fuerzas Armadas, general Nicolás Hermoza, quien debió pasar a retiro hace cuatro años.
Fujimori aspira a la reelección por segunda vez consecutiva, opción no contemplada por la Constitución que el mismo Fujimori hizo aprobar en 1993 y cuya reforma pretende forzar mediante un un referendo, si recupera su popularidad, o un fallo favorable del Tribunal Electoral.
Para frustrar este propósito, sus adversarios parecen desarrollar un plan cuya primera fase consistiría en decapitar a los actuales mandos militares, con Hermoza a la cabeza, y lograr la destitución de Vladimiro Montesinos, el principal asesor de inteligencia de Fujimori.
En ese marco, un sector de la prensa peruana, que incluye al oficialista diario Expreso, considera que hay dos guiones golpistas en marcha en Perú. El primero trabajaría en favor de los desconocidos generales que quieren quitarse encima a Hermoza, quien les frena su carrera militar.
El segundo sería un golpe similar al que dio Fujimori en 1992, que estarían preparando los generales fujimoristas para activarlo cuando consideren inviable el camino electoral. (FIN/IPS/al/ag/ip/97
